Miguel Mendoza analiza las infracciones del fiscal Cooper y las redes de ProCultura y su fundador, Alberto Larraín, que llegan hasta La Moneda.
Por Miguel Mendoza Jorquera.- A veces, la línea entre buscar la verdad y pasar por encima de la ley es más delgada de lo que quisiéramos admitir. El caso ProCultura lo demuestra con brutal claridad. Mientras se hablaba de corrupción, fundaciones y tráfico de influencias, nadie anticipó que uno de los giros más inquietantes de este episodio vendría no desde la política, sino desde el propio sistema de justicia.
El fiscal Patricio Cooper, hasta hace poco a cargo de la investigación, cruzó esa línea. Intervino un número telefónico que no correspondía al imputado —Alberto Larraín—, sino que pertenecía a su ex esposa. Lo más grave: una de las escuchas interceptó nada menos que al Presidente de la República. Y Cooper lo supo. Pero no detuvo la grabación. La escuchó. La filtró. Y con ello, quebró una barrera que el Estado de Derecho no puede permitirse ignorar.
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La jueza Myriam Urbina, desde la Corte de Apelaciones de Antofagasta, fue enfática: hubo un atentado a los derechos fundamentales, un uso abusivo de las herramientas de persecución penal. No fue un error técnico. Fue una decisión. Y la prensa, como tantas veces, se transformó en canal de filtración, amplificando una ilegalidad que jamás debió ocurrir.
Y lo más grave no fue sólo la escucha: fue la filtración. Lo que se le critica con mayor severidad a Cooper es que esas conversaciones privadas entre el Presidente Gabriel Boric y la ex esposa de Larraín no aportaban absolutamente nada a la investigación penal. No contenían información relevante sobre delitos, ni antecedentes útiles para el caso.
Aún así, se compartieron con medios y se instalaron en la agenda pública. ¿Por qué? ¿Con qué fin? El costo institucional fue altísimo. La transgresión de la intimidad presidencial, sin justificación procesal, deja una herida profunda en la confianza entre poderes del Estado.
Ahora bien, sería ingenuo negar que Cooper intentaba investigar un entramado real de corrupción. Las fundaciones, con sus vínculos opacos, operaban como instrumentos ideológicos financiados con fondos públicos.
Y aquí emerge con fuerza el nombre de Alberto Larraín. Psiquiatra, ex asesor ministerial y rostro visible de causas sociales en salud mental y cultura. Pero también un hábil constructor de poder. Larraín no solo fundó ProCultura, sino que logró hacerla parte del entramado público-privado de transferencias estatales, con una narrativa perfectamente calibrada: inclusión, patrimonio, descentralización, arte como herramienta de cohesión social. Supo conquistar espacios en gobiernos de distinto color político, aunque su proyección creció con fuerza durante esta administración.
Pero lo más relevante no fue el contenido de sus proyectos, sino su capacidad de instalarse como “intocable”. Larraín supo hacer de la causa cultural una coraza. Estaba bien relacionado con ministros, con parlamentarios, con líderes de opinión. Se movía con naturalidad entre ONGs, universidades, plataformas ciudadanas, organismos internacionales y, lo más sensible, estructuras de gobierno local. No necesitaba ser funcionario: era mejor estar en la sombra, en el entorno, en la línea gris donde nadie audita. Su figura emergía como un puente entre lo técnico y lo político, entre lo ideológico y lo institucional. En esa zona ambigua, floreció. Y por eso mismo, hoy cuesta tanto que alguien asuma responsabilidad por haberle abierto las puertas.
El caso no es aislado. Hay un patrón que inquieta: convenios con fundaciones, triangulaciones de dineros públicos, actores cercanos a círculos de poder. Lo vimos también en el fallido negocio de Sierra Bella, donde la Municipalidad de Santiago intentó adquirir una clínica con sobreprecio, y donde aparecieron nombres como la ex alcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, que aún deben responder por sus roles. La opacidad se repite con rostros distintos, con la misma fórmula.
Pero, lograr la Verdad, ¿es excusa para torcer el estado de derecho?
En ese intento, Cooper creó un precedente peligroso. Si hoy es ilegal intervenir al Presidente, ¿mañana lo será hacerlo con un narco o un terrorista? ¿Cuántos abogados, defensores y tribunales invocarán este caso para anular interceptaciones clave en crímenes graves? En nombre de la justicia, se dio un paso irresponsable. Y lo más preocupante es que desde la Fiscalía Nacional —encabezada por Ángel Valencia— el control institucional llegó tarde, y por presión. Sólo entonces se apartó a Cooper, cuando el escándalo ya se había desbordado.
Valencia, por cierto, no es un personaje neutro en esta historia. Su reunión con el abogado Luis Hermosilla y el ex ministro Andrés Chadwick fue una señal de alerta. Pero hay más. Su cercanía con el ministro Elizalde —pieza clave del comité político del gobierno— genera inquietud sobre su autonomía real. ¿Se puede investigar al poder cuando se está tan cerca de él? ¿Puede la Fiscalía actuar con libertad cuando sus redes se enredan con quienes hoy ocupan el gobierno?
Y hablando de poder, la cuenta pública que el presidente Boric prepara para el 1 de junio se avecina como un momento incómodo. ¿Con qué legitimidad podrá hablar de transparencia, probidad o “Estado social de derechos”, cuando su administración no supo prevenir —ni enfrentar con claridad— el descontrol de las fundaciones? ¿Cómo defender la fortaleza del Estado si ni siquiera puede garantizar que su máxima autoridad no sea intervenida por error… y espiada de paso?
El Frente Amplio, que prometía cambiar la política desde la ética, hoy parece más dispuesto a blindarse que a asumir. La presidenta del FA, Constanza Martínez, declaró —con razón— que se han vulnerado derechos. Pero su voz se alzó sólo cuando los afectados estaban dentro de su sector. Antes, silencio. Hoy, victimización.
El problema no es solo legal. Es moral. Es político. Es estructural. Si el sistema de justicia permite escuchas ilegales por «error», si los fiscales se sienten autorizados a violar la privacidad con tal de probar su tesis, si las instituciones del Estado son utilizadas como botín partidista, entonces el Estado deja de protegernos para comenzar a vigilarnos.
Y si eso pasa, si el fin empieza a justificar todos los medios, entonces no habrá Larraín ni Cooper ni Valencia que pueda detener el daño. Solo quedará el vacío: el de una democracia donde ya nadie sabe quién es el garante y quién es el culpable.
Miguel Mendoza Jorquera, Tecnólogo Médico, MBA, conductor del programa Manos Libres de ElPensador.io
