Por José María Vallejo.- Más de 300 personas han manifestado síntomas de intoxicación en la bahía de Quintero, tras los últimos incidentes de la llamada “nube tóxica”. Pero estas personas son apenas la punta del iceberg de un problema medio ambiental de proporciones comparables a Chernobyl en la antigua Unión Soviética.
Comparables, no solo por la magnitud del daño a la salud de las personas (en el país, Quintero y Puchuncaví son la zona con mayor tasa de muertes por tumores malignos en hombres), sino también por la desidia del Estado y los privados que se instalan ahí, sin pudor, a contaminar.
Es cierto: de toda la amplia red de monitoreo ambiental y una institucionalidad establecida para el resguardo de la calidad del aire, no hay ni una estación permanente de medición en una de las zonas más saturadas de Chile. Y no estamos hablando únicamente de PM10 o PM 25, sino de químicos tóxicos y cancerígenos.
Lamentablemente, esto no es nuevo. Lleva décadas. Desde la instalación de la refinería de Enap y la fundición de Ventanas, hasta la aprobación de centrales térmicas a carbón.
Y en un acto de circo, al año pasado, se aprobó un plan de descontaminación que no subía ninguno de los índices, ningún estándar. A tal punto, que la Contraloría no tuvo más remedio que rechazarlo, por tongo.
Ese acto, fue criminal. También lo es la acción negligente de los últimos días. Ante una emergencia declarada la única medida inmediata fue la suspensión de las clases, y la dictó un alcalde. Pasaron días antes de que el ministerio de Medio Ambiente dictaminara la suspensión de las actividades industriales. Y, pese a ello, hasta ahora no se sabe la emanación de la nube. Señores, no es la nube, es la actividad industrial de toda la zona.
Más de 50 mil personas están con peligro vital, cientos de ellos ya están sufriendo efectos inmediatos y otros los seguirán sufriendo en los próximos años. Viven en un ambiente en que no se puede respirar sin peligro.
Las medidas no pueden esperar: evacuación inmediata de la zona y reconstrucción en una zona limpia, con cargo a las empresas que han contaminado por años y al Estado que lo ha permitido.
