Por Roberto Fernandez.- La aprobación de la ley del retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, después de un arduo y tenso debate en el que la opinión pública participó activa y masivamente, no significó una tregua en la discusión de los temas que preocupan a las chilenas y chilenos. Los guerreros no tienen tiempo de descansar.
Sorpresiva y vertiginosamente se instaló, para quedarse, el plebiscito previsto para el 25 de octubre.
Recordemos que la decisión de realizarlo se produjo la noche del 15 de noviembre de 2019, en lo más álgido del estallido social. Se adoptó en una rápida negociación, por una élite política desconcertada y en pánico por lo que estaba ocurriendo.
Tenemos que reconocer que el costo mayor del acuerdo lo pagó la derecha. Días antes parecía inconcebible que estuvieran dispuestas en poner en cuestión la Constitución de Pinochet que, a pesar de las reformas que había sufrido, seguía siendo la piedra angular del modelo neoliberal.
Evidentemente ese acuerdo permitió aliviar en algo la presión social y política que se vivía, sobre todo en lo concerniente a la paridad de género y cupos para los pueblos originales en la futura Asamblea Constituyente.
Después vinieron las vacaciones de verano y nos llegó el Coronavirus.
Las encuestas de la época mostraban una clara ventaja para el Apruebo. El rechazo nunca pasó del 25% de apoyo.
Volviendo al presente, nos encontramos -con la ayuda de la manifestación por el rechazo, realizada en plena cuarentena, violando todas las reglas y protegida por carabineros- de lleno en la discusión del Plebiscito y la futura Asamblea Constituyente.
Las condiciones que tiene que hacer frente la derecha en este proceso son peores que antes de la epidemia: un gobierno en el suelo, derrotado en todas sus iniciativas, sin apoyo ciudadano, y una coalición que debería apoyarlo hecha pedazos. Esto, agravado por que respecto al plebiscito existen posiciones claramente diferentes. Uno de sus líderes, el alcalde Lavín, se ha manifestado claramente a favor del Apruebo. Salen del fuego del retiro del 10% para caer en las brasas del plebiscito. Pero, en la perspectiva del mediano plazo, el problema mayor es que necesita del 33,6% de la Asamblea Constituyente para poder vetar los artículos de la nueva constitución que consideren lesivos a sus intereses. No podría conservar sus privilegios constitucionales actuales.
A pesar que históricamente la derecha ha tenido un piso de un tercio del electorado, hoy parece difícil que lo conserve. El estallido social fue exactamente eso, el estallido de una acumulación de desigualdades, injusticias, pobreza y abusos, que en estos momentos solo se han agudizado debido a la epidemia. Se prevé una caída del 8% para la economía este año. El desempleo real se estima será de un 30%.
Por otra parte, también algo impensable hace poco, en la oposición comienza a darse un proceso de unidad en la diversidad, que parece irreversible. La posibilidad de ganar la próxima elección presidencial ayuda mucho….
Dado que la campaña del terror de que el salto al “vacío” que significaría el cambio de constitución- que, dijeron, implicaría ser “devorados por monstruos sedientos de sangre humana”- no está funcionando, la pregunta del millón de dólares es: la elite económica, política y social que se expresa en la derecha ¿está dispuesta a aceptar una pérdida tan importante?
De la respuesta a esa pregunta depende la estabilidad futura del país.
Lo más probable es que ciertos sectores harán todo lo posible para impedir la realización del plebiscito. Esto a través de provocaciones que generen alteraciones del orden público y represión, para así imponer estados de emergencia que no permitan el funcionamiento de la democracia.
Debemos estar atentos e impedir cualquiera aventura de ese tipo .
Sin embargo, a pesar de estos riesgos también se abre una gran oportunidad para este país. La que, entre todos, construyamos una nación más integrada, más justa, más solidaria y más moderna.