Escándalo en Justicia: cayó el que habló, se queda el que decidió

El respaldo presidencial al ministro de Justicia profundiza una crisis que exige responsabilidades políticas y respuestas para las víctimas. La lealtad a un colaborador no puede pesar más que el deber de protegerlas.

Por Miguel Mendoza Jorquera.- En La Moneda, las responsabilidades parecen tener un orden bastante particular. Luis Silva publicó un video sin avisar y perdió el cargo. Fernando Rabat conserva el Ministerio de Justicia y la confianza de José Antonio Kast.

Uno supondría que la gravedad de las decisiones determinaría sus consecuencias. Por ahora, parece indispensable equivocarse por el conducto regular.

Según la explicación del portavoz del Gobierno recogida por El País, Silva salió por difundir el video sin informar previamente, no por firmar los decretos. En ese registro había señalado que actuó siguiendo el criterio de Rabat. La disciplina comunicacional encontró una sanción inmediata; la conducción ministerial, respaldo presidencial.

Pero el problema tiene una gravedad que ninguna vocería puede disimular. Las rebajas beneficiaron a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. BioBioChile identificó a 33, todos en libertad, y documentó que entre los favorecidos había personas cuyos informes advertían un alto riesgo de reincidencia. Esa información exige respuestas sobre las decisiones adoptadas y las medidas de protección para las víctimas.

Para un gobierno que hizo de la mano dura y la protección de la familia sus principales credenciales, la contradicción es brutal. La firmeza frente al delito también se demuestra asumiendo las consecuencias de las decisiones propias. De lo contrario, termina siendo una virtud reservada para los discursos.

La crisis, además, acompañó a Kast en su gira europea. En España, El País publicó un titular demoledor: «El ministro de Kast que bajó las condenas a 56 pederastas: “No he pensado en renunciar”». El mandatario que prometía mano dura aparece en la prensa internacional asociado a beneficios que permitieron liberar anticipadamente a agresores sexuales de menores. Toda una carta de presentación para su gira. Con tantos asesores cuidando la imagen presidencial, cuesta imaginar cómo sería el resultado sin ellos.

Kast reconoció un error y mantuvo a Rabat. Desde entonces, la continuidad del ministro compromete directamente su juicio político. Cada día que lo sostiene renueva ese respaldo. Las preguntas, inevitablemente, también llegan a su escritorio.

Aquí corresponde mirar al segundo piso. Alejandro Irarrázaval, Cristián Valenzuela y Felipe «Yeti» Costabal tienen responsabilidades centrales en la asesoría y las comunicaciones presidenciales. Su influencia también debe someterse a evaluación.

Entre el Yeti y Valenzuela, en su papel de Rasputín de esta corte política, uno esperaría algún consejo más útil que resistir hasta que cambie la noticia. Si el objetivo era proteger al mandatario, convendría revisar la garantía: Rabat conserva el cargo y Kast acumula el costo.

Irarrázaval debería recordar que asesorar incluye discrepar y recomendar cambios incómodos. Para asentir en las reuniones siempre habrá voluntarios. Advertirle al presidente que su lealtad a un colaborador está dañando al Gobierno requiere algo más de carácter.

Tampoco basta con invocar a la Corte Suprema. Su presidenta recordó que fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos. Corresponde explicar qué decisiones judiciales obligaban a actuar, en qué casos y con qué alcance. Nombrar al máximo tribunal no reemplaza esa explicación.

Lo mismo vale para el gobierno anterior. Si existen responsabilidades previas, deben esclarecerse. Pero llevan más de siete meses gobernando. La banda presidencial no incluye una cláusula para atribuir indefinidamente los errores al ocupante anterior.

La derecha conoce perfectamente el lenguaje de la responsabilidad política. Lo utilizó con dureza frente a los indultos de Boric vinculados al estallido social, especialmente por los beneficiados con antecedentes previos, como Luis Castillo. También exigió responsabilidades superiores por el manejo gubernamental del caso Monsalve. Entonces entendía que las explicaciones administrativas no agotaban el problema.

Son casos distintos, por supuesto. La comparación está en el estándar exigido a quienes gobiernan. Resulta curioso que algunos de los que ayer reclamaban consecuencias inmediatas hoy hayan descubierto tantos matices. La coherencia empieza precisamente cuando aplicar el mismo criterio incomoda a los propios.

La torpeza del Ejecutivo también tuvo un efecto político: le entregó a la oposición un objetivo común. Los partidos coordinan una acusación constitucional contra Rabat y buscan apoyos incluso fuera de sus filas. Su aprobación no está asegurada, pero el Gobierno debe esforzarse en ordenar a su propio sector para defenderlo.

Una izquierda con dificultades para articularse encontró un punto de encuentro: Rabat. Toda una contribución del Gobierno a la unidad opositora. Mientras sus asesores intentan cerrar la crisis, la insistencia en sostener al ministro les ofrece a sus adversarios una razón para mantenerla abierta.

Pero sería igualmente miserable reducir este asunto a quién gana una votación o pierde un cargo. El centro son las víctimas, que pueden volver a encontrarse con sus agresores libres en la calle. El País recogió el caso de una persona que se enteró por televisión de la liberación de quien la había agredido. Cuesta pensar en una demostración más dolorosa de la distancia entre los procedimientos del Estado y la vida de quienes debía proteger.

¿Qué protección efectiva tienen esas personas? ¿Qué medidas se adoptaron frente a los riesgos de reincidencia y para resguardar a los demás? El Gobierno debe responder con hechos y con la misma diligencia que dedica a defender la permanencia de su ministro.

Ahí está la falta de tino más profunda: pedir comprensión para las dificultades del poder mientras las víctimas necesitan tranquilidad para salir de sus casas. Bastante tuvieron que enfrentar como para escuchar ahora lo complicado que resulta asumir responsabilidades.

Kast necesita un cambio de gabinete y revisar su segundo piso. La nueva conducción debe esclarecer las decisiones, asumir sus consecuencias y ofrecer protección verificable. Ninguna reorganización tendrá sentido si la primera preocupación sigue siendo salvar a quienes ocupan los cargos.

La amistad merece respeto. La lealtad también. Pero, presidente, ¿pesan más que el bienestar de las víctimas y del propio país? ¿Qué razón justifica seguir gastando autoridad en esta defensa mientras permanecen abiertas preguntas tan elementales?

Quienes decidieron deben responder. Quienes respaldan deben hacerse cargo. La primera lealtad de un mandatario es con sus ciudadanos, especialmente con aquellos a quienes el Estado tiene el deber de proteger.

Después de más de siete meses gobernando, eso ya debería formar parte del trabajo.

¿O es muy tonto lo que digo?

Miguel Mendoza Jorquera – MBA.