Por Fernando Martínez.- Desde que la organización social adquirió los actuales principios económicos de funcionamiento, hemos asistido a repetidas crisis económicas de diferentes magnitudes. La memoria reciente conserva un recuerdo sobresaliente de dos de ellas, por su impacto y magnitud.
Todos recuerdan que a fines de los años veinte se produjo la caótica escalada de la bolsa de Nueva York y la ulterior propagación de sus efectos, que causaron grandes daños en la vida económica y social. Fue una crisis de muy lenta recuperación, pues las políticas económicas neoclásicas, dominantes de la época, carecían del entendimiento necesario para encontrar las salidas a la recesión. En espera de las buenas respuestas que tardaron muchos años en llegar, se desarrolló uno de los períodos más oscuros de la historia humana. Fue largo obtener conclusiones económicas sobre la crisis de los años 30. Los verdaderos antecedentes aparecen después de la guerra, de 1945 en adelante, donde fueron las políticas keynesianas las que dieron los resultados esperados, sepultando por un plazo de casi 30 años la preminencia de las inspiraciones neoclásicas.
En el 2008, la crisis “subprime” -también iniciada en Estados Unidos- sorprendió a todos los economistas (especialmente a los neoclásicos otra vez vigentes y con imagen remozada), bajo el liderazgo de sus parientes más extremistas, los ultra-liberales. No sólo no hubo prevención del acontecimiento. Tampoco ha existido un verdadero consenso sobre sus causas profundas. Sólo fue categórico que el salvataje lo debían realizar los Estados, pero con los recursos de sus contribuyentes. Continúa gravitando en torno a las economías del mundo, el burbujeo permanente de ciertos activos sobreevaluados (inmobiliarios y financieros), al que se suma la baja generalizada de las tasas de interés. Las economías y los economistas del mundo ya parecen haberse habituado a convivir con estas realidades.
Ahora en el 2020 cae sobre nosotros una condición inesperada llamada Pandemia, que ha inhabilitado el desempeño normal del factor trabajo y ha limitado el consumo, sumiendo al planeta en una forma brusca de recesión. Si en otros tiempos ha existido dificultad para entender las dinámicas y los efectos de la economía en crisis, es fácil discurrir que una situación de estas características representa un desafío mayor. Por lo pronto, es un hecho que no hay ni técnicos ni especialistas en economía que puedan decirnos que va a suceder con posterioridad a la pandemia.
En apariencia, la tendencia dominante para enfrentar la pandemia en el mundo en general (salvo en Chile), ha sido compensar la pérdida de ingresos de las personas y las empresas a través del déficit público. Los gobiernos han pagado los salarios que las empresas no han podido pagar, a condición que estas no despidan.
Los países de la OCDE por ejemplo registraron un déficit equivalente a la caída de su PIB. El financiamiento del déficit, que se ha enfrentado habitualmente con endeudamiento, generalmente a través de entidades del estado emitiendo obligaciones de pago, esta vez ha dado lugar a una modalidad diferente. Pues considerando que en esta oportunidad se requiere un inmenso volumen de financiamiento, ha existido temor a producir una sobreoferta de títulos, con un indeseado impacto en el incremento de las tasas de interés. No se puede desconocer tampoco que un tal volumen de títulos tendría dificultades para encontrar comprador. Entonces países importantes de la OCDE lo han organizado de otro modo: han preferido asumir por ahora esta voluminosa deuda a través de la simple emisión de moneda. Por lo tanto, no ha habido la masiva colocación de los títulos de deuda en el Mercado Financiero y si una importante emisión monetaria.
Se puede admitir en consecuencia, que las complicaciones resultantes no serían sobre la deuda pública, sino sobre el volumen de las emisiones monetarias. En los años 70 del siglo XX se habría asegurado, sin asomo de duda, que esta decisión conduciría de manera segura al desarrollo de la inflación. Sin embargo, hoy en día prevalece entre los economistas la convicción de que no existe una relación entre la creación monetaria y la inflación. Las presiones inflacionarias de los 70 que serían posteriores al acuerdo petrolero de la OPEP y a los efectos transicionales de la industria entre los 60 y 70, estaban más que nada relacionadas con temas de salarios y empleo y muy pocas veces con temas monetarios. Esos economistas creen en la singularidad de las actuales relaciones laborales, donde no se distingue ninguna estructura vertebral como otrora (a causa de la debilidad sindical). Así dicho, es para ellos es impensable el aumento de salarios coma base de la inflación. En refuerzo de lo anterior, cuando existan aumentos de salarios, la integración a los mercados internacionales impediría el aumento de los precios. Se considera desde hace un tiempo, que el destino de la creación de moneda no es la compra de bienes y servicios, sino la compra de otros activos como los bienes inmobiliarios y activos financieros, proyectando sólo sobre esos activos presiones con efectos de causación acumulativa. Recordemos que estas condiciones ya estuvieron presentes en la crisis del 2008.
Además, se ha constatado que estas emisiones de moneda están vinculadas a inestabilidades sobre flujos internacionales de capital, que entran y salen de los países emergentes produciendo una enorme volatilidad en los tipos de cambio. Dicho de otra manera, el financiamiento de la crisis en los países desarrollados a través de la deuda pública, soportada por la emisión monetaria, habría permitido superar parte de los problemas internos de cesantía, de incrementos de las tasas de interés, teniendo como efecto negativo la incitación a la inflación inmobiliaria, las volatibilidades de las bolsas y las fluctuaciones de los tipos de cambio. Para el resto del mundo, económicamente más débil, habría derecho además a una aceleración de la inestabilidad financiera y al aumento de la desigualdad entre los países y dentro de ellos.
Otros economistas destacados en Europa simplemente nos señalan que, en los países importantes, la crisis puede ser pagada a muy bajo costo a causa de las bajas tasas de interés. Por lo tanto, la vieja inflación que reflejaba tensiones de repartición, ahora va liberar muy selectivamente sus efectos en los activos financieros e inmobiliarios. ¿Y esto no es otro problema grave?
Un estudio muy reciente, bastante optimista, de la OCDE, cree en la recuperación hacia fines del 2021 de los niveles de actividad económica previos a la pandemia. En ese año, la economía mundial recuperaría un 4,2% de crecimiento, después de sobrevivir a decrecimiento equivalente en el 2020. Quien se recupera más rápido es, naturalmente, la economía China que pasa de 1,5% en el 2020 al 8% en el 2021 (¿será posible tanta maravilla?). Bastante más rezagada, la economía de EEUU, que con -3,7% en el 2020 alcanzaría 3,2% en el 2021. Finalmente, con su propia diversidad, la zona euro que termina el 2020 con contundente valor negativo (-7,5%), retomaría un crecimiento de 3,6% en 2021.
Parece simple, pero hay consenso en que en las salidas de esta crisis habrá profundas transformaciones económicas. En las estructuras de los sectores de la actividad económica, donde algunos tendrán un crecimiento importante y otros serán castigados de manera durable, se producirán necesidades de readaptación. Las áreas favorecidas por la disponibilidad rápida de opciones tecnológicas y numéricas evolucionarán de manera irreversible. Otras actividades frenarán su ascenso y habrá también aquellas que simplemente desaparecerán. Parece razonable en consecuencia, suponer mayor capacidad de sobrevivencia en aquellas organizaciones que acumulan grados superiores de tecnología.
Para la recuperación de la actividad, en general el acento está puesto en la transformación energética, que constituye un inmenso reto para las estructuras industrializadas. Pero también se puede suponer que prácticas anteriores muy recurrentes en los países más industrializados de la OCDE, como las deslocalizaciones de centros productivos, serán readaptadas con una nueva visión más estratégica, reequilibrando en las opciones entre ganancias empresariales y salarios, considerando además corregir las vulnerabilidades verificadas durante la pandemia en el abastecimiento de suministros básicos. Un cambio relevante en esta lógica de organización presupone transformaciones significativas en los países involucrados, con una nueva repartición de mano de obra entre los países desarrollados y los otros, donde los primeros recuperarían actividades localizadas en el pasado en naciones en expansión, que perderán importantes áreas de industrialización, incrementando el peso en la economía de los servicios con baja capacidad de resiliencia a la pandemia.
En el caso de Chile, hasta el mes de octubre de 2020, no se ha verificado una oferta masiva de títulos de deuda, por lo que podemos presuponer, por ahora, que la idea dominante en la OCDE también se aplicaría en Chile. Pero hay algunas cuestiones esenciales que requieren apreciaciones más específicas. Si el financiamiento es otorgado con este mismo mecanismo a empresas en dificultad y las personas que han perdido sus ingresos, la demanda sobre bienes y servicios sería el resultado esperado e inevitable. Como los efectos económicos de la pandemia en la estructura productiva no están claramente evaluados y tampoco se puede determinar la duración de sus efectos, entonces: ¿Cuál sería la capacidad efectiva de nuestro país para responder en la fase de recuperación post-pandemia a estas condiciones de la demanda, sin presiones significativas sobre los precios o eventualmente sobre el abastecimiento? Y si efectivamente no se verifica alza de precios ni ruptura de stock, resulta preocupante que como resultado de las medidas de mitigación impulsadas por el gobierno (por las que deberán responder todos los contribuyentes), se desprendan importantes flujos excedentarios orientados hacia activos de especulación, con efectos conocidos sobre el resto de la economía y la vida de las personas.
En nuestro caso, el retiro del 10% de los fondos de pensiones y el uso de los fondos del seguro de cesantía agregan otra condición especial a la economía local. La OCDE lo ha considerado un factor positivo, pero son recursos de las personas que no serán recuperados más adelante a través de impuestos progresivos. Rascarse con sus propias uñas ha sido un reconstituyente eficaz en el corto plazo, pero no una herramienta de las políticas públicas, siendo socialmente regresivo en el largo plazo (si no se reconstituyen las condiciones iniciales para los ahorrantes). ¿Pensarán las autoridades hacer borrón y cuenta nueva de estas pérdidas o las incorporarán en la reformulación del sistema de pensiones mecanismos compensatorios?
La estabilidad financiera, que ya amenazaba desde hace algún tiempo, constituye un verdadero enigma en nuestro futuro cercano. El principal problema proviene de la forma como se han enfrentado los efectos de la crisis sin tomar en cuenta inquietantes problemas previos. Es posible que el Banco Central tenga la capacidad de controlar los efectos de precios, pero ¿tendrá también la capacidad de hacerse cargo de algo que nunca ha combatido con energía, los efectos caóticos de la especulación financiera?
Uno de nuestros sustentos económicos básicos, el cobre, está asociado de manera visible al funcionamiento de la economía global. Por ese motivo es también un gran indicador de su estado y de sus señales de evolución futura. El país tendrá el privilegio de predecir el estado general de las economías y al mismo tiempo podrá sufrir eventualmente de sus evoluciones negativas.
Según las predicciones optimistas de la OCDE, Chile estaría en el medio del pelotón, partiendo con -6% en el 2020, para crecer a 4,2% en el año 2021. En este optimismo, no parece irrebatible que se haya contemplado un gran impacto a la segunda ola de COVID en el curso del 2021. El desempleo no volvería a su rango habitual en el 2021, pues se mantendría cercano al 10%, para caer solamente en el 2022. La inversión pasaría de una caída de 14% en el 2020 a un valor positivo de 1,8% al año siguiente. ¿Qué es lo que sustenta el optimismo OCDE? Para el organismo, las razones son muy simples: El consumo de los hogares sería en sí el factor de reactivación contra crisis, estimulado por las medidas de mitigación impulsadas por el gobierno, en el mercado laboral por los mecanismos de subsidio a la contratación y luego finalmente el retiro del 10% de las AFP. Suena bastante simple dicho así, pero ¿cuál es la condición real del país, de sus empresas y sus trabajadores para enfrentar este nuevo escenario? Es posible que las respuestas sean decepcionantes, partiendo con una simple mirada sobre la constatación del estado de las relaciones sociales y de la capacidad de gobernar.
La verdad es que los efectos de la Pandemia no han terminado aún. Poco se sabe del tiempo de duración y de los plazos de recuperación. Es primordial en primer lugar, separar en sus definiciones básicas los planes y medidas de mitigación para las empresas en dificultad, respecto de las personas siniestradas por la crisis. Sin una organización planificada de la inmensa cantidad de recursos que serán necesarios, un direccionamiento eficaz y una medición acertada, hay pocas posibilidades de recuperarse rápidamente.
En segundo lugar, se hace más que nunca necesaria la compleja tarea de prepararse para los cambios que se producirán externa e internamente (numérico y energético), pero que en nuestro caso es un paso obligado por nuestra propia realidad social y el desarrollo institucional. Hoy más que nunca la economía está vinculada a las condiciones del pacto social. La actual situación social no es un paréntesis, para que luego la inercia económica retome su curso anterior. Durante el tiempo que duren los efectos mayores de la Pandemia, es preciso que la autoridad asuma una conducta de franco apoyo y acompañamiento a los ciudadanos y de asistencia a las Empresas en dificultad con programas claramente diferenciables, medibles y por supuesto creíbles.
Las condiciones generales señaladas previamente para las economías desarrolladas, se identifican más bien con una situación de deflación, pero no tenemos certeza que sea igual en el escenario chileno. Lo que sí se sabe es que en deflación las políticas monetarias son generalmente poco eficaces. En estos casos, las medidas que dan mejor resultado deben provenir de recursos presupuestarios inherentes a las políticas de gobierno. En ese sentido, el endeudamiento a bajo costo constituye una facilidad inhabitual, que otorga más fuerza y más libertad a las políticas públicas. ¿Lo piensa así el gobierno de Chile? El siglo XIX que fue un período muy deflacionario, hubo grandes problemas en todo el mundo para traspasar los aumentos de productividad de las economías en aumentos de salarios. Fue un período de mucha pobreza que se caracterizó por violencia social e inmensas desigualdades. Pero ahora la situación no es mejor y la teoría económica neoclásica no tiene herramientas que ayuden a predecir el horizonte inmediato, donde se van a proyectar los efectos de las medidas económicas y financieras que se están aplicando.
No es aventurado conjeturar que las visiones políticamente más conservadoras y las empresas convalecientes de la crisis, continuarán defendiendo porfiadamente el modelo neoliberal, mientras que la opinión pública y el mundo político lo cuestionarán, sosteniendo nuevas demandas sociales, generando grandes tensiones entre esas demandas y los gobiernos, especialmente sobre los salarios, salud, educación y pensiones. Mientras más tarde en configurarse un nuevo y adecuado pacto en las relaciones sociales, más lento será el proceso de readaptación, mayores serán las condiciones recesivas y peores serán los efectos de una eventual crisis financiera. ¿Un déjà vu aumentado?
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