Un fallo de la Corte Suprema ordena a la Municipalidad de Santiago la recuperación del Parque San Borja, destaca el presidente de la Fundación Cerro San Cristóbal.
Por Juan Medina Torres.- Fiestas hasta altas horas de la noche, espacios abandonados, mobiliario destruido, inseguridad y microtráfico.
Esos fueron algunos de los hechos que motivaron a los vecinos del Parque San Borja a recurrir a la Corte Suprema para recuperar su parque y la calidad de vida a la que, como ciudadanos, tienen derecho.
En un fallo pronunciado por la Tercera Sala del máximo tribunal de justicia, se dispuso que la Municipalidad de Santiago deberá adoptar en un breve plazo -y previas coordinaciones que correspondan- un plan de medidas y seguimientos, que procure la protección eficiente e integral de los vecinos del Barrio San Borja, quienes han visto amagados sus derechos en los términos expresados en este fallo, con miras a morigerar y evitar la subsistencia de las condiciones denunciadas, otorgando una respuesta al problema planteado.
Lo anterior indica que la Municipalidad de Santiago no ha aplicado las medidas que se encuentra facultada de adoptar, conforme a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y Ordenanzas Municipales.
La movilización de los vecinos es un claro ejemplo de pertenencia. Los habitantes del sector acusaron el estado de descuido, deterioro y mal uso del Parque San Borja y la Plaza de Carabineros por parte de terceros.
Muchas veces los vecinos denunciaron que la instalación de carpas, cocinerías, acumulación de desechos, entre otros, afecta la calidad de vida y ponen en riesgo sanitario a los vecinos del sector, enfatizando la omisión por parte de la Municipalidad de Santiago en sus deberes de fiscalización y ejercicio de sus facultades de control.
Anteriormente, la Corte Suprema ya había ordenado a la Municipalidad de Santiago y a la Delegación Presidencial Regional Metropolitana a adoptar medidas para dar solución a la presencia de personas en situación de calle en el Parque Portales, el cual también experimenta condiciones de serios deterioros.
Lo anterior refleja la ausencia de acciones concretas por parte de las autoridades políticas y administrativas, observándose la falta de celeridad en la tramitación de las distintas acciones legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que protegen las garantías constitucionales que se han visto amagadas por las situaciones denunciadas.
Juan Medina Torres, periodista, Presidente de la Fundación Cerro San Cristóbal
