Por Emilio Oñate.- La propuesta de la comisión de sistema político de la Convención Constitucional para consagrar un Estado social y democrático de derecho no alcanzó los 2/3 en la instancia plenaria, siendo rechazada por algunos convencionales bajo el supuesto de que el modelo de Estado que Chile debe adoptar es el de un Estado garante de derechos.
El Estado social de derecho es la suma del Estado liberal que consagra las libertades individuales y el Estado democrático que reposa en la soberanía popular y se sustenta en la idea de que se debe alcanzar una justicia social y material para todos los miembros de la comunidad. En esa línea, el Estado debe tomar un rol activo en la sociedad para disminuir y corregir desigualdades.
La crisis social de octubre de 2019 y la pandemia obligan a avanzar hacia una nueva configuración del Estado en el que los principios de igualdad, solidaridad y distribución se expresen con nitidez y fuerza. Es imperativo que el desarrollo macroeconómico que Chile alcanzó durante los 30 años post dictadura militar se muestre en los diversos sectores de la sociedad y no siga solo expresándose en un porcentaje muy pequeño de la población.
El Estado social y democrático de derecho busca armonizar la autonomía individual con la intervención estatal y no persigue, como algunos pretenden suponer, la intervención del Estado en todos los ámbitos de la vida personal. Su objetivo es estructurar un Estado que asegure estándares de bienestar para lo cual debe intervenir en la actividad económica, diseñe, formule e implemente políticas públicas de tipo redistributivas, consagrando y tutelando derechos sociales, bajo un marco institucional en que el régimen democrático sea condición sine qua non.
Avanzar hacia una cultura de la solidaridad requerirá etapas paulatinas y progresivas donde el Estado disponga de mecanismos que permitan no solamente hacer realidad esos cambios, sino enfrentar las necesidades de las personas con menores recursos, avanzando hacia una refinanciación y sostenibilidad de políticas públicas que permitan establecer estándares de bienestar para toda la sociedad, en especial para los más carenciados. Esta evolución requiere, entonces, consagrar un modelo de Estado social y democrático asentado en la solidaridad cuya expresión estará en la progresividad y una mayor cobertura de las necesidades básicas de la población.
Para que la solidaridad tenga expresión en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas es necesario que exista un financiamiento que le dé sustentación. En un modelo de Estado social y democrático de derecho, donde se persigue el bienestar de la población, dicha financiación proviene del establecimiento de tributos o incremento de impuestos, especialmente sobre las mayores rentas e ingresos.
La categoría de Estado garante a la que algunos pretenden reducir la discusión sobre el modelo de Estado, tiene más de desconocimiento que de realidad, ya que con un Estado social y democrático de derecho, no solo se tutelan y aseguran de mejor forma los derechos fundamentales si no que se establece un Estado que configura una institucionalidad que tiene la capacidad y el deber de proveer directamente servicios sociales, función que es consustancial a cualquier Estado.
Emilio Oñate es Decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central
