Royalty minero y municipalidades

Por Juan Medina Torres.- El 1 de enero de 2024 entrará en vigencia la nueva ley del Royalty Minero que  busca alcanzar una mayor recaudación fiscal, sin que ello afecte la inversión minera y además, contempla aumentar los beneficios para las regiones, sobre todo para las zonas que sufren las externalidades negativas de la explotación minera.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció el liderazgo y la visión de las y los diputados que hace cuatro años dieron inicio a esta moción.

La iniciativa legal deroga el Impuesto Específico a la Actividad Minera y establece en detalle cuál será la carga tributaria de los explotadores mineros considerando sus ventas o las toneladas métricas de cobre fino.

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El éxito legislativo que anotó el Gobierno con el Royalty Minero no está acabado al 100%, ya que falta una serie de pasos para determinar exactamente cuánto dinero recibirán las regiones y las comunas a raíz de la nueva recaudación fiscal.

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, se espera recaudar unos US$1.350 millones. De ese total, un tercio se destinará a tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo, a beneficio de los gobiernos regionales; otro de Apoyo para la Equidad Territorial, a favor de las comunas más vulnerables; y, finalmente, el Fondo a Comunas Mineras.

Respecto de este último fondo se busca compensar externalidades negativas de la minería, y se proyecta que 32 comunas pertenecientes a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins podrían verse beneficiadas.

Royalty y municipalidades

Si bien hay una idea de los montos que podrían recibir los municipios producto del royalty, lo cierto es que no son las cifras finales, ya que durante los próximos meses tendrá que crearse el reglamento del Fondo Municipal, solicitar recursos a través de la Ley de presupuesto del sector Público y también se requiere del informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Instrumentos que serán esenciales para determinar el monto final que recibirían las comunas.

El  reglamento de la ley -que aún no existe- entregará un coeficiente de distribución para la asignación equitativa de los recursos; asimismo, regulará la metodología con que se determinarán las comunas que acceden a este aporte, previo informe de la Comisión Chilena del Cobre, así como la operatoria de este mecanismo de distribución y demás criterios necesarios para su aplicación, incluyendo sus indicadores y variables, y las fuentes o cifras de información oficiales que se aplicarán en cada caso.

Además, el Ministerio de Hacienda, previo informe de la Comisión Chilena del Cobre, publicará anualmente, a más tardar en el mes de noviembre, las comunas que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de este aporte fiscal.

Indudablemente que los nuevos recursos con que contarán las municipalidades beneficiadas implicarán un nivel de gestión que permitirá generar proyectos de desarrollo que beneficien a la comunidad y es de esperar que no se utilicen para financiar déficits como ha pasado con la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial), donde con los dineros destinados a incrementar la calidad de la enseñanza terminaron pagándose deudas previsionales de los profesores, o financiando aumentos de sus sueldos o arreglos de infraestructura escolar que debían resolverse con la subvención normal.

Pero, además, consideramos que es preciso aumentar los niveles de fiscalización de los recursos que entregará la ley del royalty a las municipalidades para evitar los actos de corrupción que hoy conoce la ciudadanía.

Por ello, el reglamento de la nueva ley, debe establecer los requisitos que deben cumplir los gobiernos comunales para acceder a esos aportes fiscales.