Por Jorge Lawrence.- En pocos días, la Ley de Inclusión Escolar cumplirá ocho años desde su promulgación. Esta reforma, propuesta por el gobierno de Bachelet II, introdujo profundos cambios al sistema escolar particular subvencionado, bajo la promesa que las nuevas reglas favorecerían la calidad en la educación.
Han pasado ocho años y los datos muestran que la Ley de Inclusión sólo provocó un frenazo en el sistema escolar subvencionado, el cual ha sido, por lejos, la alternativa preferida de los padres y apoderados en las últimas décadas.
En términos globales, desde el año 2016 a la fecha, 668 establecimientos subvencionados han dejado el sistema, sin que se hayan creado nuevos colegios. ¿Cómo, entonces, está respondiendo el sistema educacional al crecimiento demográfico del país sumado al inusual flujo migratorio?
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Según cifras del Ministerio de Educación, Tarapacá y Antofagasta son las regiones del país con más demanda extranjera por matrículas escolares, lo que, a su vez, lleva a varias de sus comunas a tener serios problemas en la provisión de cupos.
La presión sobre los establecimientos es tal que en algunos casos sencillamente no hay vacantes. Tanto es así que el alcalde de Alto Hospicio anunció hace un par de meses el arriendo de uno de los colegios subvencionados que dejó de operar, para albergar ahí la matrícula municipal deficitaria, a la espera de construir un colegio modular (con containers) para albergar a sus alumnos de forma definitiva. ¿Esa es la educación de calidad que prometía la Ley de Inclusión?
La vinculación entre el Estado y los privados fue la llave que permitió dar adecuada cobertura escolar en las últimas décadas. No podemos obviar un dato objetivo: más del 54% de la matrícula escolar está radicada en la educación subvencionada.
Sin embargo, bajo la tesis de “los patines”, la Ley de Inclusión puso un freno al crecimiento del sector subvencionado. Además de obligar a sus sostenedores a transformarse en entidades sin fin de lucro, la Ley impuso reglas que impedían el crecimiento de estos colegios, prohibiéndoles invertir en su infraestructura mientras no se hicieran dueños de los edificios educacionales donde funcionaban.
Como los nuevos sostenedores no contaban con recursos para adquirir los colegios, la Ley propuso un sistema para que la banca privada financiara la compra, mediante un Crédito con Aval del Estado pagado con cargo a la subvención escolar (¿un nuevo CAE?).
Problemas de la Ley de Inclusión Escolar
Pero los genios tras la reforma no contaban con la falta de interés de la banca privada en financiar estas operaciones. Ergo, el sistema fracasó. A la fecha, los colegios que han logrado adquirir sus edificios no superan el 5% del total. En consecuencia, más del 95% de los establecimientos subvencionados del país se ve impedido de hacer las inversiones que requiere su infraestructura para ofrecer vacantes a alumnos nuevos.
Por otra parte, resulta prácticamente imposible crear un colegio subvencionado desde cero. La Ley estableció que eso sólo puede ocurrir si el sostenedor es propietario del inmueble donde va a funcionar el colegio. ¿Cómo lo hace una persona jurídica nueva y sin fin de lucro para comprar un terreno y construir allí un recinto escolar, cuando este tipo de entidades no son sujeto de crédito para los bancos? ¿Cómo se financia ese proyecto? Por esa razón no se ha creado ningún colegio subvencionado desde el 2016 a la fecha, pese a la creciente demanda de matrículas.
Por esta razón hago un llamado a las autoridades y a los parlamentarios a reaccionar. Estamos a pocos días del octavo aniversario de la Ley de Inclusión y es necesario hacer una evaluación de esta reforma, dejando de lado las ideologías y los dogmatismos para poner por delante los problemas reales e inmediatos de la población.
En la campaña presidencial de Bill Clinton en los años 90, fue acuñado un slogan que refería hacia donde debía enfocarse su futuro gobierno: “¡Es la economía, estúpido!”. Hace cuatro años escribí una columna en la cual, parafraseando a Clinton, advertía sobre la crisis de vacantes que se estaba incubando por causa de la Ley de Inclusión, pero las alertas no fueron atendidas. El problema crece año tras año y si no se actúa pronto, la crisis de los cupos nos va a estallar en la cara.
Presidente Boric: El tema del lucro ya fue superado. El problema real está en las vacantes. Repito lo que dije hace cuatro años “¡Son los cupos, estúpido!”.
Jorge Lawrence Santibáñez es abogado y presidente de COPANOR