El secreto bancario debe proteger la privacidad de los ciudadanos, pero no convertirse en un refugio para el dinero del crimen organizado. Chile enfrenta el desafío de equilibrar derechos individuales, inteligencia financiera y eficacia en la persecución del delito.
Por Bernardo Javalquinto.- El debate sobre el secreto bancario en Chile suele presentarse como una tensión entre privacidad y seguridad. Esa mirada es incompleta. Una democracia debe proteger la información financiera de sus ciudadanos frente a accesos arbitrarios, filtraciones o usos políticos. Pero esa protección no puede convertirse en una barrera que dificulte seguir el dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción, el fraude o el crimen organizado.
La pregunta central no es si debemos eliminar el secreto bancario. La pregunta es si las autoridades legalmente competentes pueden acceder, con controles estrictos y bajo causales objetivas, a la información necesaria para reconstruir oportunamente una operación financiera sospechosa.
En Chile, el secreto bancario no es absoluto. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público pueden acceder a determinada información bajo los procedimientos establecidos por la ley. El problema está en la oportunidad y velocidad con que esa información puede obtenerse y conectarse.
Y, en materia de crimen organizado, el tiempo importa.
Una organización dedicada al narcotráfico no funciona solo con drogas, armas y personas. Necesita capital, liquidez, vehículos, propiedades, sociedades, intermediarios y mecanismos para transformar ingresos ilícitos en patrimonio aparentemente legítimo.
Por eso, una de las reglas básicas de la investigación criminal internacional sigue siendo simple: follow the money, seguir el dinero.
La iniciativa del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), conocida como Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), ha insistido precisamente en la importancia de las investigaciones financieras para identificar activos, reconstruir transacciones y descubrir beneficiarios finales.
Una transferencia puede revelar quién financia una organización. Una propiedad puede mostrar dónde terminaron los recursos. Una sociedad puede esconder al verdadero dueño. El dinero deja huellas. El desafío es poder seguirlas antes de que desaparezcan entre múltiples cuentas, empresas o jurisdicciones.
Esto afecta directamente a los ciudadanos.
Cuando una organización criminal conserva sus activos, conserva también su capacidad de seguir operando. Puede perder drogas o integrantes, pero, si mantiene su estructura económica, puede financiar nuevas operaciones, reemplazar personas, adquirir bienes y expandirse.
El lavado de activos tiene, además, efectos sobre la economía formal. Una empresa legítima debe pagar salarios, impuestos, proveedores y financiamiento. Una empresa utilizada para lavar dinero puede operar con una lógica completamente distinta, distorsionando la competencia y afectando a quienes cumplen la ley.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que el lavado de activos puede debilitar instituciones, afectar los ingresos fiscales, generar riesgos financieros y perjudicar la reputación de los países.
Este último punto es especialmente importante para Chile.
La credibilidad país no depende solamente del crecimiento, la inflación o las cuentas fiscales. También depende de la calidad institucional, el Estado de derecho y la capacidad de impedir que el sistema financiero sea utilizado para ocultar dinero ilícito.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conocido globalmente como Financial Action Task Force (FATF), establece los principales estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Su posición es clara: las normas de secreto financiero no deben impedir una aplicación efectiva de esas políticas.
Esto no significa abrir las cuentas bancarias de los ciudadanos al Estado.
Significa construir un sistema donde la privacidad permanezca protegida, pero donde las autoridades competentes puedan investigar cuando existen antecedentes suficientes.
La reputación financiera tiene, además, consecuencias económicas concretas. Un país percibido como débil en materia de integridad financiera puede enfrentar mayor escrutinio internacional, mayores costos de cumplimiento y dificultades en sus relaciones con bancos extranjeros e inversionistas.
Un estudio publicado por el FMI sobre economías incluidas en la denominada “lista gris” del GAFI encontró efectos negativos significativos sobre los flujos internacionales de capital. No significa que exista un resultado automático para todos los países, pero demuestra que la credibilidad institucional también tiene un valor económico.
Chile debe cuidar ese activo.
Nuestro país no está fuera de los estándares internacionales. En la evaluación realizada en 2021 por el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Chile fue calificado como cumplido respecto de la recomendación vinculada al secreto de las instituciones financieras.
El desafío, entonces, no consiste simplemente en cambiar una ley. Consiste en mejorar la efectividad del sistema: transformar información en inteligencia financiera, identificar beneficiarios finales, congelar activos y decomisar recursos provenientes del delito.
Todo aumento de facultades debe, por supuesto, estar acompañado de controles igualmente exigentes.
Cada acceso a información bancaria debería quedar registrado. Solo funcionarios expresamente autorizados deberían poder consultar esos antecedentes. Deben existir auditorías, causales legales claras y sanciones severas frente a filtraciones o usos indebidos.
El principio debería ser sencillo: más capacidad para investigar y más responsabilidad para quien investiga.
El secreto bancario debe proteger al ciudadano honesto frente al abuso del poder. No debe convertirse en un mecanismo que proteja al dinero ilícito frente a una investigación legítima.
Chile necesita proteger simultáneamente dos bienes: la privacidad de sus ciudadanos y la integridad de su sistema financiero. Porque combatir el crimen organizado no consiste solamente en detener personas o incautar drogas.
También consiste en quitarle su capital. Y para eso hay que seguir el dinero.
