Por Óscar Gárate Maudier.- Sin duda, la Ley Nº 21.521 -que promueve la competencia e inclusión a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, también denominada “Ley Fintech”– no solamente transformará las estructuras de los servicios a los cuales está llamada a regular, sino que nos presentará además el desafío de incorporar pronto nuevas herramientas para el aprendizaje y la implementación de esquemas cada vez más interdisciplinarios y creativos, orientadas a interpretar y analizar modelos de negocios altamente dinámicos.
Con metodologías de trabajo cada vez más flexibles y con alcances jurídicos y económicos tan diversos como la aplicación de tecnologías disruptivas (blockchain, big data, inteligencia artificial, metaverso) y, al mismo tiempo, el respeto de garantías fundamentales como son la libertad de emprendimiento, la protección de datos y la excepcionalidad de la regulación económica.
La “Ley Fintech” nos obligará a establecer las bases de una nueva área de especialidad en el Derecho, que debe ser funcional a las tecnologías y responder al mercado, formando profesionales para poder orientar concretamente la prestación de servicios financieros innovadores, no solamente de cara a clientes y consumidores.
También con el gran desafío de ingresar al debate público y entregar luces a los reguladores sobre el modo en que estos modelos de negocios operan y cómo debemos entenderlos a efectos de poder adecuar –entre otras– las normas en materia de licencias, prevención de lavado de activos, reporte de transacciones, encaje u otras, ante una realidad en que muchas veces nos enfrentaremos a un conocimiento de cliente restringido y a modelos de negocios que no necesariamente coinciden con lo previsto en norma expresa alguna.
Academia, innovación, inclusión y Ley Fintech
A ello se suman desafíos tan concretos como la necesidad de aplicar procesos que agilicen la experiencia de los usuarios finales, la exigencia de satisfacer posibles fiscalizaciones de diversas autoridades (CMF, UAF, SII, Sernac, etc.) y la necesidad de levantamiento de capitales, conforme a estructuras que requerirán una nueva mirada.
En definitiva, la Academia debe estar desde ya preparada y al servicio de esta nueva realidad, que se expande exponencialmente a campos tan diversos como el inmobiliario y el agropecuario, y que requiere de profesionales que comprendan de manera concreta tales estructuras dinámicas, a partir de la integración del derecho, las finanzas y la economía, de modo que sirvan de base para la formación de futuros académicos, reguladores y emprendedores Fintech.
Óscar Gárate Maudier es abogado de la Clínica Jurídica de la U.Central