Por Roberto Fernández.- La salida política al estallido social de octubre de 2019, acordada por una muy amplia mayoría de los partidos políticos, fue plebiscitar una nueva Constitución y la elección de una Asamblea Constituyente, si la propuesta era aprobada. Esta última debía elaborar una nueva Constitución a ser aprobada o rechazada por la ciudadanía, en un plebiscito “de salida” con voto obligatorio.
El mecanismo definido para la incorporación de los artículos a plebiscitar consistió en la aprobación por los 2/3 de los constituyentes. Cabe recordar aquí que durante todos los gobiernos de la Concertación solo se pudieron realizar las reformas constitucionales que la derecha permitió, dado el quórum de 2/3 del parlamento que establecía la constitución actual. Paradójicamente la derecha enfrenta hoy el mismo problema. No tienen el tercio que requerirían para vetar las proposiciones que no comparten.
El acuerdo al que se llegó en noviembre de 2019 estableció también cupos para los pueblos originarios y, algo inédito en el mundo, la Convención sería paritaria en términos de género.
Todo esto en un proceso no visto antes en la historia de Chile.
Los sectores de derecha y del empresariado que optaron por mantener la constitución de Pinochet, llamando a votar rechazo en el plebiscito, fueron ampliamente derrotados. Obtuvieron 20% de los votos y un poco más en la elección de los constituyentes. Perdieron, además por paliza, la elección de Gobernadores regionales (eligieron 1 de 15) y recientemente la elección presidencial.
Parece evidente que lo vivido en el país es la expresión de un malestar generalizado y profundo, que viene desde hace mucho tiempo, respecto a un modelo de sociedad percibido como abusivo, desigual e injusto. Las AFP, Isapres, el sistema financiero, el Parlamento, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, etc., es decir, la institucionalidad es la que aparece cuestionada por la mayoría de las personas en todos los estudios y encuestas.
La Constitución de un país es el marco jurídico institucional que este se da para regular la convivencia social de manera armoniosa. En este sentido, entre más representativa de los intereses mayoritarios, más aceptada y legitima aparecerá para las ciudadanas y ciudadanos.
El problema de la actual es que fue promulgada en dictadura y que, principalmente, ha buscado proteger y consolidar los intereses y privilegios de una minoría, que se beneficia abusivamente de ellos, teniendo además el control de la mayor parte de los medios de comunicación, lo que facilita la defensa de sus intereses.
Paradojas de la democracia: los que se opusieron al cambio de la constitución actual pretenden establecer las condiciones que debería tener la nueva.
La Asamblea Constituyente ha debido desarrollar su trabajo a partir, literalmente, de cero. No existía experiencia previa ni procesos administrativos definidos. En términos de infraestructura, financiamiento y apoyo del actual gobierno, este ha sido mínimo. Visto así, el trabajo ejecutado ha sido notable.
Evidentemente también se han presentado muchos problemas. La mayoría de los constituyentes provienen de sectores sociales, étnicos, profesionales y políticos diversos. Muchos de los planteamientos, que la prensa magnifica, no corresponden a los temas que debe contemplar una Constitución y eso hay que corregirlo. El hecho de que existan comisiones, donde las proposiciones se analizan antes de llegar a la votación en la Asamblea General, es un mecanismo adecuado para superar esas dificultades.
Está claro que la derecha y el empresariado harán todo lo posible por hacer fracasar la Convención Constituyente. Su campaña permanente de desprestigio lo demuestra. Está claro que prefieren la constitución de Pinochet. El problema es que algunos representantes de la centro izquierda también cooperan en ese sentido. No existe alternativa a plebiscitar la proposición de nueva Constitución que hará la Convención. Está fijada constitucionalmente.
La estrategia de la derecha es clara. Pide que los artículos que se plebiscitarán se logren por “consenso”, esto es, con su acuerdo. Esto atenta fundamentalmente contra lo que se busca: una Constitución realmente democrática y representativa de los derechos e intereses de la mayoría. Es obvio que la búsqueda de acuerdos es legítima y deben realizarse todas las conversaciones que se requieran para lograrlos. Pero si no se obtienen el hecho que la proposición a plebiscitar tendrá el voto de los 2/3 de los constituyentes, la hace perfectamente democrática y legítima.
