Por Isabel Ximena González.- El Pleno de la Corte Suprema analiza reformar el recurso de protección, creado en 1976 y cuya tramitación sigue regulada por un auto acordado, debido al volumen de causas que sobrecarga las Cortes de Apelaciones y la propia Corte Suprema. Es una discusión legítima, pero su resultado definirá si esta acción, mal llamada recurso, que hoy es la vía más rápida para proteger derechos constitucionales, seguirá siendo accesible para todos los ciudadanos.
Como avance, una reforma podría establecer plazos más previsibles, criterios de admisibilidad claros y decisiones más uniformes, evitando fallos contradictorios que hoy generan inseguridad jurídica. Como retroceso en el acceso a la justicia, podría restringir la legitimación, exigir requisitos formales que excluyan a quienes litigan sin abogado, cerrar la posibilidad de interponer esta acción contra resoluciones judiciales o admitir interpretaciones contradictorias sobre su admisibilidad. Esto dejaría sin tutela a personas que hoy encuentran allí su única respuesta oportuna para proteger sus derechos constitucionales.
Serían oportunas las medidas orientadas a mejorar la tramitación digital, derivar las disputas de lato conocimiento a las vías ordinarias y establecer mecanismos para resolver casos repetitivos. Resultarían perjudiciales las modificaciones que reduzcan los derechos amparados o el universo de personas protegidas, especialmente en materias de salud, medio ambiente y dominio, en las que el recurso ha sido decisivo.
Finalmente, un cambio de esta magnitud debiera hacerse por ley, con debate parlamentario y participación ciudadana, y no solo mediante un auto acordado. Antes de decidir, la Corte debería publicar cifras de ingreso, resolución y tiempos de tramitación, para que la reforma responda al problema real.
La Dra. Isabel Ximena González Ramírez es académica de la Facultad de Derecho, U. Central
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