Muerte de joven TENS baleado en La Pintana: una falla estructural

La muerte de un joven estudiante en La Pintana revela el abandono estructural que enfrentan los trabajadores de la salud. Más allá del dolor, urge repensar la seguridad, la dignidad y el valor de la vida en un país que normaliza la violencia.

Por Ricardo Ruiz Escalona.- Cristopher Barrientos, joven estudiante de Técnico en Enfermería de 21 años, murió asesinado luego de ser alcanzado por un disparo en la comuna de La Pintana, mientras se dirigía a su práctica profesional. Este trágico hecho extiende el manto de inseguridad que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes recurrentemente son víctimas de violencia en sus lugares de trabajo, como síntoma de un sistema extenuado y deshumanizado.

Actualmente, hospitales, consultorios y CESFAM cuentan con protocolos cautelares que protegen a los estudiantes dentro y fuera de las instituciones de educación superior y técnica, también durante su práctica laboral, trayectos y otros aspectos de la relación contractual. Las universidades disponen además de seguros profesionales que, como organización, hemos defendido en reuniones con los establecimientos de salud y el Ministerio de Salud (MINSAL), como un derecho de los trabajadores de la salud.

Sin embargo, poco puede hacerse ante hechos de esta gravedad cuando obedecen a problemáticas estructurales que el relato público suele reducir a fenómenos como “balas perdidas”, “ajustes de cuentas” o “daños colaterales producto de la delincuencia”. Las preguntas que surgen son cómo atender estos hechos más allá de la reacción inmediata ante un acto que, si bien es fortuito y lamentable, también parece desatendido y cada vez más normalizado.

Existe la Ley de Consultorio Seguro (Ley N° 21.188), promulgada en diciembre de 2019, con la cual hemos expuesto ante el Gobierno, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) las graves vulneraciones que sufren los funcionarios de la salud pública. Esta ley establece que los directores y directoras de hospitales y establecimientos asistenciales deben denunciar estos casos para dejar registro, realizar seguimiento y buscar soluciones que eviten el desamparo del trabajador o trabajadora de la salud pública.

Está claro que la violencia es un asunto transversal que nos afecta a diario; en nuestro país también se expresa como el abandono del transeúnte, del trabajador y de la sociedad en general, donde el valor de la vida parece haber perdido, en términos cualitativos, parte de su significado.

No hay que perder de vista que noticias como la muerte de Cristopher Barrientos también impactan nuestra salud mental y nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de rehumanizar la vida, y no solo sobre la urgencia de ser eficientes, eficaces o productivos desde los primeros días de la práctica profesional, centrando el desempeño en un mero servicio orientado a la productividad y el materialismo.

Cuando estallan casos de violencia —por pequeños que parezcan— hay autoridades de centros de salud que no denuncian estas situaciones y minimizan estas vulneraciones. Esto favorece la escalada de agresiones y externalidades negativas que exponen al trabajador y a la trabajadora de la salud a un mal ambiente laboral y a otras condiciones de riesgo que, si bien no tienen la resonancia de la lamentable partida de Cristopher, son el resultado de una responsabilidad y una obligación que no se ejerce.

Es muy importante conversar y reflexionar sobre el camino para que la seguridad en los centros asistenciales se fortalezca más allá de las frases, documentos o declaraciones formales; reconozcamos de una vez por todas que tenemos un problema serio que enfrentar a nivel estructural, y no solo reaccionar ante nuevos hechos que enlutan a la comunidad de trabajadores de la salud y al país.

Ricardo Ruiz Escalona es Presidente Confederación FENATS Unitaria