John Kayser.- La contumacia con que el Senado defiende el privilegio de mantener el secreto de los pagos de asesorías que han hecho sus integrantes impresiona.
No resiste a la lógica que se siga negando una información que es esencial mente pública, pues se trata del uso del dinero de todos los chilenos. Más aún después de que el mismo presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes, prometiera un cambio y una mayor transparencia.
“Una crítica que se repite es que somos abusadores y privilegiados”, dijo en su discurso de instalación a la cabeza del Senado. Y continuó: “Para enfrentar la crítica y a los privilegios, es necesario en primer lugar la total transparencia. La ciudadanía debe contar con toda la información”.
¿Y dónde está la información?
A poco andar, la negativa que mantuvo Andrés Zaldívar (defensa del secreto que se premió con su integración al Consejo de Asignaciones Parlamentarias) desde que se supo que el Senado pagaba millonarias sumas por informes “copy-paste”, la mantuvo Carlos Montes sin ninguna vergüenza.
“A mi juicio, dijo Montes, es necesario avanzar en materia de transparencia, razón por la que he manifestado mi voluntad y disposición a efectuar las modificaciones necesarias para que esta situación cambie… De hecho, estamos trabajando en una nueva reglamentación para el futuro, dentro de la cual, personalmente, estoy dispuesto a discutir la posibilidad de publicar la información de asesorías externas desde 2015 hacia adelante.”
¿Desde el 2015? ¿Por qué solo desde 2015?
La actitud constituye no sólo una rebeldía institucional ante otro poder del Estado, sino también ante la administración de justicia y, en definitiva, una burla a la ciudadanía a la que no le perdonan ni un centavo de impuestos.
Las burlas de este calibre para la defensa de privilegios y el despilfarro sin control de recursos de todos los chilenos, esquivando a los demás poderes del Estado, no son distintos a un “tanquetazo”, a un “boinazo”. Son otro tipo de “ejercicio de enlace” que también queda impune.