Por Miguel Mendoza Jorquera.- Hay algo profundamente irritante en la discusión económica chilena: nuestros economistas suelen descubrir la realidad cuando ya no cuesta nada reconocerla.
Durante años defendieron reformas con una seguridad casi religiosa, como si el crecimiento estuviera garantizado por decreto, como si la inversión fuese un capricho empresarial y como si el Fisco pudiera gastar eternamente sobre la base de una riqueza que ya comenzaba a agotarse.
Hoy, más de una década después, algunos de esos mismos protagonistas admiten lo evidente. Andrea Repetto y Alejandro Micco, vinculados al diseño económico del segundo gobierno de Michelle Bachelet, realizaron una autocrítica respecto de la reforma tributaria de 2014.
Ambos reconocieron que el diagnóstico económico de entonces sobreestimó la holgura fiscal y el crecimiento, impulsado por el espejismo del boom del cobre. En términos simples: diseñaron una reforma permanente sobre una ilusión transitoria.
Los números son más duros que cualquier consigna. Entre 2010 y 2013, antes de la reforma Bachelet-Arenas, Chile creció en torno al 5,4% anual. Desde 2014, el país entró en otra velocidad: menor crecimiento, menor inversión, menor productividad y una política incapaz de asumir que el ciclo había cambiado.
El propio Ministerio de Hacienda ha reconocido que entre 2014 y 2022 el crecimiento promedio anual del PIB fue de apenas 2,2%. Eso no fue un simple bache. Fue un cambio de régimen económico. Sería intelectualmente flojo atribuir toda la desaceleración a una sola reforma. No fue así.
También incidieron el fin del súper ciclo minero, el envejecimiento demográfico, la permisología, la incertidumbre política y el deterioro de expectativas. Pero sería igualmente falso negar que la reforma de 2014 complejizó innecesariamente el sistema tributario, golpeó la confianza e instaló una señal perjudicial: el Estado podía asumir compromisos permanentes mientras la economía perdía dinamismo.
Ese fue el pecado original: confundir holgura fiscal con riqueza estructural. Creyeron que la recaudación llegaría, que la inversión se adaptaría, que el cobre seguiría financiando la cuenta y que la confianza era un detalle secundario.
La economía real no funciona como una planilla Excel donde se aumenta una celda de impuestos y automáticamente aparece otra llena de justicia social.
El riesgo de repetir el error
Ahora la historia amenaza con repetirse desde la vereda contraria. El ministro Jorge Quiroz propone el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social. El diagnóstico de fondo es correcto: Chile necesita recuperar inversión, empleo formal y productividad.
El plan contempla:
La idea, en abstracto, no es absurda. Chile castiga excesivamente la inversión y luego se sorprende de que esta no llegue. Pero una buena intención no transforma una mala aritmética en política pública responsable.
El Consejo Fiscal Autónomo fue categórico: el proyecto tiene costos ciertos y beneficios inciertos. Sin considerar el efecto de mayor crecimiento, el deterioro fiscal alcanzaría 0,71% del PIB en 2030 y 0,43% en 2050.
La advertencia es simple: la cuenta no está cerrada. El FMI tampoco compró el entusiasmo completo. Proyecta que Chile crecería 2,2% en 2026 y 2,5% en 2027. Valora las medidas proinversión, pero advierte que sus beneficios pueden estar sobreestimados y que serán necesarios esfuerzos adicionales de consolidación fiscal.
Ese es el punto. Chile no puede reemplazar un dogma por otro. Antes se creyó que subir impuestos no generaba costos relevantes sobre inversión y crecimiento. Ahora algunos pretenden creer que bajar impuestos se financia automáticamente con crecimiento futuro. Ambas posiciones son peligrosas. Una por estatismo ingenuo. La otra por voluntarismo fiscal.
La pieza olvidada: el Servicio de Impuestos Internos
Hay una variable que casi nadie quiere poner sobre la mesa: el rol del Servicio de Impuestos Internos. Si todos debemos pagar impuestos, entonces el debate no puede limitarse a subir o bajar tasas. También hay que recaudar bien, fiscalizar en serio y cerrar espacios de evasión y elusión.
Los datos son incómodos. Un informe del SII estimó que, entre 2018 y 2020, la brecha total de cumplimiento tributario en IVA e impuesto corporativo alcanzó en promedio 6,5% del PIB. La brecha del IVA equivalió a 1,8% del PIB. La del impuesto corporativo alcanzó 4,7% del PIB, con una tasa de incumplimiento promedio de 51,4%. Traducido al castellano simple: más de la mitad del impuesto de primera categoría que deberían pagar las empresas no se recauda efectivamente.
Antes de exigir más sacrificios al contribuyente formal, al trabajador, a la pyme o al asalariado que no puede esconder su sueldo tras una sociedad instrumental, el Estado tiene una obligación básica: fiscalizar a quienes sí cuentan con estructuras sofisticadas para desplazar artificialmente la carga tributaria.
En países institucionalmente serios, el delito tributario no se resuelve con cursos de ética. Se sanciona.
El símbolo Penta
Chile conoce demasiado bien esta caricatura. En el Caso Penta, las condenas a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín quedaron asociadas en la memoria pública a multas, libertad vigilada y clases de ética. Ese episodio se transformó en símbolo de una justicia tributaria asimétrica. El mensaje fue devastador: para algunos, el incumplimiento tributario parece error administrativo; para otros, persecución inmediata.
Por eso el ministro Quiroz no puede hablar solo de rebajas tributarias, atracción de inversión y ordenamiento del gasto. También debe hablar de fiscalización efectiva, evasión, elusión y sanción real. Porque cuando el sistema tributario pierde legitimidad, los impuestos dejan de percibirse como deber republicano y comienzan a verse como una estafa institucionalizada.
Gobernar por decreto no es gobernar
El problema del plan de Quiroz no es únicamente fiscal. También es político. Que el propio Quiroz y el Presidente José Antonio Kast sugieran que, si la ley no avanza en el Congreso, el Gobierno podría avanzar mediante decretos, constituye una torpeza institucional considerable.
Una cosa es ejercer atribuciones administrativas legítimas. Otra muy distinta es insinuar que una reforma tributaria, laboral o económica puede reemplazar el trámite legislativo. La Constitución no es decorativa. El Congreso no es una oficina de partes. Gobernar no consiste en imponer.
Oposición o sabotaje
Pero la inmadurez no habita una sola trinchera. Desde la oposición, el diputado Jaime Araya defendió un “tsunami de indicaciones” al proyecto. Tiene pleno derecho —y deber— de revisar una ley miscelánea de largo alcance.
Sin embargo, si la estrategia deja de buscar correcciones reales y se convierte en un mecanismo de bloqueo, ya no estamos frente a oposición republicana. Estamos ante obstruccionismo. La paradoja chilena es esta: unos fantasean con gobernar por decreto; otros, con bloquear por saturación procedimental. Ambos se equivocan. Las leyes se persuaden, se negocian, se corrigen y se votan.
La enfermedad del dogmatismo económico
La crítica de Stephanie Griffith-Jones respecto del riesgo de abrir un hoyo fiscal puede ser razonable. El problema no es su advertencia. El problema es la coherencia histórica. La misma prudencia debió exigirse en 2014. Pero buena parte de la economía progresista prefirió tratar aquella reforma como causa moral antes que como problema económico.
Eso tiene nombre: dogmatismo económico. Y es peligroso. Chile está enfermo de economistas dogmáticos. Unos creen que todo gasto social es inversión. Otros, que todo recorte tributario genera crecimiento. Unos santifican al Estado. Otros santifican al mercado. Entre ambos han convertido la economía en una disputa entre parroquias.
Lo que sí necesita Chile
La salida seria es menos vistosa y mucho más exigente:
Si se baja el impuesto corporativo, debe explicarse cómo se financia. Si se subsidia empleo, debe probarse que crea empleo nuevo. Si se promete crecimiento, deben presentarse escenarios conservadores. Y si se exige que todos paguen, también debe exigirse que el Estado gaste bien.
La lección de doce años
La lección es brutal: Chile no perdió dinamismo por mala suerte. Lo perdió porque confundió riqueza transitoria con capacidad permanente. Crecimiento pasado con crecimiento futuro. Justicia social con voluntarismo fiscal.
El cobre no era eterno. La holgura fiscal no era infinita. La inversión no era un capricho de la élite. El SII no puede ser decorativo. Y el crecimiento no estaba comprado. Chile no necesita otra reforma escrita desde la fe. Necesita una escrita desde la evidencia. Menos consignas. Más aritmética. Menos superioridad moral. Más responsabilidad fiscal. Menos clases de ética para delitos de cuello y corbata. Más Estado serio para recaudar, gastar y sancionar correctamente. Menos economistas que aciertan doce años tarde. Más realistas capaces de advertir el error antes de que el país vuelva a perder otra década.
Miguel Mendoza Jorquera – MBA
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