Por José Miguel Infante Sazo.- “No hay ningún viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige”, recordaba Séneca, filósofo, político y escritor romano. Esta reflexión cobra vigencia frente al proyecto de ley impulsado por un grupo de senadores, cuyo propósito es establecer persecución penal tanto para quienes filtran información como para quienes la divulgan. La iniciativa ya ha sido bautizada como la “Ley Mordaza 2.0”.
A semanas de iniciar su trámite legislativo —que ha contado con la participación de representantes de la prensa— el proyecto genera sospechas y reparos. Está sustentado en un enfoque punitivo hacia el “mensajero”, es decir, el periodismo, cuando el peso de la justicia debiese recaer en los “habilitados”: quienes tienen la responsabilidad de custodiar la información de los procesos judiciales.
La Federación de Medios —que agrupa a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL)— ha manifestado su preocupación, advirtiendo que esta iniciativa pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado. A ello se suma el Colegio de Periodistas, que ha calificado la propuesta como antidemocrática.
Aunque se reconoce la buena fe de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), resultan cuestionables los argumentos que justifican el Boletín 17.484-07. Se plantea una tensión entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes, y la libertad de información, la transparencia y la publicidad del proceso penal. Aunque la preocupación es comprensible, este enfoque pone en juego un bien superior: los principios democráticos, sustentados en un ejercicio libre e independiente de la prensa.
La historia reciente de Chile demuestra que casos de corrupción y abusos de poder han sido revelados gracias al periodismo, cumpliendo su rol ético al servicio de la verdad. El fallecido periodista estadounidense Ken Dermota, del Centro de Periodistas de Washington, sostenía que la opacidad informativa se combate exponiendo las situaciones ocultas, que de no ser reveladas se convierten en un cáncer social.
Frente al avance del narcotráfico, que ya permea instituciones chilenas, se requiere una postura firme. Así lo demostró con su vida Guillermo Cano, director del diario El Espectador de Colombia, asesinado por sicarios del cartel de Medellín por denunciar el crimen organizado.
Por ello, los avances logrados en Chile en materia de transparencia —como la reforma procesal penal implementada desde el año 2000— deben ser preservados, especialmente en temas de interés público. El ejercicio libre del periodismo es la mejor compañía que pueden tener las instituciones para asegurar una sociedad sana, sin opacidad.
Olvidar el rumbo en el camino hacia una democracia más transparente es peligroso e insano. Confiando en la buena fe de nuestros legisladores, esperamos que el viento les sea favorable y lleguen a buen puerto, por el bien de Chile.
José Miguel Infante es Director de carrera de Periodismo, U.Central
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