Por Abraham Magendzo K.- Hoy más que nunca hay que insistir en la vinculación de la educación y, por sobre todo, de la educación en derechos humanos(EDH) con la realidad social y política de nuestro país. No solo porque ésta afecta a los y las educandos como en tanto integrantes de nuestra ciudadanía, sino también porque éstos deben acostumbrarse a poseer información y formarse una opinión sobre la realidad que les toca vivir. El “estallido socio-político” que se vivió en el país, obliga a replantear esta vinculación. El estallido ha producido expectativas significativas y justas en las personas y en la convivencia social, cultural, económica y política y en las demandas que estas tienen de producir cambios trascendentes. Incluso se vincula directamente con la Constitución Política que queremos redactar.
La educación en derechos humanos tiene un imperativo ético- político de pronunciarse sobre las justas demandas de derechos fundamentales que la sociedad planteo durante el estallido. Nótese que son derechos los exigidos, no son dadivas, obsequios, regalías. Por consiguiente, al ser derechos son exigibles, indivisibles, irrenunciables e inalienables. A la educación en derechos humanos, entonces, le corresponde dialogar y aclarar cuáles son los derechos que motivaron el estallido social. Por de pronto, a mi parecer, el derecho a la igualdad es el que estaba y está todavía en juego.
El derecho a la igualdad está consagrado en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Más aún, la Declaración señala textualmente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. El estallido social hizo notar, sin tapujos y reservas, convocando a 1.200.000 personas y motivando otras masivas movilizaciones, que nuestro país es uno donde las desigualdades son estructurales y se manifiesta en todos los planos.
En el plano económico el 1% de la población acumula el 25% de la riqueza generada en el país. La desigualdad socio-económica en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, al acceso al capital o el empleo, sino que abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que son tratadas las personas.
La desigualdad se encuentra presente en el actual sistema de educación predeterminado por la lógica del mercado: educación de enseñanza básica y media particular pagada y una buena parte de la subvencionada, mientras que, por otro lado, se observa un debilitamiento de la educación pública. En otras palabras, se multiplican los establecimientos educacionales privados destinados a los hijos de familias de altos ingresos. Paralelamente, permanece bajo la responsabilidad del Estado una oferta de menor calidad de estos servicios, dirigida a los grupos de bajos ingresos. En otras palabras, la educación esta segmentada de suerte que hay educación de primera, segunda y tercera clase. Basta observar cómo durante la pandemia, la afectación a las condiciones materiales, económicas y simbólicas de los centros educacionales del país fue marcadamente desigual.
Por eso, a dos años del Estallido social, no solo debemos recordar que las demandas allí sintetizadas eran legítimas y urgentes, sino también debemos poner énfasis en el hecho de que las desigualdades en nuestro país persisten.
Abraham Magendzo es Doctor en Educación. Premio Nacional de Educación. Académico de la Cátedra Unesco en Educación en Derechos Humanos UAHC.