Por Juan Medina Torres.- La historia de la humanidad nos indica que el ser humano siempre ha deseado mejorar sus condiciones, lograr metas más altas, progresar y desarrollarse y en este camino. El metaverso constituye un nuevo modo de acción humana cuyas consecuencias cambian al mundo de manera irreversible.
El concepto del metaverso proviene de la literatura de ficción. En 1992 el escritor Neal Stephenson acuño el término en su libro Snow Crash. Treinta años después, nos encontramos que es más ciencia y menos ficción. Es un paso más en la evolución de internet desde el punto de vista visual y de interacción donde el contenido 2D se transforma en un contenido 3D. Esta realidad virtual está siendo creada por grandes compañías y según el futurista Matthew Ball en “A Framework for the Metaverse” formará parte de nuestra cultura.
Cabe preguntarse entonces: ¿Qué podremos hacer con el metaverso? Según José María Lasalle, doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria: “Podremos hacer, en la medida que desarrollemos las capacidades tecnológicas, lo que hacemos en la vida analógica y proyectarnos al otro lado de la pantalla y reproducir en otro espacio lo que desarrollamos a diario. Por ejemplo una reunión de trabajo con un nivel conversacional parecido a lo que desarrollamos en una sala. La cuestión está en qué pasa con el registro de esos datos que están de alguna manera proyectando también nuestra actividad neuronal. Es decir, estamos dando saltos exponenciales en el registro de los datos. Ya no solamente la huella digital que dejamos cuando interactuamos a través de internet y ahí se produce un salto cualitativo en el registro de nuestros datos que en mi opinión hace falta de manera urgente una regulación relacionada con lo que se denomina el mundo de los neuroderechos”.
En relación a los neuroderechos, en octubre de 2021, en Chile se promulgó la Ley 21.383 que modificó la Constitución para establecer que “el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella”.
Esta iniciativa de nuestro país, en orden a que el desarrollo científico y tecnológico esté al servicio de las personas, alude al peligro que perciben algunos investigadores, debido a que en estos momentos algunas empresas neurotecnológicas están impulsando proyectos de implantes cerebrales, para que los usuarios del metaverso puedan tener una experiencia en tiempo real paralela a la experiencia analógica, es decir, se usen los cinco sentidos y no tan solo la vista y el oído.
Estas tecnologías invasivas se están aplicando en tratamientos en universidades y fundaciones en Estados Unidos en la lucha contra el Alzheimer o contra la esquizofrenia y están logrando avances muy significativos. Solo se admiten en proyectos con estricto control ético. Pero, ¿qué pasa si estas tecnologías se usan para otros fines y traspasan límites peligrosos para el ser humano?
Estamos de acuerdo que nuestra civilización está viviendo cambios impresionantes y no podemos renunciar a dichos cambios porque forman parte de la capacidad humana de innovar, progresar, evolucionar pero, como dice Hans Jonas, en su obra titulada El Principio de la Responsabilidad, Ensayo de una Ética Para la Civilización Tecnológica, tenemos que ser capaces de desarrollar el poder tecnológico que nuestra responsabilidad ética sea capaz de gestionar.
El uso ético y moral de la tecnología ha sido tema de reflexión para la UNESCO desde la década de los 70 del siglo pasado y los estados miembros adoptaron a fines del año 2021 el primer acuerdo sobre ética y la inteligencia artificial.
En resumen, más que la tecnología y su estado actual de desarrollo, lo que preocupa son sus aplicaciones potenciales. “Si esperamos a que (la tecnología) madure, puede que no logremos regularla jamás”, advierte Carlos Amunátegui, académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.