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Aristas de análisis para una política pública que aborde al pueblo mapuche

Editorial.- Cuando, en las primeras semanas tras la victoria electoral de Gabriel Boric, aparece el líder de la Comunidad Arauco Malleco alertando que continuarán con la acción revolucionaria en la Araucanía, los medios han llenado titulares centrándose en un único eje temático, el único desde el cual se ha mirado el tema: la seguridad. La pregunta esencial, entonces, parece ser sólo la que se refiere a la forma en que el nuevo gobierno se hará cargo de mantener el orden.

El tratamiento del tema mapuche y, a partir de ahí, del tema de los pueblos originarios, ha tenido varias aristas de análisis que son necesarias de tener en cuenta a la hora de generar políticas públicas y las primeras definiciones del nuevo gobierno. Muchas de esas aristas se sostienen en mitos, prejuicios y manipulaciones mediáticas, pero es necesario ponerlas sobre la mesa para un debate profundo.

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Es la marca, siempre es la marca

Un renombrado profesor de marketing de la London School of Economics, Markides Constantinos, acuñó una frase memorable: “Es la marca, estúpido”, aludiendo a la importancia de la experiencia del usuario frente a los conceptos o significados que construyen una experiencia en torno a una marca.

Bien parecen haberlo entendido en el segundo piso de La Moneda en estos años, al dejar de denominar a la Araucanía por su nombre, y comenzar a llamarla “Macrozona Sur”. El cambio de denominación no es trivial: responde a un cambio de marca y, por tanto, de los significados asociados. Si en vez de decirle Araucanía (que alude a territorios de pueblos originarios, a una historia y a demandas) le llamamos “Macrozona” (nombre que parece denominación militar, una zona de guerra, un apelativo puramente administrativo) el eje discursivo es otro. Ya no es un lugar habitado por personas, sino una zona de gestión o de conflicto y el abanico de soluciones para abordarlo se reduce a lo que las expectativas señalen. Las expectativas de la marca Araucanía decían relación con una historia y un pueblo; las expectativas (o significados previos asociados) de la marca Macrozona, se reducen a la seguridad y a lo policial/militar.

No es menor este cambio de denominación que surge del poder político y que es tan fácilmente aceptado en los medios tradicionales.

Nación versus cultura

La definición sobre alguno de estos dos conceptos es clave a la hora de abordar el debate y generar acercamientos. No es lo mismo dialogar con quienes sostienen la tesis de que los mapuche son una nación a conversar sobre la base de entender que son una cultura.

Primero, porque la idea de nación es escurridiza y podría sostenerse sobre alguna de las tres acepciones presentes en la Real Academia: un conjunto de personas bajo un mismo gobierno; en un mismo territorio; o con un mismo origen cultural, tradiciones y lengua. Segundo, porque aceptar esta idea, en cualquiera de sus tres posibilidades, plantea caminos de plurinacionalidad complejos, más allá de las declaraciones en papel, que se referirán a autonomía, régimen administrativo e integración de comunidades nacionales y en qué condiciones, por mencionar solo algunos aspectos.

Si, por el contrario, se aborda bajo la idea de que son una cultura, las aproximaciones de políticas públicas son distintas, y se refieren a integraciones culturales, lo que lleva a políticas educacionales, sociales o valoración histórico-patrimonial para los que el reconocimiento nacional no es obligatorio.

La opción del concepto nacional es importante, porque si se entiende que son una nación, es una definición que implica al pueblo mapuche presente en Argentina y un reconocimiento de ese talante implica al vecino país y el abordaje no es solo político y sociológico, sino también antropológico e histórico.

Seguridad y derechos adquiridos

La noción anterior definirá en parte la forma de abordar las demandas de los habitantes y propietarios no mapuche, quienes -más allá de la historia- tienen un argumento en torno a sus derechos adquiridos. Incluso si se acepta la explicación histórica del genocidio y la expoliación, ha pasado más de un siglo con una realidad de propiedad distinta, y quienes hoy gozan de aquella realidad consideran un derecho permanecer como están.

Para ellos, es un tema de seguridad, y ven en cada vulneración a ella un acto de terrorismo.

Pero junto a los habitantes y propietarios “huinca” individuales, agricultores, ganaderos, se cuenta un avance sustancial en la propiedad de la industria forestal. De acuerdo con datos de la gobernación regional, hay 360.000 hectáreas usadas para la explotación industrial de los bosques, la mayor parte de ello, de pino y eucaliptus. Un 40% es propiedad de grandes empresas. Eso, sólo en la Región de la Araucanía. Todo indica que la concentración de la propiedad va en aumento y seguramente los resultados que se entreguen este año del Censo Agropecuario y Forestal van a refrendarlo. Esto no es menor pues, cuando se defienden los derechos adquiridos, es distinto defenderlos para pequeños propietarios que para la gran industria.

Frente a ello, la definición de militarizar la zona o mantener solo la presencia policial, resulta clave, pues se trata de personal y recursos nacionales.

Liderazgos y negociación

Con mucha razón, hay quienes han criticado la aparente falta de unidad en la esfera mapuche, y la multiplicidad de liderazgos. Da la impresión de que no se tiene con quién negociar. Esto, en todo caso, no tendría por qué descalificar el concepto de nación mapuche (en caso que uno se inclinara por él… ser unívocos no es requisito para ser nación).

Una política pública debe ser capaz de abordar la multiplicidad de liderazgos. ¿Cómo, si no, se ha hecho en materia de políticas vecinales, ordenamiento territorial? ¿O las barras bravas? ¿O los movimientos estudiantiles? Liderazgos múltiples y atomizados hay en muchos espacios de la sociedad. ¿Están invalidados los grupos sociales si no tienen liderazgos únicos o unívocos?

¿Y los demás pueblos?

El “conflicto” en la Araucanía es un abordaje que empaña la generación de una política para los pueblos originarios y el afrodescendiente chileno. A ratos, pareciera tanto que son todos parte de una misma realidad, y la verdad es que no lo son. En la generación de una política pública, si se considera nación a los mapuche, ¿ se debe considerar de la misma manera a todos los pueblos? ¿Las mismas políticas de integración? ¿Los mismos beneficios sociales? No es menor la definición que se tome.

¿Quién se beneficia con el conflicto?

Las zonas en conflicto suelen beneficiar a unos pocos: funcionarios civiles o policiales que reciben asignaciones especiales por trabajar en determinadas áreas; empresas que esperan la depreciación de ciertos terrenos o la disminución de competidores; incluso zonas de plantación de droga que pasan más inadvertidas cuando los territorios parecen más inaccesibles.  Es importante mantener esas preguntas en vilo y no dejarlas pasar. Ningún conflicto es casual, y cuando se intenta azuzar uno es importante saber los intereses en juego.

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