Los ocultamientos institucionales en el caso Abbott-Harasic

ElPensador.io.- Una serie de ocultamientos se revelan en las respuestas institucionales que la Fiscalía Regional de Valparaíso y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han dado en torno a una compleja trama que tiene demandado al Estado Chileno por denegación de justicia, en un caso que involucra al actual titular del Ministerio Público, Jorge Abbott, y el ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic.

La trama ya ha sido denunciada por ElPensador.io, y se refiere en su eje central a la salida ilegal de dos niños en 1995, y las denuncias ejercidas por el periodista Michel Chamas López para comprobar el uso de documentos y timbres de Policía Internacional de la PDI falsos por parte de Harasic, además de una negativa institucional permanente por casi 20 años para investigar, dado que la madre de los niños es sobrina del entonces Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena.

La arista Harasic

El caso afecta al ex decano Harasic, pues asumió como abogado particular de la sobrina de Piedrabuena. En ese rol, presentó al tribunal documentos falsos de la Policía de Investigaciones para lograr un fallo favorable ante la salida de los hijos de Chamás, lo que fue reconocido por el jurista en una declaración judicial voluntaria. Su declaración, en el marco de las sucesivas denuncias llevadas a cabo por Chamas, no fue tomada por Jorge Abbott, que en ese entonces ejercía como Fiscal Regional de Valparaíso, ni por ninguno de sus subordinados, y por tanto nunca quisieron periciar los timbres de extranjería para perseguir un delito de falsificación.

Años después, en 2006, el ex senador Nelson Ávila hizo una solicitud formal desde la Cámara Alta para que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en la querella que Chamas había interpuesto contra Harasic. La respuesta del CDE -a la que tuvo acceso ElPensador.io– fue un rotundo rechazo afirmando que podían intervenir “sólo cuando se trate de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por empleados públicos de la administración del Estado centralizada o descentralizada”.

Pero Harasic, en el momento en que se produjo la falsificación de los timbres de la Policía de Investigaciones, era presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, entidad que permite a sus miembros ejercer privadamente la profesión. Lo mismo ocurría con el otro querellado, Juan Piedrabuena, también abogado del CDE y sobrino del entonces Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena. La respuesta se envió en 2007 al senador Ávila y la firmó el entonces presidente del CDE, Carlos Mackenney.

En todo caso, el CDE estaba obligado bajo su propia Ley Orgánica a perseguir este delito. En su artículo 3° número 5 señala que es su deber “ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado” ampliando su base de acción más allá de las funciones públicas.

Arista Abbott

En el caso de Abbott, la persistencia del actual Fiscal Nacional en negarse a cualquier diligencia que permitiera investigar tanto la falsificación como la salida ilegal de los sobrinos de su entonces superior, fue manifiesta.

En una de las respuestas que Abbott da a Chamás para justificar su negativa, a la que accedió ElPensador.io, fechada el 14 de agosto de 2006, se niega a citar a Harasic por la falsificación afirmando que no se había establecido la “falsedad documental”, aunque los timbres son manifiestamente falsos. Pero también se niega a hacer las pericias para comprobar un delito perseguido con la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que la falsificación de timbres y documentos de entrada al país atenta contra los límites y jurisdicciones del país. Además, la falsificación de timbres del Estado inhabilitaría a su autor para ejercer cargos públicos de por vida.

Asimismo, rechazó requerir las copias de un juicio seguido en España para lograr la tuición de los menores en ese país, con posterioridad a su salida ilegal en 1995, y los da por válidos, aunque se comprobó que el juicio se siguió contra una persona falsa: un “Manuel Chamas”, domiciliado en España, distinto de Michel Chamas, que estaba domiciliado en Chile y en esa época era funcionario del Ministerio del Interior.

Abbott se negó a todas y cada una de las diligencias mínimas solicitadas: declaraciones de testigos, peritajes, acceso a registros de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Al momento de presentar esta respuesta, ya se había presentado querella contra el fiscal jefe de Viña del Mar, Rolando Melo (subordinado de Abbott que llevó el caso inicialmente). Más tarde se sumarían acciones contra uno de sus sucesores, el fiscal Pablo Gómez.

De esto se trata el silenciamiento del que habló el ex senador Nelson Ávila en conversación con ElPensador.io: “Estaba claro que en ese momento las diversas instituciones hicieron parte de un plan de silenciamiento de esta denuncia. No la acogió nadie y rebotaba en cada uno de los sitios a los que llegaba, sin mayor análisis. Creo que exclusivamente por la alarma que generaban algunos nombres involucrados. Y en ese aspecto, la labor de Davor Harasic fue particularmente minuciosa, porque se encargó de que todos los sitios a los que podía llegar esta denuncia quedasen completamente inmunes a todo lo que involucrase pretensión de justicia”.

La respuesta de Chamas

El caso se encuentra en la actualidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que lo acogió a tramitación en febrero de este año. Se trata de una demanda contra el Estado Chileno por denegación de justicia en la persona de Abbott que el gobierno debió haber contestado antes del 2 de junio pasado.

De acuerdo con los antecedentes a los que ha tenido acceso ElPensador.io, esa respuesta nunca salió de Chile, por lo que la demanda habría pasado una etapa más y podría llegar a una condena a nuestro país.

Michel Chamás, periodista de profesión, lleva 24 años intentando obtener justicia en las más de 6 causas penales iniciadas a raíz de los primeros delitos denunciados contra Harasic y Juan Piedrabuena, nunca investigados por Abbott y su equipo en Valparaíso.

¿Cómo fueron los intentos de acercamiento para darle a conocer al fiscal Abbott de las arbitrariedades de su caso?

Siempre fueron por escrito, vía mail o recursos administrativos formales dirigidos al propio Fiscal Regional, Jorge Abbott, contemplados en la mecánica jurídico-administrativa del Ministerio Público y presentados formalmente. Existen más de 50 mails y escritos enviados al Ministerio Público y recepcionados y timbrados formalmente durante más de cuatro años de juicios en 5 distintas querellas, relacionadas a las pruebas falsas y al encubrimiento de delitos. Todos esos antecedentes y reclamos administrativos están en las carpetas de investigación y además fueron enviados al CIDH en las denuncias que se presentaron y a los presidentes de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema de Chile durante esos años.

Hay claros indicios y pruebas evidentes de que tanto el Fiscal Abbott, el fiscal Melo y  el fiscal Gómez entre otros, incurrieron en delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y falso testimonio ante los jueces de garantía en las causas que les tocó ver, todas las cuales fueron debidamente denunciadas a Abbott, al Fiscal Nacional Subrogante y posteriormente a Sabas Chahuán, quien nunca quiso recibirme pese a haberle solicitado audiencia en varias oportunidades.

Durante los más de cuatro años que duraron estos procesos la conducta de los fiscales a cargo de Abbott, y del mismo Abbott, fue siempre la misma: entorpecer la investigación, permitir que se destruyeran pruebas; amenazar y hostigar a los abogados que tomaban las causas para que las dejaran; no autorizar las diligencias que se les solicitaban y prestar falsos testimonios ante los jueces de garantía.

¿A qué atribuye que el fiscal Abbott, el fiscal Gómez y los demás a los que usted hizo llegar su caso no hicieran caso a sus denuncias?

Los delitos de presentación de documentación falsa en juicio civil, falsificación de timbres del Estado y la sustracción de menores son delitos de presidio mayor que inhabilitan de por vida a quien los comete para ejercer cualquier cargo público. Es el caso de Davor Harasic en las falsificaciones y Juan Enrique Piedrabuena (también sobrino del ex Fiscal Nacional) en la sustracción de menores y presentación de documentación falsos (ambos funcionarios públicos). La formalización y posterior condena los habría hecho pedazos penal y políticamente.

Todos los intentos por presentar más pruebas y antecedentes de forma personal fueron eludidos sistemáticamente por Abbott y luego Chahúan. La conducta corrupta de Abbott y los fiscales bajo su mando, solo tiene por explicación, a mi juicio, que hizo una defensa gremial y por amistad personal de los imputados, y para hacer esto incurrieron en delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas, notable abandono de deberes y falso testimonio ante jueces de garantía y ministros de corte, todo en el afán de encubrir y proteger a los inculpados y la imagen política y pública de ellos, del Ministerio público y del Consejo de Defensa del Estado, arrastrando en esta conducta a todos los fiscales encargados de investigar.