Por José Luis Espinoza.- Los últimos acontecimientos ocurridos en relación a la población migrante y la campaña nacional de vacunación contra el SARS-COV2, revelan el grave problema que afecta a esta población, que en gran número, vive en condiciones de vulnerabilidad, a pesar de los esfuerzos por regular su situación en el territorio.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Chile habían 1.500.000 migrantes a diciembre de 2019 (8% de la población) y más allá del marco legal vigente y que debe ser reconocido, como Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENASENF, reparamos en el grave problema de salud pública que implica el cuestionamiento al derecho de vacunación de dichas personas, y más aún, en una posible negación a acceder al procedimiento, tal como equivocadamente lo expresó en un primer momento el canciller Andrés Allamand.
Si bien un día después, el Ministro de Salud, Enrique París, salió a desmentir tales dichos (al ser interrogado por los periodistas), la precariedad y falta de garantías de los migrantes en Chile, quedó una vez más en evidencia. El llamado de un desafortunado reportaje de la TV peruana que llamaba al “Turismo Covid en Chile”, promoviendo la venida a vacunarse -y el cual rechazamos absolutamente-, fue la mecha que encendió la pradera para alertar que hay un tema mayor: el derecho a la salud de todo/as lo/as habitantes del país, más allá de su origen, condición social, género u otros.
A nivel de salud pública, reiteramos que el cierre y control de las fronteras terrestres y aéreas, es el punto clave para controlar la propagación del virus, sin embargo, es fundamental separar la discusión pública respecto al mal llamado “turismo de vacunas” y la “inmunización a todas las personas del territorio nacional”. Es harina de dos costales distintos.
El primero resulta una bomba de humo, aprovechada mediáticamente, por la improbabilidad de que algo así pudiese ocurrir, debido a las medidas de ingreso y estadía que los extranjeros deben cumplir producto de la pandemia. El segundo, sí es el punto clave que el Estado de Chile debe asumir: garantizar a toda su población el ser vacunada, sea migrante o no, regularizada o no. Sólo así se podrá alcanzar la anhelada inmunidad de rebaño (más del 80% de inmunizado/as)
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y “a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Y Chile debe respetarla porque el derecho a la salud es universal y no discrimina.
José Luis Espinoza es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENASENF
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