Basura Digital

De Michelo a Numen, la región enfrenta un fenómeno inquietante: propaganda digital profesionalizada que se disfraza de espontaneidad ciudadana y exige transparencia urgente.

Por Miguel Mendoza Jorquera.- Vista con distancia crítica, la maquinaria de propaganda digital en América Latina muestra un cambio relevante: la desinformación ya no depende principalmente de granjas de servidores ni de cuentas automatizadas. El fenómeno ha evolucionado hacia figuras con rostro, voz y capacidad de influencia pública. Diversos sectores políticos comprendieron que, para instalar un mensaje con apariencia de espontaneidad ciudadana, resulta más eficaz recurrir a personas que se presentan como ciudadanos comunes, pero que amplifican agendas previamente diseñadas.

A diferencia de una cuenta falsa fácilmente detectable, el influencer político opera como un intermediario emocional. Mira a la cámara, construye cercanía, simplifica una agenda ideológica y la presenta como convicción personal. Así logra que miles de usuarios reproduzcan mensajes cuya elaboración y financiamiento rara vez son transparentes. Esa es la eficacia del fenómeno: convertir propaganda organizada en aparente participación ciudadana.

Michelo: el bufón desechable de Miraflores

El caso de Diego Omar Suárez, conocido como “Michelo”, permite observar esta lógica con claridad. Originario de Salta, alcanzó notoriedad durante la pandemia mediante videos de entretenimiento. Posteriormente, buscó proyectarse como activista y terminó en Caracas como un comunicador funcional a la narrativa del régimen venezolano. Grabó contenidos contra el imperialismo, contribuyó a mejorar la imagen pública de Nicolás Maduro y produjo incluso una pieza musical que el mandatario utilizó en apariciones públicas.

El costo político y judicial de ese rol no es menor. Michelo enfrenta denuncias penales en Argentina vinculadas con la presunta minimización de violaciones a los derechos humanos, entre ellas las denuncias sobre torturas en El Helicoide. Su trayectoria también muestra la fragilidad de quienes se subordinan a maquinarias políticas coyunturales: cuando el contexto cambió, pasó de ser una figura útil para la propaganda a convertirse en un elemento incómodo para el mismo aparato que lo había promovido.

El sindicato del cinismo K

En Argentina, esta dinámica adoptó incluso una dimensión gremial. Facundo Pérez Ernst, conocido públicamente como “Mini Néstor”, impulsó junto a otros creadores de contenido la llamada “Liga de la Justicia Social” y promovió un Sindicato de Influencers Agrupados. La iniciativa plantea una pregunta de fondo: hasta qué punto debe el Estado intervenir en la protección laboral de actores cuya actividad principal consiste en difundir contenido político en plataformas digitales.

El debate se vuelve más complejo cuando estos grupos aparecen asociados a viajes, actos oficiales y campañas internacionales. En enero de 2025, integrantes de ese espacio viajaron a Caracas para participar en la asunción de Maduro, cuestionada por diversos actores de la comunidad internacional. La pregunta central no es solo comunicacional, sino también institucional: quién financió esos desplazamientos, con qué objetivos y bajo qué mecanismos de rendición de cuentas.

Numen en Chile: la hipocresía tiene RUT y, a veces, prontuario

Aunque ciertos sectores de izquierda utilizaron tempranamente estas herramientas de influencia digital, las nuevas derechas regionales las profesionalizaron y expandieron. En Chile, el caso Numen obliga a mirar con mayor atención la relación entre campañas políticas, consultoras digitales y transparencia del financiamiento electoral.

El denominado caso Numen no salió a la luz por una fiscalización democrática sistemática, sino a partir de una investigación judicial que involucró a Fernando Cerimedo. La incautación y revisión de sus dispositivos habría permitido conocer una red de operaciones digitales de alcance regional. Los antecedentes difundidos han vinculado a actores de distintos países y han abierto interrogantes sobre la eventual presencia de esa estructura en procesos políticos chilenos.

El 8 de septiembre de 2020, en el contexto del debate constitucional chileno, el abogado Enrique García Arancibia constituyó Numen SpA en Santiago. Según los antecedentes conocidos, quedó inicialmente con el 100% de las acciones y posteriormente se utilizaron mecanismos societarios que dificultaron seguir el rastro de la propiedad. Cerimedo reconoció públicamente que García era su socio histórico y que esa sociedad operaba como una expresión local de su estructura. El hecho de que García integrara más tarde el Comité Técnico de Admisibilidad del segundo proceso constitucional refuerza la necesidad de examinar con rigor estos vínculos.

Numen también ha sido asociada a “Casa Común por el Rechazo”, comando en el que participaron figuras que posteriormente ocuparon posiciones relevantes en el entorno comunicacional y político de la derecha chilena. Compartir una campaña no constituye, por sí mismo, una irregularidad. Sin embargo, cuando se trata de empresas señaladas por operaciones de influencia digital, la transparencia deja de ser una opción política y se convierte en una exigencia democrática.

Tras las revelaciones vinculadas al entorno de Cerimedo, Evelyn Matthei pidió públicamente aclarar los nexos y transparentar eventuales pagos o contratos. Más allá de la disputa interna de la derecha, el punto relevante es institucional: si existen oficios ante el Servel y se evalúa una comisión investigadora, corresponde que quienes participaron en estas redes expliquen el origen de los recursos, los servicios contratados y el alcance real de las operaciones ejecutadas.

El misil que reventó la burbuja

Los acontecimientos atribuidos a comienzos de enero de 2026 dejaron en evidencia los límites de la propaganda digital. Las narrativas pueden moldear percepciones durante un tiempo, pero no sustituyen la realidad política ni alteran por sí solas las condiciones materiales del poder. Un millón de interacciones en una plataforma no equivale a legitimidad democrática ni a capacidad institucional.

El problema de fondo no es si la propaganda proviene de una izquierda autoritaria o de una derecha tecnificada. El problema es la opacidad con que se financian y coordinan redes destinadas a intervenir en la conversación pública. En una democracia sana, quienes buscan influir en procesos electorales o constitucionales deben revelar quién paga, qué se contrata y con qué propósito. La basura digital no se combate solo desmontando cuentas falsas, sino exigiendo trazabilidad, responsabilidad política y transparencia absoluta a quienes administran el relato.

Miguel Mendoza Jorquera – MBA