Por Elena Araya.- Ante la decisión de las autoridades sanitarias y educativas de adelantar y extender las vacaciones de invierno se han generado tensiones entre el gobierno y diversos actores del mundo social y político quienes argumentan que las brechas de los aprendizajes como consecuencia de la pandemia y la desigualdad intrínseca del sistema educativo, terminarán generando más inequidades.
En efecto, un estudio realizado por el Ministerio de Educación y el Banco Mundial (2020) señala que el retraso escolar en las infancias y adolescencias en Latinoamérica es de alrededor de 1,3 años. Sin embargo, al observar la realidad pareciera que son por lo menos dos años de retraso. Considerando este contexto surge la pregunta, ¿qué están haciendo las comunidades escolares para aminorar la brecha de desigualdad e inequidad?
Ante la adversidad, la mayoría del profesorado chileno ha demostrado que compromete todos sus esfuerzos para diseñar, implementar, evaluar y retroalimentar los contenidos, habilidades y actitudes, intentando crear nuevas estrategias que permitan ir recuperando en la medida de lo posible, la diversidad de capacidades del alumnado, muchas veces “cuesta arriba” debido a las carencias y precariedades afectivas, sociales y económicas de los estudiantes y la familia.
Ahora bien, la reflexión pedagógica en torno a los desafíos contextuales del país basadas en las prácticas de formación inicial docente, donde los futuros profesores se aproximan a experiencias laborales, nos permite -tanto a docentes que hacemos tutorías, como practicantes- tener experiencias in situ de la real situación que están viviendo las escuelas del país, niños y niñas que viven en la vulnerabilidad y que asisten a clases ni siquiera con un vestuario adecuado para afrontar las bajas temperaturas.
Muchos establecimientos no cuentan con la infraestructura ni la mantención adecuada, algo que se evidencia más aún en aquellas aulas numerosas sin existencia de climatización, frías y con mala ventilación, sumado a esto un ausentismo importante del cuerpo docente, fundamentalmente por contagios de enfermedades respiratorias y estrés. Ante esto, el estudiante en práctica es un gran apoyo para abordar la problemática. Esta realidad que observamos constantemente y sus experiencias, es el mejor argumento que tenemos para adherir a la determinación tomada por las autoridades de salud y educación del Gobierno.
Sin duda, las condiciones no están dadas para controlar los focos de contagios en las escuelas y liceos del país, menos aun teniendo en cuenta que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que el Estado debe dar garantías de protección de la salud física y mental, algo que históricamente en Chile está al debe, fundamentalmente porque estamos regidos por una Constitución incoherente con este deber.
Elena Araya Ulloa es docente de Pedagogía en Educación General Básica en la Universidad Central
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