Balaceras, exceso de pacientes y el desgaste de funcionarios que desafían el cansancio, son algunas realidades de este CESFAM en San Bernardo.
Por ElPensador.io.- La tarde se tornó insólita cuando un detenido, trasladado por Carabineros de Chile, protagonizó una fuga en el CESFAM Confraternidad de calle Martín de Solís con Avenida Santa Marta, comuna de San Bernardo. En el momento en que un funcionario policial retiró sus esposas a solicitud de una enfermera para suministrarle un medicamento, el sujeto aprovechó la instancia, escapó por una ventana, corrió por un pasillo interno, saltó concertinas y se ocultó en una casa vecina. Ya era de noche, cerca de las siete, en plena vigencia del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). Finalmente, la propietaria del domicilio llamó al 133 y el hombre fue recapturado.
La tensión escaló cuando el detenido apareció acompañado de un grupo que amenazó con balear el centro de salud. La escena generó pavor entre el personal, tal como relata Carla Baeza, Técnico en Odontología y presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud del CESFAM Confraternidad. Con once años de experiencia, Baeza advierte que el SAPU, que funciona 24 horas, carece de dotación suficiente durante la noche, situación que genera agresiones debido a los prolongados tiempos de espera y la falta de identificación de usuarios. En este recinto, más de 170 trabajadores llegan cada día sin saber si podrán terminar su turno sin incidentes.
La sobrecarga de pacientes con criterios de urgencia diversa agrava el conflicto. Nikholás Suárez Moya, joven vigilante y dirigente gremial, explica que suelen intermediar entre la emergencia clínica y la indignación de los usuarios. “Les indicamos que sólo hay un médico y les invitamos a revisar el listado de prioridades. Pero al final, el criterio de urgencia prevalece, y ahí surgen los choques”, señala.
Seguridad y salud
La seguridad es tan prioritaria como la atención médica. El rol de los vigilantes incluye rondas constantes para prevenir alteraciones, pero con frecuencia terminan conteniendo emociones sin contar con herramientas ni atribuciones adecuadas. Como relata Suárez Moya: “Cuando cierro la puerta para no atender, la multitud exige explicaciones y debo buscar a la jefa de SAPU para mediar el conflicto”.
En el CESFAM Confraternidad no es un hecho aislado. Las agresiones tanto físicas como verbales son moneda corriente. Según datos oficiales, en 2024 se registraron más de 7.000 incidentes contra funcionarios de Atención Primaria de Salud en todo el país, con un 76 % de agresiones verbales y 12,6 % físicas. Hace cerca de un año y medio, una funcionaria vio su vehículo destruido por vecinos que, disfrazados de junta de vecinos, subarrendaban espacios contiguos al recinto. Su hijo, al defenderla, sufrió fracturas tras ser apedreado y agredido con palos. Aun así, la ley obliga a atender a los agresores, y esa misma trabajadora debió asistir a una mujer embarazada que minutos antes le había robado el teléfono.
Este cúmulo de episodios demuestra que las medidas de seguridad actuales son insuficientes. Es urgente reforzar protocolos, incrementar la dotación de vigilantes, mejorar infraestructura (cámaras, blindaje de accesos) y capacitar al personal para gestionar crisis emocionales. Solo así garantizarán la integridad de quienes velan por nuestra salud.
Rotaciones funcionales
Tal como señalan Carla Baeza y Nikholás Suárez, pese a que la violencia afecta a todo el país, San Bernardo se ha catalogado como una de las comunas más golpeadas, sobre todo en sus centros de salud. Baeza, Técnico en Odontología y presidenta de la Asociación Confraternidad, sintetiza el origen del problema: “Somos una de las comunas con más agresiones y homicidios; los centros de salud fueron creados para una población mucho menor a la que atendemos hoy”.
La demanda creciente de atenciones choca con una infraestructura obsoleta. Los profesionales deben “jugar entre atención clínica y labores administrativas”: cambian de box para contestar teléfonos, redactar informes o atender urgencias. Esta improvisación deteriora la calidad del servicio y agota al personal.
Desgaste y desvinculaciones
La sobrecarga laboral provoca un desgaste permanente que se traduce en pérdida de funcionarios. Desde mediados de 2022, la crisis financiera de la Corporación de Salud de San Bernardo derivó en masivas desvinculaciones.
Recientemente, el alcalde Christopher White anunció dos nuevos centros sanitarios tras un violento portonazo en el Cesfam Juan Pablo II, que motivó la visita de la Ministra de Salud. Sin embargo, aquel Comité de Emergencia detectó que no se habían completado los trámites administrativos, por lo que se retomaron los proyectos estancados.
Catarsis desinformadas
Las asociaciones de funcionarios han obtenido entrevistas con altos mandos, pero las respuestas siguen siendo genéricas. Tras una reunión con la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, y el respaldo de la senadora Fabiola Campillay, los acuerdos se diluyeron. Como denuncia Baeza, “las autoridades recopilan información, hacen catarsis y al final queda todo igual”.
Lamentablemente, en todos los gobiernos la salud municipal nunca ha sido prioridad real. Las visitas de autoridad y los videos para redes sociales sirven más para la imagen que para dotar de recursos e impulsar soluciones efectivas.
Los Vigilantes
Estatutariamente, en el Centro Confraternidad operan cinco vigilantes por turno, cuya función legal es la de guardias. Unos trabajan de siete de la mañana a siete de la tarde, y otros de 19:00 a 07:00. Sin embargo, como funcionarios municipales, “no pueden intervenir activamente, no tienen atribuciones para ejercer fuerza ni indumentaria suficiente para defenderse”, explica Carla Baeza, presidenta de la asociación de trabajadores del recinto.
A raíz de la agresión que sufrió una funcionaria y su hijo, se compraron chalecos anticortes y cascos, pero “no alcanzaron para todos; cinco chalecos se compartían entre turnos”, alerta el vigilante Nikholás Suárez.
Recursos y seguridad
Aunque el sector oriente de San Bernardo se ha convertido en una zona roja, con crimen organizado y riñas, el CESFAM Confraternidad obtuvo un AGL (Apoyo a la Gestión Local) para reforzar su seguridad. Con ese financiamiento se instalaron concertinas, puertas blindadas con clave, cámaras de vigilancia y mejoras en el sistema informático de monitoreo. No obstante, persisten precariedades: puertas y el ascensor del edificio están en mal estado.
El anhelo
Para Nikholás y Carla, las soluciones requieren realismo. El SAPU atiende cualquier usuario, incluso del sector El Manzano, donde no hay otro servicio similar. Además, “la población vulnerable de la zona roja agrava los riesgos”, señala Carla. Ambos coinciden en la urgencia de herramientas para enfrentar crisis emocionales y proteger la salud mental del personal sanitario, un aspecto descuidado incluso durante la pandemia.
Las mesas de trabajo con la Corporación de Salud y el alcalde Christopher White han permitido compromisos locales, pero las gestiones más allá del municipio siguen pendientes. La implantación del programa Seguridad Salud ha mejorado la respuesta ante agresiones, pero hace falta financiamiento para contar con un ambiente laboral verdaderamente seguro y sostenible.
