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Coordinadora de Migrantes ante anuncios del gobierno de Gabriel Boric

Señor director:

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes saluda con esperanza la asunción del nuevo gobierno de Chile presidido por Gabriel Boric. Esperamos, en concreto, que durante su ejercicio se introduzcan giros radicales en cuanto a la Política Migratoria. Para lograr una adecuada gobernanza migratoria sostenemos que hace falta cambiar el paradigma imperante, por un enfoque integral y humanitario, de cooperación y colaboración a nivel nacional e internacional, de énfasis en la regularización y la cohesión social migratoria, y con perspectiva de derechos humanos de las personas migrantes y de las comunidades de acogida.

En este sentido, expresamos en primer lugar, nuestra preocupación por la ausencia de anuncios claros en esta materia por parte del gobierno que lo desmarquen del gobierno precedente, ya que en los hechos, hasta ahora, se continúan aplicando las mismas medidas de control fronterizo. Así, la prórroga del estado de excepción para la macrozona norte solicitada por el gobierno y aprobada en el Congreso, nos obliga a pronunciarnos críticamente al respecto y a levantar nuestra voz en contra de la práctica de las deportaciones “exprés” o reconducciones, que se han venido aplicando.

Se aduce que la extensión del Estado de Excepción se hace «con el afán de impulsar el desarrollo de las mejores condiciones posibles para la solución de la compleja situación humanitaria, migratoria y de seguridad que afecta al norte de nuestro país». Cabe preguntarse ¿qué medidas tomarán para crear esas mejores condiciones posibles para solucionar la compleja situación que afecta al norte de Chile? Y que efectivamente no es sólo «migratoria», sino que humanitaria y de seguridad. Y debemos insistir, la inseguridad no es derivada sólo y simplemente de los flujos de migración irregular ni del tráfico de migrantes. Por lo que no es correcto hacer lo uno sinónimo de lo otro.

Entendemos que los estados de excepción ponen a las Fuerzas Armadas a controlar el orden público en situaciones de desborde del mismo, pero que no atienden a las causas de esos desbordes. Por ello, pueden derivar en prácticas represivas y violaciones a los derechos humanos de las personas, además de las restricciones que imponen a las libertades y derechos individuales. Poner a las FFAA al cuidado no sólo de las fronteras, sino de todo el orden público en la macrozona norte no es la solución. Hay que hacerse cargo con políticas públicas para encarar los problemas de esta compleja situación, que no partió con el flujo de migrantes irregulares, ni con su asentamiento precario e inhumano en espacios públicos de las ciudades y localidades del norte, aunque la situación de inseguridad pueda haberse agravado con estos problemas en los últimos tres años.

En este sentido, fortalecer las capacidades y recursos de Carabineros y la PDI en las comunas afectadas por el aumento de delitos en el norte es, en principio, solo parte de una solución que requiere una política de prevención y combate del delito más global e integral, que contemple la inversión social y la participación de las comunidades en el diseño e implementación de nuevas estrategias de desarrollo, que sean reales alternativas a lo que ha venido pasando en las últimas décadas de gobiernos neoliberales.

En segundo lugar, nos preocupa que el gobierno retroceda de su compromiso programático de avanzar hacia un proceso de regularización migratoria, que de manera coloquial se le ha llamado “perdonazo”, teniendo en cuenta que -al respecto- quien puede estar en falta, en principio, es el propio Estado de Chile, al no haber adoptado una política eficaz para que la migración transcurriera en forma regular, segura y ordenada.

Recuperar una capacidad de gestionar razonablemente la migración existente en Chile y la que pudiera seguir afluyendo al país, requiere de múltiples medidas. Una primera e imprescindible es levantar un Registro Nacional de población migrante, refugiada y solicitante de refugio –cualquiera que sea su situación administrativa- de los últimos 5 años, que permita levantar un catastro real de la situación sociodemográfica, de antecedentes, y de estatuto administrativo en que se encuentra esta parte de la población que habita hoy en Chile. Un Registro que se hace aún más imprescindible para subsanar el grave atropello a las personas migrantes con trámites en curso que ha significado la pérdida de Sistema B3000, la base de datos 1993-2021, ocurrida en octubre del año pasado, por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones.

Dicho Registro debiera permitir iniciar o reiniciar el estudio de las solicitudes de visa, permisos de residencia o asilo que pudieran dar lugar a una regularización caso a caso, y con plazo para desarrollar ese proceso de al menos un año. Además, permitiendo otorgar, entre tanto, un permiso de residencia que habilite a la persona migrante a trabajar, así como a acceder a los derechos sociales básicos, como los de educación y salud, vivienda y otros. Tal proceso, igualmente, debiera permitir detectar a las personas que no cuentan con certificados de antecedentes o que registran antecedentes judiciales o penales por delitos en sus países de origen, de tránsito o en Chile, que ameritan su expulsión y deportación del país.

En cuanto a la migración que pudiera seguir afluyendo a Chile, es imprescindible decretar administrativamente el término de las visas consulares de turismo, y disponer, por el contrario el otorgamiento de visas de reunificación familiar y humanitarias hasta un quantum anual susceptible de ser acogido con dignidad por Chile. Habida cuenta que en Chile se generan en un año de bajo crecimiento económico hasta 100 mil empleos anuales, y que la tasa de desocupación y de empleo informal de la población migrante, según el INE, es inferior la primera e igual la segunda a la que presenta el total de la fuerza de trabajo, este criterio nos parece mucho más conducente que la pretensión de acordar con países vecinos “cuotas” de recepción de migrantes, que han fracasado ya en Europa, al menos.

En tercer lugar, en el plano internacional, creemos necesario que el gobierno aproveche la realización del primer Foro Internacional de Revisión de la Migración convocado por la ONU, entre el 17 y el 20 de mayo próximos, en Nueva York, para concurrir a firmar el Pacto Mundial de Migración, también conocido como Pacto de Marrakech, que Sebastián Piñera desistió de firmar a último momento. Y se comprometa a revisar la legislación migratoria de Chile a la luz de las recomendaciones y buenas prácticas establecidas en ese instrumento, que por cierto no es vinculante ni condiciona la soberanía de Chile.

Finalmente, instamos a que el gobierno de Chile retome su participación en los espacios de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, por un lado, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por otro, para reimpulsar en su seno la ciudadanía suramericana y aún más, latinoamericana y caribeña, como horizontes necesarios orientados a tener las legislaciones migratorias de nuestro continente a la altura de la época que vivimos. La integración de nuestros pueblos no puede esperar más. La inmigración intralatinoamericana y caribeña no se puede desconocer hoy. No podemos seguir estableciendo fronteras que ya se han borrado para el libre movimiento de capitales y mercancías. Pongamos nuestras legislaciones al servicio de la unidad de nuestros pueblos.

¡Chile somos y lo construimos entre todas y todos! ¡Ningún ser humano es ilegal!

Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile