Por Comisión de Discapacidad, Convergencia Social.- Según los resultados del II Estudio Nacional de la Discapacidad realizado en 2015, una de cada cuatro mujeres residentes en Chile presentaba algún tipo de discapacidad, ya sea leve, moderada o severa, alcanzando cerca de 1,7 millones de personas. Esto contrasta fuertemente con los hombres, en que la condición de discapacidad alcanzó sólo un 14,8% de la población.
Además de haber más mujeres que hombres con discapacidad, se constatan importantes brechas de género al comparar ambos grupos. Es así como, por ejemplo, al año 2020, del total de contratos vigentes por la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, solo un 36,7% correspondió a mujeres.
Las mujeres con discapacidad experimentan, a lo menos, una doble condición de opresión en atención a su género y a la discapacidad propiamente tal, y a esto se pueden sumar otros factores como la edad, origen, la condición socioeconómica, la nacionalidad, lo que genera distintos lugares de opresión y un mayor riesgo de ser vulneradas en sus derechos y/o ser víctimas de algún tipo de violencia.
Niñas y mujeres con discapacidad son una población a la que el Estado no ha dado respuesta, pues la elaboración e implementación de políticas públicas no sólo tienen un mínimo enfoque de género, sino que ni siquiera han sido diseñadas desde la accesibilidad universal, por ende no consideran los apoyos y/o ajustes que necesitan para que ellas puedan estar en igualdad de condiciones que las demás.
Por lo que para disminuir la brecha entre hombres y mujeres es necesario avanzar de manera transversal en múltiples áreas como; educación, salud, justicia, trabajo, etc. considerando un enfoque inclusivo.
En materias de salud hoy, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad no están garantizados ni en sus niveles más mínimos, ya que no acceden a información y/o tratamientos de anticoncepción en igualdad de condiciones, un ejemplo es que las mujeres sordas no cuentan con intérprete en LSCH en los servicios de salud ni existen apoyos ni ajustes razonables para quienes presentan discapacidad intelectual. Incluso, quienes son madres con discapacidad, enfrentan prejuicios, cuestionamientos y riesgos a su maternidad por el solo hecho de vivir con esta condición.
