Por Gilberto Pozo.- A través de la utilización de testimonios espurios, premiados con la impunidad respecto de graves delitos, se consigue implicar en supuestos hechos delictivos, inexistentes, a personas a las que se considera objetivos a abatir… enemigos. Mantener por un largo periodo en detención preventiva a un manifestante o acusar a un “enemigo del Estado” con falsos testimonio, son claros ejemplos de la “Lawfare”.
Continuamente es posible ver casos de acusaciones y procesamientos que no terminan en nada, pero hasta que el inocente pueda demostrar que lo es, la prensa dependiente de los poderes facticos, los incriminan y matan su reputación. Esta “guerra mediática” en conjunto con la Lawfare, tienen como fin debilitar la moral del enemigo escogido.
La metodología utilizada para inculpar a determinadas personas es la misma que usa la DEA o la CIA norteamericanas, recurriendo a pruebas falsas, testigos recompensados, donde se inventan historias e incluso, encubren graves delitos a cambio de colaboraciones falsificadas que no se ajustan a la realidad, pero que sirven para sus propósitos políticos.
Un claro ejemplo ocurre en España, en el sistema judicial, especialmente el relacionado a la Audiencia Nacional, donde nunca están claras las líneas que separan la persecución de delitos y la propia comisión de estos por parte de quienes tienen que investigarlos y enjuiciarlos.
Lo más complejo es contar con pruebas para poder acreditar los manejos ilegítimos, y cómo se usan los recursos públicos para encubrir delitos y perseguir a los que ellos consideran sus enemigos.
Dentro de esta perversa dinámica destacan jueces muy concretos que lo hacen, entre otras cosas, por su afinidad política con la extrema derecha española y su vinculación, incluso personal, con José María Aznar expresidente del gobierno español. Entre estos jueces destacan Manuel García Castellón (amigo íntimo de Aznar) y María Tardón (ex miembro del gobierno de Madrid con el Partido Popular).
Un caso emblemático es el que se sigue en contra del abogado Gonzalo Boye, defensor de los líderes independentistas catalanes. Este abogado chileno con nacionalidad alemana, no cuenta con el aprecio de poderes políticos, jurídicos ni mediáticos con tendencia “españolistas”.
El despliegue de la ofensiva
El 18 de diciembre de 2020, se dictó un procedimiento contra 44 personas por la causa denominada “Operación Mito”, Boye fue citado a declarar en un juicio en la macrocausa contra la organización del narco traficante José Ramón Prado Bullago, por la internación de cuatro toneladas de drogas. El despacho de Boye en alguna ocasión representó a Prado, y en otra, a Manuel González Rubio, también incluido en esta causa.
En esta se abrió una pieza separada por blanqueamiento de capitales donde Gonzalo Boye es acusado, basándose en informes del fiscal Ignacio Lucas de Martín y la Policía Nacional, de haber elaborado unos contratos supuestamente falsos para recuperar casi 900 mil euros que fueron incautados en 2017.
Boye negó su participación en los hechos en los que era inculpado y, en declaración posteriores, aseguró: “Tomaré las medidas legales oportunas para averiguar si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia en este procedimiento para que ningún otro abogado sea perseguido simplemente por ejercer su profesión”, dejando entrever la guerra legal y mediática en su contra del abogado de los independistas catalanes. Ya que la única prueba que lo inculpa es una “declaración voluntaria” del narcotraficante Manuel Puentes Saavedra, socio de Manuel González Rubio, el que después de 17 meses en prisión, acusó al abogado de ser el autor de dichos contratos, convirtiéndose en un testigo de conveniencia para inculpar a Boye a cambio de “recompensas”.
En la ya mencionada operación Mito, se cuenta con pruebas contra Manuel Andrés Puentes Saavedra -el mismo testigo estrella- el que ordenó, un asesinato en Pereira -Colombia- y que tanto la UDYCO como el Fiscal De Lucas como la Juez Tardón las conocen, pero no las han puesto ni en conocimiento ni a disposición de las autoridades colombianas. La razón para encubrir el asesinato ordenado por Puentes Saavedra es para usarlo como testigo en contra del abogado Gonzalo Boye. Entre las pruebas contra Puentes Saavedra están diversas interceptaciones telefónicas, declaraciones y, sobre todo, que toda la documentación del asesinado apareció, meses más tarde, en el domicilio de Puentes Saavedra en Madrid cuando el asesinato se cometió en Pereira. y que el encargo se lo hizo a una persona que reside habitualmente en Madrid, España.
Dentro de esta investigación se puede reconocer el encubrimiento, ocultación y manipulación de datos por parte de la Unidad Central de Estupefacientes de España (UDYCO), del Fiscal del Caso (Ignacio de Lucas Martín que es el Coordinador de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica – RFAI) y de la ya mencionada Juez María Tardón, aquí queda de manifiesto que cuando los encargados de aplicar la justicia, ya sean jueces, fiscales, policías la utilizan para obtener ganancia políticas nos encontramos de frente a la Lawfare.
Datos interesantes sobre cómo se construye este tipo de acciones: uno de ellas es sobre el presunto lavado de dinero del que se acusa a Boye donde cinco expedientes sancionadores fueron resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictó cinco distintas sentencias, todas las cuales ya son firmes, estimando parcialmente los cinco recursos contencioso-administrativos y ordenando la devolución del 50% del dinero intervenido el 6 de febrero de 2017, dinero propiedad de Manuel González Rubio. Este dato también se omite en el auto de procesamiento. O sea, la justica ya determinó que en ese hecho no había acto ilícito.
Un día antes de procesar al abogado Boye, el 21 de octubre de 2020, se dicta la sentencia por tráfico de droga desde Colomba a España de Manuel Andrés Puentes Saavedra, que se le suspende su pena de 4 años, por declarase “drogodependiente”. Pero en el juicio contra Boye, éste negó dependencia alguna.
La aplicación de la Lawfare contra el independentismo catalán es tan evidente, que la Fundación Internacional de Derechos Humanos escribieron en su cuenta de Twitter: “El Sr. Boyé no solo es “el abogado de los independentistas catalanes”; nosotras reconocemos su condición de activista de Derechos Humanos en diversos casos de gran calado, asumiendo riesgo para su integridad física y jurídica, con discreción y pro-bono”. Dejando entre ver que el tema contra él era más allá del independentismo, sino también por su compromiso con los DDHH.
Otro mensaje de apoyo fue del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR por sus siglas en alemán), pero el apoyo más notorio fue de Diego García-Sayán relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados y Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados, que expresó: “#España: Los Principios Básicos de #ONU sobre función de Abogados obligan a los Estados a garantizar el libre desempeño de abogados, sin intimidaciones o ser identificados con las causas de sus clientes. Hago un llamado a respetar el trabajo del abogado”. Cabe señalar que es la primera vez que este relator hacer referencia de un caso en suelo europeo.
La interrogante después de lo expuesto es ¿qué abogado se atreverá a brindar defesa jurídica a los próceres catalanes? Si lo más probables que también se le aplicará Lawfare, al igual que a Gonzalo Boye.
