Por José María Vallejo.- Una alcaldesa sacándose una foto en un funeral. A pocas horas de que le hubiera llegado una advertencia de parte de la Contraloría General de la República en orden a que no se expusiera mediáticamente aprovechando la emergencia.
Varias preguntas me surgen de este episodio, reprochable desde el punto de vista ético, y cuestionable desde el punto de vista legal.
Si, porque no se trata sólo de un reproche a la moralidad de que una autoridad elegida esté tan abiertamente haciendo campaña, sino más, de que, para ello, haya sido capaz de profanar un momento sagrado de una persona y una familia, ostentando su presencia.
¿No tiene límites en su capacidad de transformar la gestión comunal en un show? ¿No le da pudor haber suplantado el rol de los familiares en la despedida de una víctima de coronavirus? ¿Lo ha hecho antes con otras víctimas de otras enfermedades? ¿Es una práctica habitual acompañar los entierros y fotografiarse en ellos? Si no lo es, ¿por qué lo hizo en este?
Pero desde el punto de vista legal me asaltan otras dudas tanto más graves:
¿Cuál es el protocolo de Salud frente a una muerte por COVID-19? ¿Permite a personas ajenas a la familia? ¿Cuántas personas permite un entierro en estas circunstancias?
¿El protocolo de Salud permite a un alcalde? ¿Serán los alcaldes los llamados a despedir a los fallecidos por coronavirus? ¿Es parte de su función comunal?
¿La familia tenía prohibido asistir? ¿Cómo obtuvo de sus familiares y de Salud el permiso para estar presente en el entierro de la persona fallecida?
Si el protocolo de Salud señalara -como sería lo obvio- que el entierro de un fallecido por coronavirus fuera en absoluto aislamiento, la alcaldesa en cuestión habría cometido no solo una falta grave desde el punto de vista sanitario (no estaba con implementación ni traje especial), sino también una falta grave desde el punto de vista legal, toda vez que estamos en estado de catástrofe sanitaria y es de suponer que el Ministerio de Salud o la Seremi de Salud debieran tener estrictas normas para la disposición de los fallecidos. No cumplir con los requerimientos sanitarios de aislamiento, exponerse al virus y ser posible fuente de contagio debería acarrearle consecuencias legales. Si no hay normas para los entierros y los alcaldes pueden hacer lo que quieren con los cadáveres contaminados con el virus, entonces el problema no es solo de la jefa comunal, sino de Salud y definitivamente estaríamos en una situación de absoluto despelote. Quiero tener fe de que eso no es todavía así.
Más allá de lo legal, es imprescindible no dejar pasar una situación así. Es previsible que los alcaldes, en campaña electoral, quieran tener cámara y darse a conocer, salir en los matinales, dar opiniones. El hecho -pese a haber sido criticado por el contralor General de la República- es entendible. Si usted es una autoridad elegida, está siempre en campaña.
Pero, ¿no debiera haber límites para ello? Si un entierro no es sagrado para un alcalde, si no puede respetar un momento como ese, encima refregándole en la cara a la familia que no pudo estar ahí (pero la alcaldesa sí), es la peor política del mundo.
