Una devolución en 156 cuotas para que las Isapres puedan saldar el cobro abusivo a sus miles de afiliados, termina no sólo garantizando la existencia de las aseguradoras sino también legitimando el abuso.
Por Juan Medina Torres.- Durante los primeros meses de este año se discutió la famosa ley corta, que fue ratificada por la Cámara de Diputados en Mayo, con 122 votos a favor. Así se concretó el sistema mediante el cual las Isapres debían devolver los cobros indebidos a sus afiliados, dando cumplimiento al fallo de la Corte Suprema sobre la materia.
En los últimos días se informó que las instituciones de salud previsional pueden restituir los cobros en exceso en hasta 156 cuotas, o sea, trece años sin que la deuda sufra reajustes. Esto es una burla para los afiliados y demuestra que la ley estuvo mal hecha.
El exceso de tiempo permitido le permite a las Isapres devolver dichos cobros indebidos en cuotas que en, algunos casos, son menores a mil pesos, lo cual evidentemente provoca frustración en los afiliados, considerando que la legislación les permitió un alza extraordinaria en los planes, que se concretó en noviembre y que en algunos casos llegó hasta los $42.000.
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Es decir, además esta “solución” logró legalizar los cobros abusivos. Asimismo, se conoce que con la nueva norma se acaban los excedentes, que por muchos eran utilizados para pagar atenciones o medicamentos.
Evidentemente los afiliados consideran esto una burla y, lo peor es que hay que tragarse la frustración porque todo está avalado por una ley. Se responsabiliza a la clase política que permitió esta burla.
¿Que dijeron algunos diputados cuando aprobaron esta ley?
Eric Aedo (DC) señaló que la aprobación de la ley corta no representaba un “salvataje” a las aseguradoras, sino que “es darle una respuesta certera a la gente que es parte del sistema de salud privado”.
El diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien integró la comisión mixta, calificó la votación como “una muy buena noticia y también logramos un acuerdo en materia de Isapres, donde finalmente logramos equilibrar, por un lado, que el fallo de la Corte Suprema se cumpliera en los tiempos y en las características mandatadas por este máximo órgano jurisdiccional, que se devuelvan los montos cobrados en exceso a los afiliados y que a la vez el sistema no tenga una debacle que perjudique al conjunto de los pacientes que están en el sistema de salud, tanto del sector privado como del sector público”, subrayó.
Por su parte, el diputado Stephan Schubert (IND-Rep) opinó que “esta ley no satisface a nadie, pero era necesaria. Era un acto republicano para permitir que el sistema no cayera y que otorgara ciertas facilidades para que tuviera continuidad. Tenemos un sistema mixto, público-privado, y era necesario mantener el sistema actual”.
Igualmente, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), declaró que “primó la sensatez y el sentido común. Era necesario dar cumplimiento a los fallos judiciales, sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema privado de salud. Se puso a los chilenos como única prioridad”.
La jefa de la bancada de RN, Ximena Ossandón, puntualizó que “estamos estabilizando el sistema de salud en general, que fue muy importante cuando trabajó unido público-privado contra la pandemia del Covid. Y no sólo estamos estabilizando este sistema de salud, sino que además estamos protegiendo al gobierno. Si la salud cae, el gobierno tambalea, cosa que tampoco vale la pena”
Sin embargo, hoy la realidad nos indica lo contrario. Y ¿qué haremos?
