Por Constanza Moya.- La pandemia por Covid-19 ha producido efectos económicos, sociales y sanitarios, entre otros, de gran magnitud en todo el mundo. En Chile sus efectos no han sido la excepción. En marzo de 2020 se desencadenó en nuestro país una crisis sanitaria de proporciones, lo que ha provocado drásticos deterioros en la economía, aún mayores que los provocados por la revuelta social de octubre 2019.
En esta ocasión, además del cierre de parte de pequeñas y medianas empresas, las medidas sanitarias restrictivas impuestas han limitado la movilidad de las personas y disminuido la actividad económica minorista, especialmente de los sectores de servicios que generan gran parte del empleo, por ejemplo: Turismo, trabajo doméstico, construcción y comercio).
Este panorama representa un gran desafío para las autoridades políticas, económicas y sanitarias en cuanto a fijar las políticas financieras que se estiman más eficientes, las medidas de focalización para las ayudas a la población y las medidas restrictivas para el control de la crisis.
Ha habido distintas opiniones, criterios y propuestas respecto a cómo se debe enfrentar la crisis económica, social y sanitaria pero hay un consenso en que el Estado debe jugar un papel preponderante en este período. Mientras algunos consideran que está bien lo que se está haciendo en materia de ayudas (pero que se debe ser cauto en el uso de los recursos fiscales), otros creen que el Estado debe apoyar más enérgicamente, y durante todo el período de normalización, a las empresas en riesgo de quebrar, así como apoyar a la fuerza laboral empleada que ha perdido sus trabajos, etc.
En los hechos, el Estado ha otorgado diversas ayudas y bonos (Covid, IFE, Clase Media o Préstamo Solidario del Estado) para ir en ayuda de las personas afectadas por la pandemia (familias, trabajadores o empresariado) producto del confinamiento, del desempleo y de la caída en sus ingresos económicos, entre otros. El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que el paquete de estímulo fiscal aprobado en 2020 fue fundamental para contener los efectos de la crisis económica generada por la pandemia en Chile.
Es innegable que la economía del país se ha visto gravemente afectada por la crisis sanitaria: Sufrió una caída de un 5.8% el año pasado, la peor en cuatro décadas. Y aunque el Banco Central de Chile estimó en febrero 2021 una nueva caída (-2,2%), también proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto PIB para el presente año entre un 6 y 7%, señalando que se han ido produciendo mejoras graduales de la actividad económica, con una demanda liderada por el consumo privado producto de los retiros de fondos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las diversas ayudas otorgadas por el Estado.
Asimismo, el mercado laboral aún no logra recuperar su dinamismo anterior. Se perdieron más de 800.000 empleos en los momentos más álgidos de la pandemia (trimestre mayo/julio 2020). El impacto de la segunda ola significó que el desempleo subiera al 10,4% en marzo de 2021, especialmente en sectores como el comercio, alojamiento, servicios de comidas y doméstico. El gran desafío para el sector privado/Estado es lograr la recuperación de los empleos, lo que no es nada simple en el escenario actual, con los contagios y con las restricciones sanitarias que no cesan.
El sostenido avance en el proceso de vacunación permitiría mejorar la proyección de crecimiento de la economía y las expectativas privadas de empresas y personas, pero tendría que darse a la par con la flexibilización de las medidas sanitarias. Por otra parte, sería necesario que en el marco de elección de nuevas autoridades y de elaboración de una nueva Constitución, se pueda llegar a consensos políticos sobre las políticas públicas que permitan responder a las demandas sociales y, al mismo tiempo, sobre las medidas que permitan recuperar la economía a nivel nacional.
