Por Diego Salazar.- El día después de las elecciones un conocido periodista peruano, que lleva meses intentando tranquilizar a los empresarios del país asegurándoles en exposiciones privadas que la candidata a la presidencia Keiko Fujimori ganará la segunda vuelta, escribía que si el otro candidato, Pedro Castillo, llega a ganar, “habrá que dar la batalla para que se respete el resultado” y los “sectores termocéfalos de la derecha (civiles y militares)” no intervengan. Esto sucedía mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seguía contando votos en una elección que podría definirse por menos de un punto porcentual de diferencia. Sin embargo, en el párrafo siguiente de su columna, el periodista planteaba que “cabría un ‘golpe restaurador’ si Castillo se aparta de la Constitución, aplasta las instituciones democráticas y nos pretende llevar a la deriva venezolana”.
Parecería que el periodista ha olvidado que en el Perú existen todavía instituciones como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, e incluso el cuestionado Poder Legislativo, responsables de vigilar y hacer cumplir el Estado de derecho. Y que esas instituciones no desaparecerán súbitamente gane quien gane las elecciones. Dar el salto inmediato a un “golpe restaurador” ante una posible amenaza de parte del Ejecutivo no parece necesariamente responsable. Menos cuando se tiene el oído de buena parte de la élite empresarial del país.
No es, por cierto, el primero que advierte —o sugiere tímidamente— la posibilidad de un golpe de Estado. Lo hizo el propio Mario Vargas Llosa hace un mes y medio, en la ya famosa columna donde pedía el voto para Keiko Fujimori. Escribe ahí el premio Nobel que tenía “el convencimiento absoluto de que si Castillo, con semejantes ideas, llega a tomar el poder en la segunda vuelta electoral, dentro de un par de meses, no volverá a haber elecciones limpias en el Perú”. Y que, si eso ocurría, “significará probablemente un golpe de Estado militar a corto plazo en el Perú”.
Redoblaba la apuesta poco después el diario Perú21, propiedad de la principal empresa de medios del país, el Grupo El Comercio, que ha tenido un papel más que cuestionable como propagandista de la candidatura de Fujimori a lo largo de la campaña por la segunda vuelta. Papel criticado de forma pública, incluso, por periodistas de la empresa. El jueves 3 de junio, el diario llevaba en la portada de su edición impresa un artículo que advertía sobre “los riesgos políticos del comunismo que hoy se promueve”. El artículo venía ilustrado con una fotografía del dictador chileno Augusto Pinochet junto al presidente Salvador Allende, apartado del poder debido a un golpe militar dirigido por el primero, y que se tradujo en una sangrienta dictadura que se prolongó por casi 17 años.
Por si la conexión no estaba clara, la nota interior indica que “las medidas de Allende provocaron el levantamiento de las Fuerzas Armadas en Chile”. En otro momento, el mismo artículo señala: “La causa de esa sublevación militar no fue una sola, pero el modelo socialista que aplicó Allende en el país sureño, en plena Guerra Fría, alteró el sistema económico de entonces que regía en Chile —y alteró las relaciones con Estados Unidos—, sobre todo cuando empezó con las expropiaciones y la estatización de industrias que eran consideradas ‘estratégicas’ para la economía. Un ejemplo que Castillo ha prometido seguir”. Advertidos estamos. Por supuesto, la irresponsabilidad general no se quedó ahí. No solo de “probables” golpes militares vive la insensatez de algunos actores políticos peruanos.
La noche del domingo 6, luego de que el sondeo a boca de urna otorgara una pequeña ventaja a Fujimori, Castillo publicó un primer llamado en su cuenta de Twitter: “Desde Tacabamba le pido a nuestros personeros y personeras estar atentos a defender cada voto. Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a las calles para estar vigilantes en la defensa de la democracia. #ADefenderElVoto”. ¿Por qué habría que salir a la calle a vigilar una votación que ya ocurrió?
Momentos después, tanto el candidato como su partido publicaron un comunicado en el que pedían “la garantía constitucional del debido conteo de votos” y “el escaneo de las Actas (sic) para comprobar una por una”. Como si el “debido conteo” no estuviera garantizado (no ha habido evidencia alguna de fraude en elecciones pasadas desde la vuelta a la democracia en 2001) y las actas no estuvieran escaneadas y a disposición de quien quiera revisarlas en la página web de la ONPE.
Sin embargo, la cumbre de la irresponsabilidad llegó la tarde del lunes 7. Fujimori convocó a una rueda de prensa, donde compareció, junto a dos miembros de su equipo, para echar sombras sobre la votación ocurrida el día anterior y decir, con todas sus letras, que hay indicios de un “fraude en la mesa”. Para sustentar su denuncia, la candidata y su equipo mostraron unos pocos ejemplos de presuntas “irregularidades”, algunas de las cuales ya estaban siendo investigadas por los organismos responsables.
Como dijo Carl Sagan, “las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria”. Los presuntos “indicios” presentados por Fujimori y su equipo no alcanzan, ni por asomo, esa categoría. Esto, por supuesto, no ha sido obstáculo para que la candidata y algunos de sus aliados opten por poner en duda el proceso electoral, con el recuento de votos aún en curso —y con Castillo manteniendo, de momento, una ligera ventaja— y, de esa forma, agudizar aún más la grave crisis política que atraviesa el país. La irresponsabilidad y frivolidad es tal, que el equipo de campaña del partido fujimorista lanzó un hashtag #fraudeenmesa para que la ciudadanía haga llegar sus “denuncias”.
En el colmo de la irresponsabilidad, algunos medios de comunicación, como Canal N, también propiedad del Grupo El Comercio, se sumaron a la campaña compartiendo el hashtag en sus redes sociales. Al igual que su padre, el también escritor Álvaro Vargas Llosa ha apoyado de forma activa y fervorosa la candidatura de Fujimori. Cuando ese apoyo ha sido cuestionado, el hijo del Nobel ha repetido en numerosas ocasiones que la candidata se ha comprometido varias veces a respetar la democracia y las instituciones de nuestro país, y que “el Perú no permitiría que incumpla su promesa”. Ese Perú, me imagino, lo incluye a él, quizá el más activo promotor de la campaña fujimorista durante la segunda vuelta.
Lastimosamente, me queda claro que, como tantos otros que irresponsablemente han decidido abrazar la bandera del “fraude” denunciado por Keiko Fujimori, la democracia que le importa defender es aquella en donde gana, a como dé lugar, su candidata. Y esa, por si hace falta decirlo, no es la democracia de todos los peruanos.
