Obligatorio o voluntario: el análisis pendiente sobre el voto

Por Rodrigo Arellano Falcón.- Desde el retomo a la democracia en 1989, Chile había sido uno de los países con mayor estabilidad política en América Latina. Se han realizado más de 20 elecciones municipales, parlamentarias y generales, y ha sido gobernado por siete presidentes de distintos sectores políticos, todos elegidos en elecciones democráticas. En el mismo periodo, numerosos países han sufrido crisis políticas e institucionales de cierta gravedad. Así ha ocurrido en Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela y Brasil, entre otros. Por el contrario, Chile, hasta octubre de 2019, había sido destacado por los observadores como elemento distintivo debido a su estabilidad institucional y política.

Durante los gobiernos de los presidentes Sebastián Piñera (2010-2014) y Michelle Bachelet (2014-2018) se realizaron reformas políticas. Me atrevo a afirmar que han contribuido a aumentar la “incertidumbre de los actores políticos”, y han generado asimismo una situación de fragilidad institucional que pareciera afectar no solo el comportamiento y la participación electoral, sino también actitudes políticas básicas de los chilenos hacia la democracia como la confianza en la política en las instituciones.

Una de ellas fue en 2009 cuando se aprobó una modificación constitucional que reformaba de manera importante el régimen electoral chileno cambiando el voto obligatorio por uno de carácter voluntario. En 2011, bajo el Gobierno del Presidente Piñera, esta modificación se hizo realidad. El Presidente Piñera declaró estar seguro de que “esta reforma hará que nuestra democracia sea más legítima, más vital, más joven y más participativa”. El 28 de octubre de 2012, en las inmediatas elecciones municipales, la reforma vivió su primera prueba. El protagonista fue la alta abstención electoral: superó las expectativas de todas las encuestas y las estimaciones de todos los analistas: contradijo las palabras que había pronunciado el Presidente hace tan solo unos meses. Este fenómeno se ha seguido repitiendo en todas las elecciones posteriores.

La baja participación de los ciudadanos ha sido una constante en cada una de las elecciones posteriores. La inscripción automática en el censo electoral permitió aumentar la población con capacidad de votar. Si en 2008 el porcentaje con capacidad de votar e inscrito era casi del 70%, en 2012 alcanzaba al 100%. Pero la participación electoral se redujo a menos de la mitad. Si en las elecciones presidenciales de 1989 participó un 98% de la población con capacidad de votar -es decir, de la que se registró voluntariamente para hacerlo-, en las consultas celebradas con posterioridad a la reforma de 2011 los participantes se han reducido de manera extraordinaria: han estado en torno al 45% en promedio.

En la actualidad, y a las puertas de un nuevo ciclo electoral algunos legisladores, han planteado la vuelta al voto obligatorio ya la inscripción voluntaria. De hecho, el plebiscito de salida del proceso constituyente tiene contemplado voto obligatorio. La propia ex Presidenta Bachelet señaló que había cambiado su opinión con respecto a esta reforma: “Yo antes creía que era importante el voto voluntario, porque obligaba alas fuerzas políticas a tener estrategias atractivas para que a la gente le dieran ganas de ir a votar, y yo creía que a los chilenos les encantaba ir a votar, pero parece que era porque estábamos obligados a ir a votar”.

Parece, entonces, razonable analizar esta modificación, pero no ad portas de un proceso electoral, ya que toda discusión queda con un marcado sesgo y no con los análisis técnicos que corresponde a un cambio de esta envergadura. El desafió de la clase política, más allá de los ajustes legales, es lograr motivar no solo por medio de me sino que con un actuar coherente a las necesidades de los chilenos quieren acuerdos y avanzar en la solución de sus problemas reales. Esto no se soluciona con un cambio en las reglas electorales. Se soluciona con un cambio en la forma de hacer política. Este es el desafío que deberán interpretar los actores de este nuevo ciclo político.

Rodrigo Arellano es abogado y director de Experiencia y Desarrollo Estudiantil en Universidad del Desarrollo