Por Christopher Gotschlich – Es evidente que el proceso de desmunicipalización de la educación pública ha tenido problemas administrativos considerables desde su implementación. Sin embargo, existe un elemento en la ley 21.040 que puede agravar este proceso y que tiene que ver con la obligación de traspasar los bienes inmuebles desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) de forma gratuita.
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El problema se presentaría respecto a los bienes inmuebles adquiridos con fondos propios municipales, ya que al ser las municipalidades y corporaciones personas jurídicas con patrimonio propio, se podría calificar dicha regulación de expropiatoria y, al no tener una indemnización asociada, devenir en inconstitucional.
Además, el tema se profundiza porque los alcaldes (sostenedores) no podrían tener una actitud pasiva frente a estos traspasos, ya que la omisión en el ejercicio de acciones legales o administrativas en pro de la protección del patrimonio municipal podría generar responsabilidad administrativa o incluso, configurarse la causal de notable abandono de deberes.
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