Una estrategia que busca ordenar el sistema de educación superior con una mirada de largo plazo, fortaleciendo la calidad formativa, la generación de conocimiento y la capacidad del Estado para anticipar y conducir transformaciones en un entorno social y productivo en constante cambio.
Por Nassib Segovia.- Los cambios sociales, tecnológicos y productivos que experimenta nuestro país están transformando profundamente la forma en que las personas aprenden, trabajan y desarrollan sus trayectorias educativas y laborales. En este contexto, pensar la educación superior exige una perspectiva de largo plazo, capaz de ordenar prioridades y dar continuidad a decisiones estratégicas con una mirada sistémica y sostenida en el tiempo.
La Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior 2026–2038 constituye un avance relevante en esa dirección. Más que un conjunto de medidas, se plantea como un instrumento orientador que propone una organización integral del sistema, articulando trayectorias formativas más flexibles y pertinentes; la generación de conocimiento como valor público; la capacidad de anticipación frente a cambios sociales y productivos; y una gobernanza capaz de sostener estos propósitos en el tiempo. Desde esta perspectiva, la estrategia no solo identifica desafíos, sino que ofrece una lógica de estructuración del sistema frente a un entorno cambiante.
Un aspecto particularmente significativo es el énfasis en la experiencia formativa y en el aula como espacio donde se juega la calidad. En un sistema más diverso y masivo, la profesionalización de la docencia, el uso de evidencia pedagógica y el fortalecimiento de la formación integral aparecen como condiciones necesarias para asegurar permanencia, titulación oportuna y aprendizaje a lo largo de la vida (unesdoc.unesco.org in Bing). Esta mirada desplaza la discusión desde el cumplimiento formal hacia los resultados efectivos del sistema. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que las estrategias solo adquieren valor público cuando se acompañan de instituciones capaces de evaluarlas, orientarlas y retroalimentarlas de manera continua.
En ese sentido, el rol del Estado no se agota en definir lineamientos, sino que exige coordinación, coherencia regulatoria y seguimiento sistemático. Aquí, los organismos públicos autónomos cumplen una función insustituible, resguardando el interés general y fortaleciendo la confianza en las políticas educacionales.
Mirando hacia 2038, el desafío es que esta estrategia se consolide como un instrumento efectivo para la toma de decisiones, con criterios claros de evaluación y con información pública que permita aprender del proceso, realizar ajustes cuando sea necesario y proyectar el sistema en el tiempo. Solo así podrá traducirse en una educación superior más pertinente, sostenible y orientada al aprendizaje a lo largo de la vida.
Nassib Segovia es PhD y académico.
