Por Sergio Salinas Cañas.- “No digan que no lo vieron venir”, fue una frase que se hizo popular en el contexto del estallido social en Chile que comenzó el 18 de octubre del 2019 y, como quedó en evidencia en su tercera conmemoración, aún no termina.
Somos varios los cientistas políticos, historiadores, economistas, sociólogos que hemos sostenido que las causas que dieron sustento al estallido siguen vigentes, ya que eran demandas sociales y económicas. La clase política de extremo a extremo del abanico, que cada vez parece más miope a la realidad, creyó -mesiánicamente- que el cambio constitucional (Giuseppe Tomasi di Lampedusa diría gatopardismo puro) terminaría con la crisis. Sin embargo, los indicadores económicos son dramáticos para el próximo año para Chile y el “hambre”, agua de demandas legítimas, cada vez vuelve a hacer crecer más y más el vapor de esta nueva “olla a presión social”.
Los estados desarrollados cuentan con diferentes herramientas y metodologías para explorar e intervenir en el futuro como la inteligencia estratégica y la prospectiva. En Chile estamos en el verdadero subdesarrollo en estos campos, invirtiendo grandes cantidades de dinero en una inteligencia que sólo se preocupa de la “coyuntura” y no en la prospectiva proactiva.
Todos los estudios internacionales, las instituciones y académicos nacionales dedicados a este tema muestran, y saben, que el dominio del conocimiento o saber ontológico del escenario futuro, su real o aproximada fisonomía, el riesgo político inherente, las oportunidades explotables y, en fin, de los elementos componentes de las realidades políticas, estratégicas, sociales, económicas y culturales, se puedan trabajar profesionalmente en Chile. Capacidades sobran, pero lo que falta es la decisión de los gobiernos, con todo lo que significa en inversión y apoyo político, para impulsarlas en un proyecto nacional en el que caben todos.
Desde los tiempos primitivos, el hombre se dotó de estructura organizacional que en el avance del tiempo constituyeron una incipiente sociedad en desarrollo. Cualquier decisión, hasta la más elemental, ha precisado de datos, nociones, conocimiento del entorno ambiental y de sus habitantes, como de los riesgos y amenazas presentes y previsibles. Esa es la información útil que entregan los organismos abocados a la inteligencia estratégica nacional, que no tiene que ver con la inteligencia policial. La Inteligencia estratégica es la que entrega la facultad de anticiparse a los hechos, ya sea para regular el cambio como gestor o actor significativo del mismo, actuando en forma proactiva, o bien para adoptar y adaptarse al mismo, actuando en forma preventiva u oportunamente reactiva.
Sin embargo, a diferencia de los institutos, corporaciones y fundaciones dedicadas a estos temas, la discusión al interior y entre los partidos políticos y a nivel parlamentario deja mucho que desear. De continuar en este camino, todos los sucesos que ahonden la crisis política, social y económica que vivimos, serán vistos como “cisnes negros”, tal como lo señala Nassim Nicholas Taleb.
Se necesita a personas capacitadas, con estudios en el tema, a “los mejores” (se dice en los países desarrollados), y no sólo a lo que “botó la ola” o los escogidos por sus “amistades” en el poder, olvidando los méritos y las capacidades. Si no nos colocamos serios, nunca tendremos un pensamiento proactivo, es decir, aquel criterio que permite la concepción de hechos o circunstancias que aún no se han manifestado y que se conciben como realidades posibles, en tanto su factibilidad. Y sólo tendremos, tal como han señalado destacados académicos que en otros países asesoran a la inteligencia estratégica, criterios preventivos, podríamos decir “a la chilena”, que sólo orientan a un razonamiento de anticipación a algún hecho posible de ocurrir, en tanto ya ha ocurrido anteriormente. No es una diferencia menor ni una sutil diferencia conceptual, sino que una enorme diferencia ante la contingencia emergente que puede implicar el caer, en esta crisis que parece nunca acabar, o seguir avanzando como país en desarrollo, pero uno construido en justicia, dignidad y con parámetros éticos.
Ahora unos datos sacados de organismos internacionales para evitar suspicacias políticas. Un informe del Banco mundial del 17 de octubre apunta a que la inflación interna de los precios de los alimentos sigue siendo alta en todo el mundo. Entre mayo y septiembre de 2022 se muestra una elevada inflación en casi todos los países de ingreso bajo y mediano; el 88,9 % de los países de ingreso bajo, el 91,1 % de los países de ingreso mediano bajo y el 96 % de los países de ingreso mediano alto han registrado niveles de inflación superiores al 5 %, y muchos experimentan una inflación de dos dígitos. La proporción de países de ingreso alto con elevada inflación de los precios de los alimentos ha aumentado al 85,7 %.
Los altos precios de los alimentos han provocado una crisis mundial que está empujando a millones de personas más a la pobreza extrema, aumentando el hambre y la malnutrición. Según un informe del Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 provocó un gran retroceso en la reducción de la pobreza mundial. En la actualidad, el aumento de los precios de los alimentos y la energía, impulsado por las crisis climáticas y los conflictos, ha paralizado la recuperación.
De acuerdo con un documento del FMI, es necesario un gasto extra de entre US$ 5.000 millones y US$ 7.000 millones para ayudar a los hogares vulnerables de los 48 países más afectados por el alza de los precios de importación de los alimentos y fertilizantes. Un monto adicional de US$ 50.000 millones se requiere para poner fin a la inseguridad alimentaria aguda en los próximos 12 meses.
Según un informe de la FAO y el PMA, es probable que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda y que necesitarán asistencia urgente aumentará a 222 millones de personas en 53 países y territorios.
En síntesis, hasta 828 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches y la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda ha aumentado, de 135 millones a 345 millones, desde 2019. 50 millones de personas en 45 países están al borde de la hambruna.
Para Chile, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que será el único país de Latinoamérica y el Caribe que tenga un retroceso del Producto Interno Bruto (PIB). Para 2023 el escenario no es favorable, pues se espera una caída de 1%. “No digan después que no lo vieron venir”.
