MEPCO: Estabilizar tiene precio

La escalada del precio del petróleo tensiona nuevamente el equilibrio entre proteger el bolsillo de los hogares y resguardar la sostenibilidad fiscal, obligando a replantear el MEPCO en un escenario de volatilidad que dejó de ser transitoria.

Por Nassib Segovia.- El alza reciente del precio del petróleo ha vuelto a instalar en Chile una discusión conocida pero no resuelta, porque la tensión entre proteger el costo de vida y preservar la sostenibilidad fiscal sigue siendo igual de difícil de administrar, aunque el contexto en que hoy se plantea haya cambiado considerablemente.

La intensificación del conflicto en Medio Oriente ha llevado el precio del Brent, referencia con la que se transa gran parte del petróleo mundial, a superar los US$100 por barril y a rozar los US$120 en sus momentos más altos. Que esa presión no se sienta todavía con toda su fuerza en las estaciones de servicio no es casualidad. En parte, los precios internos tardan algunas semanas en ponerse al día con lo que ocurre en los mercados internacionales, pero la razón más importante es la existencia del MEPCO, mecanismo en funcionamiento desde 2014 que reduce el impuesto a los combustibles cuando el petróleo encarece y lo repone cuando abarata, evitando que cada vaivén del mercado llegue de golpe al bolsillo del consumidor.

Durante años, esa lógica funcionó porque las alzas del petróleo no duraban demasiado: el mecanismo aguantaba el tirón y los precios internacionales terminaban cediendo. Hoy ese supuesto ya no se sostiene con la misma solidez: los precios llevan más tiempo altos, nadie sabe bien cuándo bajarán y la incertidumbre se ha vuelto parte del paisaje, no una excepción. Eso cambia todo, porque el MEPCO fue diseñado para absorber golpes puntuales, no para operar de forma indefinida en un entorno de precios persistentemente elevados.

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda (informe de seguimiento fiscal, primer trimestre 2025), el costo fiscal del mecanismo se ubica en torno a los US$140 millones semanales, con riesgo de aumento si los precios se mantienen elevados. Más que la cifra en sí, lo que esa magnitud revela es que un instrumento diseñado para contingencias ha comenzado a comportarse como gasto permanente; y cuando eso ocurre, el problema deja de ser de ajuste técnico y pasa a ser de diseño institucional.
La presión fiscal asociada al mecanismo ha sido reconocida públicamente por Hacienda, que ha advertido que, de mantenerse los precios internacionales, el país podría terminar gastando varios miles de millones de dólares.

El debate que se ha abierto entre economistas en las últimas semanas refleja una tensión genuina, sin solución fácil. Acelerar el traspaso de precios a los consumidores aliviaría la presión sobre las cuentas públicas, pero generaría un impacto inmediato y concentrado en los hogares. Mantener el amortiguador protege el bolsillo en el corto plazo, pero traslada el costo hacia el fisco y, en última instancia, hacia el conjunto de los contribuyentes. Ninguna de las dos opciones es gratuita: la diferencia está en quién paga, cuánto y cuándo. Eso es precisamente lo que hace de este un caso clásico de política pública, donde la tarea de la autoridad no es encontrar la solución óptima —que no existe—, sino gestionar con prudencia tensiones que tampoco pueden eliminarse.

Hay, además, una dimensión distributiva que merece atención y que suele quedar fuera de la discusión técnica. Al operar sobre el precio general de los combustibles, el MEPCO beneficia proporcionalmente a todos los consumidores, pero el consumo de combustible no está distribuido de manera uniforme entre los distintos niveles de ingreso. La evidencia internacional sugiere que los subsidios generales a los precios de la energía tienden a concentrar sus beneficios en los segmentos de mayor ingreso, que son también quienes más consumen.

Eso no invalida el mecanismo ni lo convierte en un instrumento indefendible, pero sí abre una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad: si el propósito declarado del MEPCO es proteger a los más vulnerables frente a los vaivenes del mercado del petróleo, ¿es esta la manera más eficiente de lograrlo? ¿O existen alternativas que permitan llegar mejor a quienes más lo necesitan?

Vale la pena mirar cómo otros sistemas han respondido a preguntas similares. Colombia enfrentó un dilema parecido tras el ciclo de alzas de 2022 y optó por revisar su Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), reduciendo gradualmente el subsidio general y reforzando al mismo tiempo las transferencias focalizadas hacia hogares vulnerables.
España, por su parte, combinó una rebaja temporal del IVA aplicado a los combustibles con bonos directos orientados al transporte público, buscando que la protección llegara con mayor precisión a quienes más dependían de ese gasto.

La lección no es que esos contextos sean directamente comparables con el chileno, sino que la pregunta de cómo ajustar, más que si ajustar, ya tiene respuestas concretas en otros sistemas.

Más que una presión coyuntural, el momento actual es una oportunidad para modernizar un instrumento que nació para otra economía, más aislada de los vaivenes externos que la que tenemos hoy. Eso significa mantener su capacidad de estabilización, ganar flexibilidad para graduarla según las circunstancias y dirigirla con mayor precisión hacia quienes más la necesitan, sin descuidar la transparencia sobre sus costos, que es también parte de lo que le da legitimidad a una política de este tipo.

Nada de esto es fácil, y cualquiera que diga lo contrario probablemente no está midiendo bien los riesgos. Pero quedarse quieto tampoco es una opción neutral: el costo que no se enfrenta hoy no se evapora, solo se pospone, y eventualmente alguien lo paga. Cuando la volatilidad deja de ser un evento puntual y se instala como parte del paisaje económico habitual, los instrumentos diseñados para absorber golpes esporádicos necesitan madurar hacia algo más robusto, no para renunciar a lo que han aportado, sino para que ese aporte pueda continuar en condiciones que ya son distintas.