La política chilena ha tenido en los últimos 4 años grandes desafíos, uno de los más importantes era su propio desafío autoimpuesto, generar una nueva constitución que pudiera dar gobernabilidad, por medio de que todos las personas se pudiesen sentir identificadas con una nueva carta magna. Pero no lograron nada en dos procesos seguidos.
Por Sergio Fuenzalida – A propósito del proceso constituyente se ha señalado reiteradamente que su fracaso se debe a la imposibilidad de la clase política en Chile de llegar a un acuerdo en la materia. Ésta sería incapaz de arribar a un consenso constitucional, como en tantas otras cuestiones más.
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Este análisis, si bien tiene algo de verdad en varias dimensiones, es necesario revisarlo precisamente en el área constituyente. El proceso se abrió por un acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos, con excepción del PC, en torno a lo que se llamó Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución en noviembre de 2019. En ese arreglo se estableció un mecanismo para crear una nueva constitución dando cabida a una amplia participación ciudadana. Además, estableció un sistema de paridad y de escaños reservados para los pueblos originarios. Toda una novedad en lo que respecta a creación de un texto constitucional en el país y el mundo.
Luego, una vez que se rechazó ampliamente la anterior propuesta, fueron nuevamente los partidos políticos los que diseñaron otro mecanismo para alcanzar una nueva constitución en lo que se llamó el “Acuerdo por Chile”. En ese pacto, no hay que olvidarlo, incluso participó la derecha, que hizo honor a un compromiso asumido antes del rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional. Y en él se avanzó en materias sustantivas en la definición de 12 principios o bordes constitucionales que debían estar presentes como punto de partida para la redacción del nuevo texto.
¿Qué falló entonces? Muchas fueron las razones pero, en esta dimensión, la causa no fueron los partidos políticos con mayoría parlamentaria. O solamente ellos. De hecho, lo más cercano a un texto de consenso que pudo haber tenido posibilidades de conseguir el apoyo ciudadano fue el elaborado por la Comisión Experta nominada por el Senado y por la Cámara de Diputados.
Lo que pasó fue que, tanto en el primer proceso como en el segundo, la ciudadanía apoyó a candidatos que representaban posiciones extremas, lo que hizo imposible alcanzar un texto razonable y que concitara mayorías. Puede ser una verdad incómoda, pero el proceso fracasó en buena parte por las decisiones del electorado al momento de elegir a sus representantes en las instancias constituyentes.
