Por Fernando de la Cuadra[1].- La sociedad brasileña ha comenzado a manifestarse por la defensa de los valores y prácticas democráticas que se han visto amenazadas por los seguidos anuncios de golpe realizados por el presidente y algunos de sus seguidores más radicales. Aunque las encuestas reflejan que un porcentaje mayoritario de la ciudadanía no piensa que un autogolpe se llegue a consumar, este peligro siempre va a estar pendiendo como una posibilidad que no se puede descartar a priori.
En dicho contexto, diversas entidades forjadas desde los movimientos sociales y partidos de izquierda han comenzado a retomar la agenda de movilizaciones de expresión nacional en los próximos dos meses que faltan para las elecciones. Hasta el momento dichos encuentros se encontraban restringidos a las actividades efectuadas en las principales ciudades del país como parte de la campaña del candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva.
Este nuevo ciclo de marchas y concentraciones quiere alertar al conjunto de la sociedad respecto a las intenciones del Ejecutivo de no respetar el resultado de la próxima contienda electoral del 2 de octubre, apelando para ello al argumento de la falta de credibilidad de las urnas electrónicas. Por el momento ya han sido anunciadas dos fechas para la realización de estas movilizaciones: este próximo 6 de agosto y el 10 de septiembre. Ellas ya no se articulan en torno a la consigna de “Fuera Bolsonaro”, cambiando el eje hacia la defensa de las instituciones democráticas y de las elecciones libres.
Además, dichas movilizaciones buscan establecer una llamada de atención para la escalada de violencia política alimentada desde la presidencia, como ya lo advertimos en una columna anterior titulada “Bolsonaro estimula sin pudor el uso del asesinato político”. Y por lo mismo, exigir el fin de dicha violencia que ha venido siendo levantada desde las milicias de extrema derecha que amenazan diariamente a través de las redes a quienes consideran los “enemigos de la patria”, a saber, el ex presidente Lula da Silva, miembros del Supremo Tribunal Federal, los órganos de la prensa o militantes de partidos de izquierda y centro izquierda.
La extrema derecha que existía en un estado larvado en el país, con el triunfo de Bolsonaro ha venido conquistando un espacio cada vez mayor en las redes sociales, pero también dentro de las instituciones del Estado, especialmente en las Fuerzas Armadas y las diversas policías que existen en Brasil (Federal, Civil, Militar, Rodoviaria y Ambiental). Estos grupos neofascistas han conseguido normalizar ciertos valores sociales como la legitimidad de asesinar a personas que cometen diversos tipos de delitos o de justificar el asesinato de opositores políticos que tendrían como objetivo destruir los cimientos de la patria. Para muchos de ellos, la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, de José Antonio Kast en Chile y de Éric Semmour en Francia, transformó a Brasil en el último bastión en defensa de los valores del orden, la tradición, la familia y la propiedad. Para concretizar esta defensa vehemente de esos valores, tanto individuos como milicias y agrupaciones paramilitares se vienen armando en estos últimos años, lo cual ha sido apoyado incesantemente por la administración central.
En efecto, desde que asumió Bolsonaro hace 3 años y medio, el número de personas con licencia para poseer armas aumentó de una manera exponencial con un crecimiento en los registros de un 473%, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. El ejecutivo editó hasta el momento 19 decretos, 17 actos administrativos, 2 resoluciones, 3 instrucciones normativas y 2 proyectos de ley que flexibilizan las reglas para facilitar el acceso a las armas y municiones.
Una de las principales consecuencias de este fenómeno es que la violencia política y las muertes en conflictos domésticos causadas por armas de fuego han aumentado considerablemente en los últimos años, lo que se puede apreciar por el volumen de crímenes con sello político o por motivo fútil o torpe (disputas de tránsito, entre vecinos, en la calle, etc.) que se suscitan diariamente en las más diversas localidades de Brasil. Algunos de estos homicidios son difundidos por la prensa, pero una parte significativa de ellos pasan totalmente inadvertidos para la inmensa mayoría de la población.
Otro hecho relevante ha sido el contundente repudio a las declaraciones con señales golpistas que están surgiendo desde la sociedad civil. Nos referimos específicamente a la “Carta a las brasileñas y los brasileños en Defensa del Estado Democrático de Derecho”, elaborada por académicos y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo y que ha sido firmado por más de 650 mil personas y organizaciones civiles en poco menos de una semana. Cuando solo quedan dos meses para las elecciones de octubre, la Carta registra oportunamente en una de sus partes: “Al revés de una fiesta cívica, estamos pasando por un momento de inmenso peligro para la normalidad democrática, riesgo a las instituciones de la República e insinuaciones de desacato al resultado de las elecciones”. Y termina avisando que “en el Brasil actual no hay más espacios para retrocesos autoritarios. Dictadura y tortura pertenecen al pasado. La solución de los inmensos desafíos de la sociedad brasileña pasa necesariamente por el respeto al resultado de las urnas. ¡¡Estado Democrático de Derecho Siempre !!”.
Ciertamente la “Carta/Manifiesto” no resuelve los graves problemas que enfrentan los brasileños y brasileñas, pero representa una clara advertencia a quienes desean mantenerse indefinidamente en el poder, utilizando todos los artilugios posibles e infringiendo descaradamente las reglas del juego democrático. Es el momento para que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales se unan para acabar con este desgobierno y juzgar a Bolsonaro y sus secuaces por todos los crímenes que han venido cometiendo en estos años de destrucción, odiosidad y barbarie.
[1] Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.
