Por Emilio Oñate Vera.- En los últimos días voces de distintos sectores han criticado el trabajo realizado por la Convención Constitucional (CC). Críticas que han tenido como aliciente las mediáticas discusiones y desacuerdos públicos suscitados entre los propios constituyentes, corpóreos y controversias derivadas de los gastos, asignaciones y uso de vehículos para el traslado de los Convencionales. Todo esto en las cinco semanas desde su instalación (leyó bien, 5 semanas desde que los Convencionales Constituyentes se instalaron), lo que ha sido intensamente expuesto en redes sociales y medios de comunicación.
Al mismo tiempo, aunque con bastante menor cobertura mediática, la CC ha elegido una presidenta representante de Pueblos Originarios, vicepresidente constitucionalista y siete vicepresidencias más, que representan distintos sectores y sensibilidades. Además, ha constituido ocho comisiones provisorias con sus respectivos coordinadores: Reglamento; Ética; Presupuestos; Comisión de Participación y Consulta Indígena; Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición; Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial; Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; y Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia. Cada una de estas comisiones ha convocado a audiencias públicas en las que han recibido sugerencias y propuestas desde distintos sectores de la sociedad civil.
Aprobaron las normas básicas para su funcionamiento provisional con estándares de paridad de género y se determinó también un plazo de treinta días para que las comisiones evacúen sus propuestas al Pleno. Por ejemplo, el 19 de agosto la Comisión de Reglamento -en mi opinión la más relevante en esta etapa- presentará sus avances. También se conformó un Comité Externo de Asignaciones, órgano independiente a la CC que velará por la transparencia, probidad y buen uso del presupuesto destinado a asignaciones, las que no constituyen sueldo o remuneración para los Convencionales, sino que son recursos destinados al ejercicio propio de su función, tales como asesorías, viajes, traslados y viáticos (en el caso de estos últimos, si no son utilizados deben ser devueltos).
Es verdad que han existido episodios parafernálicos y poco republicanos entre algunos Constituyentes, pero son muy reducidos en comparación con la enorme tarea a la que se han abocado la inmensa mayoría de ellos: generar una nueva institucionalidad, una estructura reglamentaria provisoria y operativa que les permita desarrollar adecuadamente su única pero trascendental función, aprobar y proponer una nueva Constitución al país.
Se vislumbra cierto interés de algunos sectores en destacar lo negativo y la supuesta falta de avance en la elaboración del nuevo texto constitucional, comentarios que parecen olvidar que las y los 155 Convencionales asumieron sus funciones sin una estructura institucional que los acogiera o les diera el soporte suficiente para desarrollar su tarea, es en este contexto en el que también parece propicio recordar esa celebre frase, “Dejad que los perros ladren… que es señal de que avanzamos”.
Emilio Oñate es abogado, magíster en Gerencia y Políticas Públicas. Decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central.
