Bajar el impuesto corporativo no es un regalo a los ricos

Chile castiga con impuestos a las empresas más que varios de los países que la propia izquierda chilena idolatra como modelo. Corregir eso tiene sentido. Pero solo si va acompañado de disciplina fiscal, poda del gasto inútil y una modernización real del Estado.

Por Miguel Mendoza Jorquera.- En Chile, cada vez que alguien propone bajar el impuesto corporativo, una parte de la izquierda reacciona como si se hubiera profanado un altar. Hablan de un beneficio para los “súper ricos”, de una concesión obscena al gran empresariado, de una renuncia moral a la justicia social. El problema es que ese reflejo se desarma apenas se miran las cifras. Hoy Chile tiene una tasa corporativa de 27%, mientras el eventual gobierno de José Antonio Kast, con Jorge Quiroz en Hacienda, propone bajarla gradualmente a 23% en cuatro años. No se trata de una herejía neoliberal ni de una extravagancia doctrinaria. Se trata de corregir una carga que hoy está por encima del promedio de la OCDE, que se sitúa en torno al 23,6%–24,2% si consideramos a sus 38 países miembros.

La comparación internacional deja aún más en evidencia el carácter automático de la crítica. Dinamarca y Noruega aplican 22%; Finlandia, 20%; Suecia, 20,6%; Irlanda, 12,5% sobre ingresos comerciales; Estonia grava 22% sobre utilidades distribuidas; Lituania está en 17%; y Canadá registra una tasa corporativa combinada general de 25,98%. Incluso así, Chile sigue estando arriba. Es decir, aquí se repite con solemnidad que bajar el impuesto corporativo sería “legislar para los ricos”, mientras los países que se usan como vitrina moral cobran menos que nosotros.

Y aquí aparece la contradicción más ridícula de todas. La izquierda chilena admira a los países nórdicos por su Estado de bienestar, sus derechos sociales, su educación pública y su cohesión institucional. Los cita con devoción casi litúrgica. Pero calla un dato decisivo: esos mismos países tributan menos que Chile a nivel corporativo. Se llenan la boca con Suecia, Finlandia, Dinamarca o Noruega, pero cuando se propone acercar a Chile a tasas más razonables acusan de inmediato un supuesto favor al gran capital. Es una contradicción brutal. Lo que muestran esos países no es que haya que exprimir a la empresa hasta el agotamiento, sino exactamente lo contrario: no se construye un Estado social serio asfixiando a quienes invierten, producen y arriesgan capital.

Por eso convence tan poco la crítica de Stephany Griffith-Jones y de otros economistas de izquierda más dados a la consigna que al análisis, que reaccionan ante cualquier rebaja tributaria como si se tratara de una falta ética. Citan a Margaret Thatcher, Ronald Reagan o Donald Trump como si bastara invocar esos nombres para cerrar la discusión. Pero ese recurso, tal como suele usarse en Chile, es más ideológico que técnico. Que algunas rebajas de impuestos no hayan producido milagros no convierte en inteligente subir la carga sobre la inversión ni perpetuar tasas corporativas altas. Solo demuestra algo bastante simple: los impuestos importan, pero no actúan solos. Y precisamente por eso una rebaja seria del impuesto corporativo debe ir acompañada de disciplina fiscal, gasto de calidad y un Estado capaz de administrar bien lo que recauda. Griffith-Jones criticó públicamente la rebaja de 27% a 23% planteada por el gobierno de Kast. El problema para su argumento es que Chile ya probó el camino contrario. Y salió mal.

Ese camino tuvo nombre y apellido: Michelle Bachelet. Su reforma tributaria fue presentada como una gran cruzada de justicia social. En la práctica, fue una mala reforma para una economía que necesitaba inversión, claridad y crecimiento. Elevó la carga sobre el capital, complejizó el sistema y vendió la ficción de que era posible castigar más al sector productivo sin pagar costos relevantes. Ese fue el pecado original de esa reforma: la soberbia. La soberbia de creer que la inversión seguiría llegando, aunque se la castigara más; que el crecimiento resistiría cualquier torpeza; y que el capital, por alguna razón mágica, no reaccionaría a peores incentivos.

El resultado fue el contrario al prometido. Se recaudó, sí, pero se recaudó mal. Se recaudó al costo de menor competitividad, más complejidad, peores incentivos y menos dinamismo. Sería simplista atribuirle por sí sola toda la desaceleración chilena, porque el ciclo del cobre también pesó. Pero sería igual de deshonesto seguir fingiendo que la reforma fue inocua. No lo fue. El FMI advirtió en 2015 que la inversión en Chile se veía afectada no solo por el deterioro del ciclo del cobre, sino también por los mayores impuestos al ingreso del capital y por la pérdida de confianza ligada a la agenda de reformas. Bachelet no fortaleció la base económica del país; la erosionó. Dejó una estructura tributaria más hostil al crecimiento y una izquierda todavía convencida de que castigar la inversión es una forma sofisticada de virtud pública.

Ahora bien, la derecha cometería otro error si vendiera esta rebaja tributaria como una poción mágica. Bajar el impuesto corporativo tiene sentido porque Chile hoy castiga demasiado a la empresa en comparación con varios países de referencia. Pero esa rebaja solo será seria si viene acompañada de una mejor administración de las finanzas estatales, recortes donde efectivamente corresponde recortar, revisión o cierre de programas sociales mal evaluados, eliminación de duplicidades burocráticas y una modernización real del Estado. No sirve de nada aliviar la carga sobre quienes producen si al mismo tiempo se mantiene intacto el aparato que desperdicia. El propio paquete presentado por Kast incluyó la contención del gasto público entre sus ejes.

Chile necesita gastar mejor lo que ya tiene. Necesita distinguir entre políticas públicas necesarias y estructuras que sobreviven solo por inercia, clientelismo o cobardía política. Necesita un Estado menos redundante, más profesional y exigido en resultados. Y necesita, sobre todo, dejar de usar la deuda como sustituto de la disciplina fiscal. Porque eso fue exactamente parte del saldo del gobierno de Gabriel Boric: un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB, un déficit estructural de 3,55% —o 3,6%, si se prefiere el redondeo— frente a una meta de -1,1%, y una caja reducida a solo US$46 millones al cierre de 2025. Ya en enero de 2026, además, el propio Ministerio de Hacienda informó una emisión internacional de bonos por US$4.375 millones equivalentes, la primera operación del plan de financiamiento de ese año. Eso no es prudencia fiscal. Eso es administrar como si el mañana no importara, dejar la caja exhausta y pasarle el problema al siguiente.

No se trata de una metáfora agresiva. Se trata de una descripción. Cuando un gobierno deja una caja prácticamente vacía, incumple metas fiscales y necesita salir a emitir deuda apenas iniciado el año, no estamos ante una diferencia de matiz técnico. Estamos ante irresponsabilidad fiscal. Y esa irresponsabilidad no puede seguir tratándose como una travesura contable o un detalle menor de administración. Es una señal de desorden, improvisación y desprecio por la seriedad con que debe manejarse el Estado.

A eso se suma una cuestión estructural que Chile no puede seguir escondiendo debajo de la alfombra: la doble tributación. No basta con mirar la tasa de primera categoría. También importa que el sistema chileno haya operado durante años castigando a la empresa y luego volviendo a castigar cuando las utilidades llegan al dueño. Ese diseño desalienta la reinversión, favorece la ingeniería tributaria y distorsiona la asignación del capital. Si la propuesta oficial quiere ser algo más que un titular simpático, no basta con bajar del 27% al 23%; también debe simplificar una arquitectura innecesariamente hostil al ahorro y a la inversión.

La discusión relevante, entonces, no es si bajar impuestos “ayuda a los ricos”. Esa es una frase cómoda para el panfleto y completamente inútil para pensar un país que lleva años creciendo menos de lo que podría. La discusión de fondo es otra: si Chile quiere seguir sosteniendo una carga empresarial alta, una herencia tributaria dañina dejada por Bachelet, una izquierda atrapada en su contradicción nórdica y un Estado que demasiadas veces gasta peor de lo que cobra.

Kast y Quiroz tienen razón en una cosa esencial: Chile necesita dejar de castigar tributariamente a la inversión como si eso no tuviera consecuencias. Pero solo tendrán razón de verdad si entienden algo igual de importante: una rebaja tributaria sin disciplina fiscal, sin poda del gasto inútil y sin modernización estatal corre el riesgo de convertirse en otra consigna vacía.

Porque, al final, lo dogmático no es bajar el impuesto corporativo.
Lo dogmático fue creer, como creyó Bachelet, que subirlo era gratis.
Y lo irresponsable sería creer ahora que basta con bajarlo sin demoler la mediocridad fiscal que dejó instalada la política chilena.

Miguel Mendoza Jorquera – MBA