ElPensador.io.- El escenario de derechos humanos empieza a ser cada vez más difícil para el gobierno de Sebastián Piñera y la semana que comienza mañana lunes 27 enero podría ser una de las instancias más duras para su administración en este flanco, en medio de presiones ad portas de la votación que podría acabar con otro de sus cercanos funcionarios debido a una acusación constitucional.
Eso, porque este domingo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó su misión de observación de las protestas en Chile, cuando se cumplen 100 días desde el inicio del estallido social, que deja hasta el momento al menos 27 fallecidos, y miles de detenidos y heridos.
Los veedores de la entidad internacional estarán durante una semana en terreno , encabezados por su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y coronando otras indagaciones internacionales como la del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, todos los cuales han manifestado ya su condena a la acción policial para repeler las manifestaciones.
Los primeros informes los recibió la CIDH de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta la fecha ha constatado en la observación de las protestas 9.129 detenidos, de los cuales 1.445 denuncian vulneraciones en forma de violencia sexual, torturas o tratos crueles, o uso excesivo de la fuerza, según su último reporte.
Además, en materia de heridos, el organismo constató al menos 3.649 lesionados en los más de tres meses de protestas, 2.063 de ellos a causa de disparos de algún tipo (bala, balín, perdigón, bomba lacrimógena o arma no identificada) y 405 con heridas oculares. Por parte del Ministerio Público, los informes apuntan a más de 2.600 investigaciones por violaciones a los DDHH en apenas tres semanas de protestas, desde el 18 de octubre al 10 de noviembre.
Pero la CIDH no ha sido la única presencia internacional por estos días. También ha recorrido las calles el ex juex español Baltasar Garzón, que fue el magistrado que procesó al general Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad durante su dictadura, y logró que se le detuviera en Londres.
Garzón, de paso por Chile, dijo que hay una violación «sistemática» y «cruenta» de derechos humanos en este país. “Lo que estamos viendo es una reacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en distintos países, como Chile, Colombia, Bolivia o Ecuador, donde las protestas sociales acaban a tiros, con persecuciones, con cárcel, con agresiones y con ocultación de las propias acciones”, dijo en declaraciones a EFE.
Ello, ad portas de la votación que debe decidir la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, acusado de coartar el derecho a la manifestación al copar Plaza Italia (o Plaza de la Dignidad) con un numeroso contingente de fuerzas policiales. Su postura ha sido bochornosa, al deslindar responsabilidad sobre esa estrategia en Carabineros, cuestión que luego fue desmentida por la propia policía uniformada.
El escenario no es propicio para La Moneda, pues la aprobación ciudadana al gobierno está por el suelo, con apenas un 6%, lo que no le da espacio para negociar, y a los parlamentarios la presencia de la CIDH significa una presión adicional.
La aprobación de la acusación dejaría en un pésimo pie al gobierno pues, a diferencia de la anterior contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick -en que se cuestionaba la responsabilidad política por la represión-, este libelo se refiere más bien a la capacidad estratégico-operativa del Ejecutivo para restablecer el orden y la forma en que lo hace respetando las garantías constitucionales. En definitiva, la gobernabilidad bajo un estado de derecho.
Un cuestionamiento en ese sentido genera una serie de dudas sobre el accionar del propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel. ¿Es posible que un intendente genere estrategias de esa envergadura sin conocimiento ni anuencia de parte del jefe de gabinete?
