Por Juan Medina Torres.- En un fallo unánime la Corte Suprema declaró ilegal la remoción de la subcontralora Dorothy Pérez, decretada en agosto pasado por el contralor Jorge Bermúdez, y ordenó que la funcionaria se reintegrara a sus labores. Sin embargo, la crisis en Contraloría, lejos de desaparecer, continúa, porque el Contralor le restó atribuciones y la cambió de oficina. O sea, genera un cuadro de verdadero acoso laboral, mostrando con ello que la máxima autoridad institucional olvidó lo que significa la Contraloría en el ordenamiento jurídico administrativo de nuestro país.
La Contraloría tutela que la actividad de la administración del Estado se ajuste al ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, y tiene el objetivo de cautelar el principio de legalidad, es decir que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales.
Cuando el Contralor le pidió la renuncia a la subcontralora se olvidó de los escenarios críticos que esa medida tendría y cómo afectarían esos escenarios críticos a la imagen corporativa de la institución, en su misión, visión y valores que la sustentan, afectando con ello la confianza que tiene la ciudadanía en la Contraloría.
Y ahora sigue haciéndolo. Una relación laboral tóxica como la que vive la Contraloría pone en riesgo su desarrollo institucional y muestra lo poco que sabemos de los derechos administrativos que asisten a los funcionarios públicos.
Todos sabemos cuándo comienzan las crisis, pero no sabemos cuándo terminan y, en el caso que nos ocupa, no sabemos su final, porque hasta el momento una parte sigue mostrando más su sentido emocional que racional.
