El proyecto para restringir el voto migrante implica reducción de derechos y criminalización de quienes ya tienen residencia definitiva en Chile, critica la académica Neida Colmenares.
Por Neida Colmenares.- La participación de la población migrante en los procesos electorales es un tema que los Estados deben reflexionar y regular en atención a sus intereses nacionales, para avanzar en la calidad de la democracia y la inclusión. Lamentablemente, la forma y el fondo en que se está llevando a cabo ese debate en Chile no favorece a este objetivo.
Es cierto que Chile es un caso particular en la experiencia comparada en cuanto al voto de la población migrante, ya que permite la participación de este colectivo en todas las elecciones posibles, incluso antes de obtener la ciudadanía, mientras que en la mayoría de los países esta participación se restringe al nivel local y, en general, se produce en el marco de acuerdos de reciprocidad con los países de origen de las nacionalidades.
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Paradójicamente, esta singularidad que ha significado que Chile sea reconocido como un referente de inclusión es hoy tema de controversia en los sectores políticos, que no terminan de explicar con claros fundamentos por qué esto es un problema para el país.
Un ejemplo de ello son las indicaciones presentadas por el ministro Álvaro Elizalde para modificar el voto de los migrantes. El proyecto plantea restringir la participación electoral de los extranjeros sólo al nivel comunal, lo que supondría eliminar un derecho que ya han ejercido las personas migrantes que han votado en las elecciones nacionales.
También propone excluir las sanciones que garantizan el cumplimiento de la obligatoriedad en el proceso electoral para los extranjeros con derecho a voto, lo que contradice el argumento fundamental del voto obligatorio: aumentar la participación electoral para dotar de mayor legitimidad al sistema político.
Finalmente, establece que los extranjeros deben presentar un certificado de antecedentes penales emitido por su país de origen en cada proceso electoral, lo que supone presumir la criminalidad de las personas con residencia definitiva en el país.
Estos elementos hacen que el proyecto sea muy cuestionable. Es necesario debatir sobre el voto de la población migrante desde una perspectiva a largo plazo y basándose en pruebas más que en mitos y calculadoras electorales.
Dra. Neida Colmenares, académica de la U.Central
