Por Gonzalo Martner.- La clave está en que hasta agosto, cuando la vacunación haya probablemente permitido hacer declinar la pandemia a niveles que permitan un mayor nivel de actividad con seguridad sanitaria, las familias puedan disponer de ingresos de apoyo significativo, lo que venimos reclamando desde marzo de 2020.
La agenda que negocia una parte de la oposición tiene cuatro puntos: renta básica, ayuda a las pymes, medidas sanitarias y financiamiento. En el primero, que es el decisivo en el corto plazo porque mantiene activa la demanda interna entre otros agentes para las pymes, se plantea una renta básica por miembro del hogar de $229.061, para 6,69 millones de familias que integran el Registro Social de Hogares, con un costo mensual de 1,6 mil millones adicionales a los 2,05 millones de dólares previstos, por cuatro meses, sumando un 4,8% del PIB estimado para 2021.
Esta cifra es alta si se prolongara en el tiempo sin reforma tributaria (que debe incluir royalty minero, impuesto a los super ricos, desintegración del impuesto a las utilidades y a la renta de las personas, eliminación de exenciones, impuesto a las transacciones bursátiles, aumento de las tasas altas del impuesto a la renta personal, integrar el impuesto a la herencia al impuesto a la renta, terminar con el tope de la patente industrial y comercial, temas que difícilmente va a aceptar este gobierno). Esto podría elevar el déficit fiscal de modo insostenible para el gobierno que se inicia en marzo próximo.
Un apoyo de 150 mil pesos por persona para 13 millones de personas costaría un 0,9% del PIB mensual y podría aplicarse con el soporte del RSH entre junio y agosto, lo que está en el marco de lo financiable con los excedentes del cobre de este año. Esta medida podría ser legislada de inmediato.
Gonzalo Martner es economista y Director del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile.