Por Neftalí Carabantes.- Gendarmería de Chile informó la detención de 12 funcionarios a lo largo del país por investigaciones vinculadas a tráfico de drogas, cohecho y otros delitos. El desbaratamiento de esta red revela la profunda crisis que atraviesa la institución, cuyo personal debe lidiar diariamente con un agobiante hacinamiento carcelario, hechos de violencia, una carrera profesional riesgosa y angustiante, así como una creciente criminalidad al interior de los recintos penitenciarios.
Estos factores sitúan al sistema penitenciario chileno al borde del colapso, lo cual debiera interpelarnos a una acción urgente.
Según datos de la propia institución, en 2020 el país contaba con 38.297 personas privadas de libertad. Para septiembre de 2025, la cifra aumentó a 63.281 internos. La evidencia institucional constata la existencia de cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles, de las cuales al menos 600 estarían activas perpetrando delitos.
A ello se suma que la tasa de ocupación penitenciaria alcanzó un 129 %, y que más del 50 % de los penales está sobrepoblado. Peor aún, 16 cárceles superan el 200 % de su capacidad, lo que confirma la presencia de factores críticos que podrían detonar una crisis sin precedentes en la historia penitenciaria de Chile.
En el plano intramuros, la población penal ha ido modificando su fisonomía conductual: reclusos más agresivos, indolentes, muchos de ellos extranjeros, han introducido prácticas delictivas más violentas como la extorsión, la tortura y el reclutamiento criminal entre internos y facciones organizadas. Este fenómeno ha sido documentado en análisis recientes sobre la ausencia de una Ley de Ejecución de Penas y la falta de gobernanza efectiva en el sistema.
No cabe duda de que, en el Chile actual, el encarcelamiento tiende a promover el delito más que a disuadirlo. Las personas reclusas adquieren nuevas habilidades delictivas y generan redes funcionales tanto dentro como fuera de la cárcel. Así, la prisión se convierte en un título honorífico dentro de la carrera criminal, que abona el camino hacia la reincidencia y debilita cualquier intento de resocialización.
En este escenario distópico, se vuelve imperioso acometer una reforma profunda a la gobernanza penitenciaria. Esta debería incluir:
Solo así podremos avanzar hacia un sistema que deje de ser la universidad del delito y la casa matriz del crimen organizado, y se convierta en un espacio de justicia, seguridad y reinserción.
Neftalí Carabantes Hernández es director del Centro en Estudios en Seguridad, U. Central y ex subsecretario de Carabineros
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