Aguas grises en la agricultura: una de las soluciones para la sequía

Equipo ElPensador.io.- El uso de las aguas grises en la agricultura sólo llega al 7,9% en Chile, ocho veces menos que el uso de las aguas superficiales. Así lo señala un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, dando cuenta del agudo desperdicio de las aguas servidas que pueden ser tratadas y usadas para el regadío.

El cálculo se basa en la estimación del consumo total de agua (o huella hídrica) del sector agrícola, que supera los 9.500 millones de metros cúbicos al año, lo que constituye más del 70% del consumo de agua en nuestro país, equivalente según la Unesco aproximadamente a la utilización en países de bajos ingresos.

La huella hídrica es el cálculo de la cantidad de agua que se necesita para producir cualquier producto. Ese es indicador que ha indignado ante la reciente revelación del intenso uso de agua para la producción de paltas y de que en la escasez de aquella estaría la causa del aumento del precio del apreciado manjar del desayuno.

Pero la huella del agua de la palta (que llega a unos 400 litros para producir un kilo) no es ni con mucho la que mayor cantidad exige.

De acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, las paltas consumen poco más de 1.000 m3/tonelada, lejos de la uva viñatera (más de 5.500 m3/ton), las nueces y las almendras (en torno a los 4.000 m3/ton) y los olivos (2.000 m3/ton). En todos los casos, el promedio de la producción para el uso chileno llega solo al 30%, siendo usada la mayoría para la exportación.

Más del 54% de la huella hídrica de la agricultura proviene de fuentes superficiales y subterráneas, como ríos, lagos y napas (llamada “huella azul”), y un 37% de lluvias (o huella verde).

¿Puede darse un país con sequía crónica como Chile el lujo de seguir usando extensivamente las fuentes superficiales y no invertir en uso de aguas grises?

¿De quién son las Aguas Grises?

En febrero de 2018 se promulgó la Ley de las Aguas Grises, una norma que aprueba y regula la inversión en sistemas sanitarios que traten las aguas residuales posteriores al consumo que no contengan desechos sólidos, y que permitiría aumentar la eficiencia en el uso del agua, al aumentar su uso desde los 750 millones de metros cúbicos al año que registran hoy, de acuerdo al estudio UC, a por lo menos el doble, superando su porcentaje de uso a nivel agrícola.

Depende ahora de un Reglamento que debe ser elaborado por el Ministerio de Salud y luego una determinación tarifaria de parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que implique rebaja o compensación para aquellos que instalen sistemas de reciclaje para el uso de estas aguas.

Parece simple, pero requiere de un debate mayor y es la respuesta a las preguntas: ¿Quién paga por las aguas grises? y, ¿a quién se le deben pagar?