ElPensador.io.- Un “gran acuerdo nacional”, propone un grupo de más de 260 profesionales y personalidades de la ex Concertación para poner fin a una crisis nacional que, aseguran, afecta la convivencia y los derechos y seguridad del pueblo.
“Ya hay demasiado odio y desconfianza, es hora de ponerles fin y evitar un lacerante enfrentamiento”, dice la declaración, que firman, entre otros el escritor Cristián Warnken, Soledad Alvear, Pepe Auth, Mariana Aylwin, Sergio Bitar, Jorge Burgos, José Joaquín Brunner, Juan Carvajal, Enrique Correa, Matías de la Fuente, Óscar Guillermo Garretón, Osvaldo Puccio, Ernesto Tironi, Jaime Tohá, Gutenberg Martínez, Ernesto Velasco, Fulvio Rossi, José Antonio Viera Gallo, Ignacio Walker y Hernán Vodanovic.
La propuesta de acuerdo contiene tres ejes: un programa de reformas sociales cuyo principal eje es un cambio sustancial en el sistema de pensiones y en el sistema de salud; el fin de la violencia que, advierten, pone en riesgo el proceso constituyente y la misma votación plebiscitaria de abril próximo; y una preocupación por el crecimiento económico con énfasis en la necesidad de terminar con la desigualdad.
“Orden público no es sinónimo de represión incontrolada, propia de las dictaduras; es la facultad de control y contención para proteger el uso seguro del espacio público, deteniendo violencia, destrucción y pillaje”, establecen los firmantes.
A continuación la declaración completa y la lista de firmantes
ES TIEMPO DE UN URGENTE ACUERDO NACIONAL
Chile tiene hoy una nueva oportunidad: dar un salto histórico en su desarrollo como nación democrática: crear una carta constitucional con el pueblo como única fuente de soberanía y legitimidad.
Somos 14,7 millones de chilenas y chilenos habilitados para votar, nosotros tenemos la última palabra para decidir sobre el futuro constitucional de la nación. Es un momento que convoca y motiva a todas las generaciones, todas las visiones ideológicas, todas las culturas, todos los estratos sociales que componen la sociedad. Todos unidos para construir nuestra casa común.
En democracia, los acuerdos entre adversarios políticos o sociales son legítimos y deseables cuando por sobre las diferencias se yerguen las razones del bien común. Es el caso de Chile hoy, donde se enfrenta una crisis que afecta la convivencia democrática y afecta también los derechos y seguridad del pueblo que cada uno dice representar.
Habrá quienes se resten o se opongan a un Acuerdo Nacional, movidos por la estrategia de la confrontación y de la polarización como vías para sus discutibles proyectos políticos. Ellos deben explicar por qué ponerse de acuerdo en política, de manera clara y transparente, sería una vergonzosa componenda o una “cocina”, como se han motejado los consensos logrados en el crítico escenario social de hoy, acuerdos que en el pasado hicieron posible aunar el esfuerzo de millones de chilenas y chilenos para derrotar a la dictadura y lograr la consolidación de la frágil y reciente democracia recuperada. Esos consensos permitieron los avances históricos que, con sus límites y errores, erradicaron sustancialmente la pobreza y modernizaron el país.
Las fuerzas políticas y sociales democráticas deberían partir de nuestra historia reciente y reflexionar sobre la conveniencia y oportunidad de un Acuerdo Nacional, pensar la política como arte de encontrar puntos de entendimiento en pro del bien superior de Chile y su pueblo. Ya hay demasiado odio y desconfianza, es hora de ponerles fin y evitar un lacerante enfrentamiento..
NUESTRA PROPUESTA
Proponemos el Acuerdo Nacional 2020-2022 en torno a tres puntos esenciales:
Es de consenso general que las condiciones económicas y sociales de amplios sectores vulnerables de la población, además sometidos a cotidianos abusos, son ya intolerables en un país que goza de buenos índices de crecimiento y fortaleza económica en los últimos 30 años. Las demandas sociales han sido una de las causas esenciales de la crisis que nos aqueja.
Las medidas de la agenda social que se han ido implementando han sido positivas pero limitadas. Por ello es que se hace necesario, para responder a las expectativas de la ciudadanía por una mayor seguridad social, dar pasos hacia un programa de sólidas reformas para los próximos años, que contemplen acciones concretas que den respuesta a la demanda de mayor igualdad social.
La ciudadanía tomó conciencia de las graves carencias sociales que aún afligen a gran parte de la población. La vejez pobre, una grave enfermedad, una imprevista cesantía o la angustia por las deudas obligadas, se han transformado en fuentes de ansia y temor para quienes están expuestos en condiciones de vulnerabilidad frente a estos males.
No se puede aplazar más una reforma profunda al sistema de pensiones en Chile, son muchos los ancianos que sufren y a quienes la sociedad y el Estado les deben protección. No se puede continuar con ingresos mínimos en eterna discusión, se debe avanzar con todos los medios disponibles para mejorar de verdad los salarios de millones de trabajadores que luchan por una vida económicamente tranquila. No es posible bajar los brazos ante las inaceptables carencias en la salud de tantas chilenas y chilenos que merecen una atención a la altura de un país que muestra índices macroeconómicos notablemente positivos. Estas y otras reformas deben poner de acuerdo a la política, a la empresa, al mundo del trabajo, a las instituciones del Estado y a las fuerzas que pueden cambiar la realidad social de nuestro país.
El cuadro actual de persistente violencia debilita la democracia y pone en serio riesgo la prosecución pacífica del itinerario del proceso constituyente y amenaza la realización del plebiscito del 26 de abril y, de mantenerse en el tiempo, la propia convivencia y cohesión nacional.
El orden público es una función inherente a todo Estado, cualquiera sea su sistema político. Sin seguridad, tranquilidad y normas de convivencia no sería posible la vida en comunidad ni el Estado de derecho: el arbitrio, la barbarie, la anarquía y el poder del más fuerte, transformarían la vida ciudadana en permanente sufrimiento y la democracia estaría en continua zozobra. Orden público no es sinónimo de represión incontrolada, propia de las dictaduras; es la facultad de control y contención para proteger el uso seguro del espacio público, deteniendo violencia, destrucción y pillaje.
Para esta función propia y exclusiva del Estado han de entregarse precisas y firmes directivas políticas que incluyan la formación, los procedimientos, instrumentos y recursos para una mayor eficiencia de las fuerzas de orden público, siempre en el más estricto respeto de los derechos humanos de las personas que se manifiestan, especialmente de aquellas que son detenidas en el curso de la contención policial.
Es hora de decir basta a todo tipo de violencia -para pasar a la ofensiva política- tomando medidas responsables, eficaces y consensuadas para lograrlo. No hacerlo hoy, significa prolongar un cuadro que podrá tener graves consecuencias en la confianza pública, favoreciendo a quienes les incomoda la democracia y, a quienes les favorece el debilitamiento de la institucionalidad y que justifican la violencia o callan ante ella.
Mayor bienestar y seguridad social requieren de recursos que sólo una economía fuerte puede otorgar.
Demandar mayor gasto social es fácil y popular; más complejo (y responsable) es proponer y concordar los medios por los cuales los recursos públicos estarán disponibles para aliviar la economía personal y familiar de las personas que requieran apoyo solidario.
No sólo debemos enfrentar la cesantía de 300 mil trabajadores, el freno a las inversiones, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, el incremento de la deuda pública y, en general, la incertidumbre nacional e internacional respecto de Chile, factores que ponen en grave riesgo los ingresos derivados de una sana economía; sino también los desafíos que impone el avance tecnológico, la dura realidad de la sequía, el desarrollo desigual entre el centro y las regiones, la estructura productiva del país, entre otros acuciantes problemas.
El Acuerdo Nacional debe tener al crecimiento y solidez de la economía como puntos en los cuales hay que concentrar la voluntad de diálogo y llegar a consensos que convoquen con seriedad a los principales actores de este pacto. Es una buena oportunidad para ello, la crisis ha instaurado nuevas visiones y sensibilidades acerca de cómo contribuir al crecimiento del país, en el cual haya una mejor justicia y bienestar para todos.
NUESTRO LLAMADO
Así como el 15 de noviembre se abatieron los muros de la intransigencia ante el peligro inminente que amenazaba a la democracia de nuestro país, hoy las fuerzas genuinamente comprometidas con el sistema democrático y republicano, deben oponer un frente unido, no sólo ante quienes persisten en la violencia política y delictual, sino también para acordar y poner en marcha un inaplazable programa de relevantes reformas para los próximos años, especialmente en paralelo al periodo constituyente.
Nuestro llamado se dirige a producir otro momento de concordia, a aprovechar la enorme fuerza de los acuerdos democráticos. Es una invitación a terminar con las estériles escaramuzas y misiles políticos sin destino ni utilidad social.
El nuestro es un esperanzado llamado a dar otro paso de valentía y lucidez política. Lo exige el trance histórico que nos ha tocado vivir.
FIRMANTES
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