ElPensador.io.- Las violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han sido completamente ratificadas, a través de un duro informe emanado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita oficial a ese país en junio pasado.
De acuerdo al informe, las transgresiones a los derechos humanos en ese país son “graves” e insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar estas situaciones que se producen no solo respecto de los derechos políticos, sino en el ámbito económico, social, civil y cultural.
El informe recoge testimonios de 558 personas, la mayoría de ellas víctimas de atropellos a sus derechos fundamentales, y la mayor parte de los hechos relatados se basa en los últimos diez años, pero especialmente desde 2016, concluyendo que el régimen de Maduro desarrolla una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
«Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho», explicó Bachelet.
El informe advierte que este panorama es el que provoca el éxodo de venezolanos a países vecinos y que quienes se quedan ven empeorar su calidad de vida día a día.
«Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes», declaró Bachelet. Apuntó también contra los grupos armados civiles del chavismo conocidos como «colectivos», y afirma que «han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones». El informe asegura que la Oficina para los DDHH de la ONU ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 «son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos».
Ejecuciones extrajudiciales
«La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada», dice el informe. Sólo en 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por «resistencia a la autoridad». Entre enero y mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según estadísticas del propio régimen. Cifras extraoficiales dan cuenta de un número mucho mayor de muertes.
Además, a la fecha se contabilizan casi 800 presos políticos, entre ellos 58 mujeres, y en lo que va del año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria. «La mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada», afirmó Bachelet.
Junto con describir violaciones a la libertad de expresión a través de una hegemonía de medios, y a la situación económica que ha provocado un grave problema de acceso a alimentos, el informe se detiene sobre la crisis humanitaria. «La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos». Esto es de tal gravedad que se consigna la muerte de más de 1.500 personas en tres meses (entre noviembre del año pasado y febrero del actual) por falta de suministros.
«Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando», afirmó Bachelet.
