No creo que conceptualmente debamos, como país, pagar a las empresas generadoras eléctricas, toda vez que el costo de una crisis debe ser asumido por todos. Y, en caso que se asuma alguna obligación, en ningún caso se deben pagar intereses, afirma José María Vallejo.
Por José María Vallejo.- Me ronda desde hace un tiempo la idea de que los chilenos no tenemos ninguna deuda con las eléctricas y no tendríamos por qué pagar el alza en las cuentas de la luz que se nos ha impuesto a partir de julio.
Sabemos que el tema es complejo, pero hay muchas cosas que no se han dicho y promesas que no se han cumplido.
El primer hecho es que el congelamiento de tarifas de 2019, después del estallido, fue sobre los precios de distribución, y se estableció que se mantuvieran los Precios Nudo (los que cobran las generadoras) que estaban vigentes desde el año anterior y que tocaba reajustar. Lo que determinó la ley 21.185 fue la creación de un Precio Estabilizado a los Clientes regulados de la electricidad, pero no era un perdonazo a los clientes, pues se estableció un fondo de más de US$1.300 millones destinado a pagar los saldos no recaudados por las empresas. De manera que, si bien se generaba una “deuda”, se iba amortizando con ese fondo.
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Alza de tarifas eléctricas: “Honorable vergüenza”
En 2022, tras tres años de crisis económica por las consecuencias del estallido y luego de la pandemia, el gobierno de Gabriel Boric prorrogó el mecanismo, inyectándose otros US$2 mil millones al fondo, y generando alzas en las cuentas de la luz de aproximadamente un 10% a los clientes menores a 250 KWh, y a los grandes clientes (por encima de los 500 KWh) un techo de alza de 15%.
En esa modificación legal, se prometió un mecanismo de alzas graduales hasta 2032, y un fondo de estabilización que llegaría a los US$5,5 mil millones.
Ahora, dos años después, supuestamente se superó esa cifra y se hace necesario pagar la “deuda” a las eléctricas.
Tengo, sin embargo, algunas dudas y aprensiones:
1) Los congelamientos -y eventuales deudas- se debieron a una situación de crisis, agudizada con la pandemia. Todo el país estuvo en crisis. ¿Sólo los ciudadanos debemos pagar esa crisis? ¿Por qué las empresas no pueden asumir una parte de ella si operan en el mismo país y son un servicio público?
En mi opinión, en estado de crisis, todos asumen sus costos. Las decisiones en torno a congelar tarifas -que se tomaron con razones fundadas- no pueden afectar sólo a los consumidores. Más aún en los años posteriores al estallido -pandemia y guerra en Ucrania incluidas-, cuando la crisis económica se profundizó a niveles parecidos a 1981 en lo referido a poder adquisitivo.
2) ¿En virtud de qué principio se estipula que la “deuda” con las empresas eléctricas debe pagarse en un plazo tan corto? ¿Qué pasó con las alzas programadas paulatinamente hasta 2032? No ha habido absolutamente ninguna explicación sobre este asunto.
Inexplicablemente a principios de 2024 se eliminaron todas las barreras para las alzas y se determinó que se comenzarían a aplicar a partir de julio, en vez de ser paulatinas, dejando sin efecto todas las salvaguardas para proteger a los ciudadanos que el mismo gobierno había determinado dos años antes. Su propia promesa, por el suelo.
3) ¿Cuánto de lo adeudado son sólo intereses? ¿Quién los negoció? ¿Alguna vez se transparentaron a los chilenos los intereses por esta ”deuda”?
No, al contrario, el cálculo de tarifas para la voltereta de principios de este año no dejó registros, particularmente de las asesorías privadas que recibió el ministerio de Energía. Este es un tema sumamente relevante, dado que la promesa en el mensaje que creó la Ley 21.185 de 2019 era que el congelamiento de las tarifas no devengaría intereses por lo menos hasta 2026.
Muy lejos de ello, “alguien” negoció un interés de 1,5% mensual, lo que hace que la deuda suba US$3 millones diariamente, es decir, US$90 millones al mes. Eso significa una tasa de 18% anual, muy superior al Interés Corriente aplicable, por ejemplo, a la mayoría de las operaciones financieras, según determinó la Comisión del Mercado Financiero.
4) La esencia de un Fondo de Estabilización de Precios, tal como ocurre con los combustibles, es que se favorece a los clientes finales con un “colchón” que amortigüe los impactos de las fluctuaciones y alzas desmedidas, funcionando del mismo modo como operan los subsidios en la economía. ¿Cómo, de pronto, se les hace tan imperativo quitar ese apoyo? ¿Por qué no se quita, por ejemplo, en el transporte público de Santiago o en los precios de los combustibles?
En resumen, no creo que conceptualmente debamos, como país, pagar a las empresas generadoras, toda vez que el costo de una crisis debe ser asumido por todos. Y, en caso que se asuma alguna obligación, en ningún caso se deben pagar intereses (pues se prometió que no los habría) ni hacerlo en período tan acotado.
